El crimen organizado convierte España en un basurero de Europa

La basura es un negocio millonario. La recogida, el transporte y la eliminación de residuos están regulados por directivas europeas europeas incorporadas a la legislación española desde el año 2000. La compleja normativa hace que para obtener los contratos públicos de gestión de residuos se requiera una gran estructura empresarial y logística, lo que, a su vez, implica una gran inversión. Deshacerse de los restos de la actividad económica y doméstica, especialmente aquellos más contaminantes o nocivos (uralitas, materiales de construcción, electrodomésticos...), ha sido un campo abonado para la picaresca, según los investigadores de la Guardia Civil. Recientemente, el instituto armado ha constatado la actuación de organizaciones criminales que trasladan toneladas de residuos urbanos desde otros puntos de Europa a España. Grandes mafias dedicadas a gestionar de manera fraudulenta la basura para lucrarse, como ha ocurrido tradicionalmente en algunas zonas de Italia, retratadas por Roberto Saviano en su libro Gomorra.

Una de las claves de este negocio radica en los sellos o códigos que certifican las características de los residuos y que permiten que la basura pueda cruzar las fronteras sin problemas. Las empresas capacitadas para poner algunos de esos códigos —que informan de lo que contienen, sea verdad o no, los millones de camiones que atraviesan Europa cada año con todo tipo de desechos— tienen un gran poder, poco visible para la sociedad, que prefiere vivir de espaldas a las montañas de basura que genera. Recientes operaciones policiales han puesto de relieve que las organizaciones criminales aprovechan los insuficientes controles -y también, muchas veces, la ignorancia de los controladores- para colar en España toneladas prensadas de residuos. Cuando los investigadores han hurgado en esas basuras han descubierto que, en su mayoría, vienen de Italia y del sur de Francia.

El comercio de residuos, regulado globalmente por el Convenio de Basilea, es legal y está sometido a una serie de condiciones para preservar el medioambiente y la salud. Sin embargo, si se cometen irregularidades, poniendo sellos que no responden a los materiales que se transportan o no sometiendo esos materiales a los tratamientos preceptivos (“valorizaciones”) para deshacerse de ellos —que son las principales formas de fraude, según los investigadores-, puede convertirse en un negocio tan lucrativo como peligroso.

El documental Insostenible, rere la brossa (“Insostenible, tras la basura”, en catalán), emitido en TV3 en 2023, permite hacerse una idea de los tejemanejes. Señala que la gestión de residuos, solo en Cataluña, mueve 10.000 millones de euros al año y da trabajo a 40.000 personas, al mismo tiempo que muestra el crecimiento exponencial de las importaciones de basuras que entran por el puerto de Tarragona procedentes de Italia. Según sus datos, en 2022 ya se importaban 460.000 toneladas de residuos desde el país transalpino (400.000 más que en 2018). Y para dimensionar el sector, la última memoria anual de generación y gestión de residuos publicada por el Ministerio de Transición Ecológica —correspondiente a 2020— dice que en España se recogieron en ese año 22 millones de toneladas de residuos urbanos. Estudios financieros hablan de que el tratamiento de los residuos urbanos en España alcanza unas cifras de negocio de 2.050 millones de euros. Y en el caso de los dos millones de toneladas de “residuos peligrosos” que se estima que se manejan en España, movió 1.500 millones de euros en 2022, repartidos entre 150 empresas que daban empleo a 4.000 trabajadores.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con sus últimas operaciones, ha destapado que el crimen organizado está especializándose en el tráfico ilegal de residuos y convirtiendo España en el basurero de Europa. Deshacerse de una tonelada de residuos urbanos cuesta en Francia 250 euros (50 euros de impuestos incluidos), y en España, 40 euros, seis veces menos, según fuentes del instituto armado. Es decir, un camión que transporte 20 toneladas de residuos pagaría en Francia 5.000 euros por gestionarlos; y en España, solo 800. Si a ese amplio margen de ganancias se le añade un tratamiento ilícito de la basura por algunas empresas que se saltan la normativa para ahorrarse cuantiosos costes, España se convierte en un vertedero ideal en el que todos los que participan ganan.

Operación Poubelle

En la Operación Poubelle (basura, en francés), la última desarrollada por la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente), todos los caminos conducían al mismo vertedero, el de residuos industriales (RINZA) de Zaragoza. Los investigadores de la Guardia Civil descubrieron que, por diferentes rutas, y con una media de 20 camiones diarios, transportaban hasta el lugar restos urbanos de regiones del sur de Francia y de Italia, principalmente. “Pasaban camiones por Irún, por La Jonquera, y hacían varias escalas en distintas empresas del sector, en Navarra, en Cataluña y en Aragón”, explica el comandante de la unidad, Carlos Astrain.

Los agentes levantaron y analizaron las sucesivas capas de enterramientos del vertedero y estudiaron el movimiento de camiones hasta comprobar que se estaban depositando restos que no se correspondían con los que debía recibir esa planta de residuos, aunque entrasen con el código autorizado. Los investigadores descubrieron que los gestores usaban “empresas pantalla” para “dificultar la trazabilidad de los materiales transportados”. Según las pesquisas, los camiones pasaban por las instalaciones de estas mercantiles, que les iban cambiando “el sello” a esas mercancías sin realizar los tratamientos correspondientes o, sencillamente, para falsear el contenido del camión.

La conclusión es que una organización formada por ciudadanos franceses y españoles habría obtenido desde 2020 unos beneficios de 16 millones de euros a base de traer residuos de Francia y enterrarlos ilegalmente en Zaragoza. Han sido 22 las personas detenidas en España por estos hechos. Dos de ellos, los responsables de las empresas Ecovert (Ecología y Vertidos Bajo Cinca) y Prewaste. Francia continúa su propia investigación judicial.

“El crimen organizado encuentra un filón en la gestión fraudulenta de residuos, ya que el reproche penal ha sido tradicionalmente una infracción administrativa, una multa que, por alta que fuera, les salía muy a cuenta”, explica el comandante Astrain del UCOMA. “Es ahora cuando estamos acometiendo este fenómeno como crimen organizado, es decir, vamos mucho más allá del delito medioambiental, acusando a los implicados de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, etcétera”, agrega.

El UCOMA comenzó a observar varios fenómenos simultáneos hace algo más de un año. Al analizar el trasiego de camiones por la frontera de Irun, cuando determinaron que de los vehículos interceptados (de manera aleatoria), “uno de cada tres transportaba residuos ilegales”. Ya en julio de 2022 habían realizado la Operación Dechet, cuando detuvieron a nueve personas de una organización criminal dedicada al tráfico de residuos procedentes de Francia y que acababan depositados de manera ilegal en España, concretamente en Girona, Barcelona y Lleida. Entre los implicados había conocidos miembros del crimen organizado de Marsella: “Algunos de ellos con múltiples antecedentes penales”, señalan los investigadores.

Grupos ecologistas y de vecinos afectados han denunciado en muchas ocasiones este tráfico de residuos con destino a España, como por ejemplo en la zona de Fraga y Monegros de Aragón o en el caso del vertedero de residuos peligrosos de Nerva, en Huelva, ubicado a 700 metros del pueblo. Pero, teóricamente, según fuentes del instituto armado, los vertidos asumidos en esa planta de Andalucía “contaban con la autorización de la Administración”. En España las competencias están transferidas y es cada comunidad autónoma la que debe velar por un adecuado tratamiento y eliminación de los residuos.