La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre investigación por los golpes a un muñeco de Sánchez
El ministerio público indagará sobre los hechos denunciados por el PSOE para determinar si hubo incitación a la violencia o quedan amparados por la libertad de expresión
![Muñeco Pedro Sanchez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/D4UL6BBW3FEZ5DNHHWPOIJXBQI.jpg?auth=89e93053fa751d9125e2fc07bbac94fd4cd9e2f722d459361b8094bbc1e21079&width=414)
![José María Brunet](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F8aa2434e-79c0-415a-9ed9-23cee4279efe.png?auth=30f05afc515c65c63b044056d058fad0bdeba439d2e686d2f3d95165afccfb09&width=100&height=100&smart=true)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar penalmente el linchamiento de un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los hechos, ocurridos el pasado 31 de diciembre, fueron denunciados por el PSOE como presuntamente constitutivos del delito de incitación al odio, aunque también contemplaba la posibilidad de que encajaran en los tipos penales de amenazas, desórdenes públicos, injurias graves y manifestación ilegal. Si la Fiscalía comprueba que lo ocurrido supone la conducta descrita por estos delitos presentará querella ante el juzgado de instrucción competente, en principio, el de la propia Audiencia Nacional.
La denuncia fue presentada el pasado día 5 en la Fiscalía General del Estado, cuya Secretaría Técnica estimó que el caso debía quedar en manos de los fiscales de la Audiencia Nacional, a los que corresponderá decidir si lo judicializan por apreciar indicios de delito o no. Hay serias dudas al respecto, favorecidas por la evolución de la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sentencias cada vez más matizadas para ponderar la colisión entre el derecho a la libertad de expresión —que ha amparado la quema de banderas o de fotografías de autoridades— y las acciones que puedan implicar una incitación al odio. El PSOE fue consciente de la existencia de este debate abierto, pero optó por denunciar lo ocurrido precisamente para favorecer la mayor definición de la respuesta penal ante este tipo de conductas, sobre todo por el riesgo que entrañan en cuanto al favorecimiento de la violencia.
En este sentido, la denuncia —firmada por el jefe de los servicios jurídicos del PSOE, Alberto Cachinero— definió los hechos como demostrativos de una campaña de agitación “con tintes violentos”, cuyo objetivo era colocar a dirigentes y militantes socialistas “en la diana”. El escrito estimaba necesario identificar quiénes organizaron el linchamiento figurado del presidente del Gobierno, considerando que el ataque a su persona lo es también a una institución, la presidencia del Ejecutivo. La denuncia señalaba directamente a Vox como el “nexo” que había sido posible detectar en todas las “acciones coordinadas” de este tipo en los últimos meses. Por ello el escrito emplazaba a la Fiscalía a investigar tales posibles “conexiones”, teniendo en cuenta que el apaleamiento del muñeco que representaba a Pedro Sánchez se producía tras una serie de acciones de “hostigamiento” contra el PSOE, asediando su sede federal en la calle Ferraz de Madrid, actos que derivaron en algunos casos en enfrentamientos con la Policía.
Para el PSOE la libertad de expresión no ampara este tipo de conductas. La denuncia subraya la importancia de una respuesta judicial a hechos de la naturaleza de un linchamiento figurado. Optó, sin embargo, por acudir a la Fiscalía, y no por presentar directamente una querella contra personas indeterminadas, en parte para favorecer que sean los fiscales los que, en su función de defensa del “interés público tutelado por la ley”, decidan cuál es la vía más adecuada para obtener la mejor clarificación del sistema legal.
A este respecto la denuncia también afirma que “las expresiones utilizadas y acciones realizadas suponen una agresión ilegítima al honor del PSOE y de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general” del esta formación política. Añade el escrito que aunque la libertad de expresión “tenga un ámbito de acción muy amplio, amparando incluso la crítica más molesta, hiriente o desabrida, en su comunicación o exteriorización no es posible sobrepasar la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado (en este caso, absolutamente desproporcionado y violento)”. La denuncia también subraya que los hechos incluyen “reiteradas actitudes injuriosas respecto del PSOE y su secretario general, pero dan un paso más, utilizando un lenguaje absolutamente sacado de épocas pasadas, (”rojos de mierda”, “feliz 1936″) a las puertas de nuestra sede, que suponen un señalamiento público de un colectivo por razones de carácter ideológico; colocando a este, al PSOE que representa y sus miembros y afilados, en el centro de ataques fruto de ese señalamiento”.
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