La Comunidad Valenciana y Murcia ofrecen asesorar a las empresas ante la idea de Junts de multar a las que no vuelvan a Cataluña

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia darán apoyo jurídico y burocrático a las empresas catalanas que ya tienen su sede o que deseen instalarse en sus respectivos territorios, tras el acuerdo alcanzado entre Junts y el Gobierno para revertir el cambio introducido en la ley de sociedades de capital por el PP en 2017 para facilitar la salida de mercantiles de Cataluña. El presidente valenciano, Carlos Mazón (PP), ha anunciado la creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas sin coste económico y nutrida con la reorganización de efectivos de la Generalitat Valenciana. Por su parte, el dirigente murciano, Fernando López Miras, ha puesto los servicios jurídicos autonómicos a disposición de las firmas que puedan ser sancionadas por no volver a fijar su domicilio social a Cataluña si prospera la petición del partido que lidera Carles Puigdemont durante la negociación con el Ejecutivo de los tres decretos leyes, unas sanciones que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha descartado.

Para Mazón, que ha anunciado la nueva unidad autonómica durante un acto celebrado en la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) de Alicante, “las amenazas” a las empresas que no regresen a Cataluña no son “tolerables”. La medida propuesta por Junts va, a su juicio, “contra la libre circulación de mercancías y trabajadores” y se deben a “un Gobierno que es rehén de un señor que decide sobre España desde Waterloo”, en referencia al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont. Por este motivo, el apoyo “jurídico y burocrático” a las firmas catalanas, “que se concretará en las próximas fechas y no tendrá coste económico” para las arcas de la Generalitat, ayudará a que las firmas se establezcan en un entorno “de no sanción, de no presión y de no amenaza”.

Según datos del Consell valenciano, en la Comunidad Valenciana se establecieron entre 2017 y 2022 un total de 968 empresas de procedencia catalana, aproximadamente el 60% en los dos primeros ejercicios de este recuento, establecido después de la declaración unilateral de independencia del 1-O de 2017.

Por su parte, en la Región de Murcia, López Miras ha asegurado que las sanciones que plantea Junts “son ilegales”, por lo que, si llegan a aprobarse, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma prestarán asesoramiento jurídico y legal a las mercantiles que abandonaron Cataluña para asentarse en Murcia durante el procés. Fuentes del Gobierno murciano cifran en torno a un centenar esas empresas, a las que Miras se ha comprometido a trasladar “toda la fuerza, protección y ayuda” posibles. Además, ha adelantado que los servicios jurídicos murcianos estudiarían posibles recursos a la normativa que apruebe el Gobierno que preside Pedro Sánchez si diera cobertura a esas sanciones. “Si procesalmente hay competencias para que la comunidad autónoma y los servicios jurídicos puedan entrar a defenderlas [a las empresas relocalizadas] directamente en los tribunales, así lo haremos”, ha dicho.

El jefe del ejecutivo murciano se ha comprometido también a poner en marcha un “catálogo” que aglutine las ventajas fiscales y burocráticas que ofrece la Región de Murcia a las empresas que se instalen en su territorio, aunque esta medida no está directamente orientada a la captación de empresas catalanas, sino de cualquier procedencia nacional o internacional, según ha explicado..

El Gobierno ha descartado horas antes de ambas declaraciones que prosperen las sanciones, aunque sí ha aprobado la marcha atrás de la reforma introducida por el PP en 2017. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que la normativa europea “descarta” la posibilidad de establecer restricciones al lugar de establecimiento de las empresas a través de multas y ha insistido en que lo que se va a hacer es “reforzar” la legislación existente, que establece que “la actividad económica o los órganos de dirección coincidan con el domicilio social”.