Servini exige a España que le informe sobre si persiguió a los asesinos de la ultraderecha durante la Transición

La jueza argentina María Romilda Servini reclama a España que le informe de manera “muy urgente” sobre las medidas que se adoptaron durante la Transición para combatir a los grupos de ultraderecha que protagonizaron numerosos asesinatos y las órdenes dadas a las fuerzas de orden público para reprimir a los manifestantes que apoyaban la amnistía y la instauración de la democracia.

La iniciativa de la magistrada tiene lugar después de que una investigación de EL PAÍS desvelara el paradero en Buenos Aires de Juan Ignacio Fernández Guaza, el asesino del estudiante Arturo Ruiz, muerto por los disparos del ultraderechista cuando asistía a una de esas concentraciones en 1977.

El pasado 24 de noviembre Servini ordenó su búsqueda tras la publicación de fotografías de Fernández Guaza en su refugio, en Ingeniero Maschwitz, un municipio a 45 kilómetros de Buenos Aires de 15.000 habitantes. Y esgrimió que ha podido cometer los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documento público, tal y como el ultra confesó durante una entrevista a este periódico. La causa judicial contra Fernández Guaza, de 76 años, se sobreseyó en España en 2000 al llevar varias décadas desaparecido. El pistolero que asesinó a Arturo Ruiz nunca se sentó en el banquillo de los acusados ya que se fugó de España tras cometer su crimen.

Preguntas sin respuesta

La iniciativa de la jueza no es nueva. En el marco de la querella presentada en Argentina contra el exministro Rodolfo Martín Villa por crímenes durante el franquismo, causa archivada, Servini remitió en 2022 una comisión rogatoria (solicitud de auxilio judicial) con similares peticiones a las autoridades españolas. No ha sido respondida. Ahora, en el marco de la nueva investigación sobre el asesinato de Arturo Ruiz, la jueza reclama una respuesta a todas sus preguntas en un oficio fechado el pasado día 26.

La responsable del juzgado bonaerense centra su petición en los años 1976-1978, los más trágicos, y pregunta si se restringió o no el uso de armas en la disolución de las manifestaciones, el número de procesos judiciales celebrados contra ultraderechistas por muerte o lesiones graves, las víctimas mortales que causaron estas actuaciones, las directrices de los gobernadores civiles o el texto integro del manual policial en el que se señalaba que “la represión no alcanza su fin si era blanda, se debe actuar dura y enérgicamente empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas”.

Célebre por su participación en las causas más relevantes de Argentina, como la defensa de la expresidenta Isabel Perón, la octogenaria jueza Servini exhorta, también, a la Audiencia Nacional a que le informe del estado actual del caso de Arturo Ruiz y si existe alguna posibilidad de recurso a la última decisión de este organismo judicial.

La Sección Primera de la Audiencia Nacional desestimó el pasado septiembre reabrir la investigación al rechazar un recurso de súplica de los familiares de Ruiz. El texto apelaba a la Ley de Memoria Democrática, que obliga a indagar los crímenes del franquismo. Los jueces consideraron que, aunque el caso se siguió por terrorismo y tenencia ilícita de armas, los hechos habían prescrito y no podían enmarcarse en la citada norma. A su juicio no existía conexión entre el asesino y la dictadura.

La resolución contó con un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que defendió que Fernández Guaza integraba un grupo criminal conectado con las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estertores del Franquismo, que tenía por objeto obstaculizar la Transición y recurría a la violencia para sembrar el terror. Esta resolución se dictó semanas antes de que este periódico localizara al fugitivo en Buenos Aires y este confesara que trabajó para la Guardia Civil y participó en la guerra sucia contra ETA.

Arresto y testigos

La defensa de la familia de la víctima, representada por el abogado argentino Duilio Jorge Ramírez, ha pedido el arresto de Fernández Guaza y la toma de declaración como testigos de los dos periodistas de EL PAÍS que entrevistaron al asesino. En su oficio, Servini pide al letrado que le remita las preguntas que desea formular a los reporteros.

El letrado Ramírez interpreta que la juez intenta obtener de las autoridades españolas una respuesta “para definir si cataloga o no a los crímenes de la Transición como casos de Lesa Humanidad y si el Estado ha desplegado acciones concretas para la identificación, juicio y aprehensión de los ultraderechistas que actuaron a sus anchas en esos años”. “Son momentos de definiciones judiciales y políticas bisagra o la impunidad seguirá reinando”, afirma en conversación telefónica el abogado de la familia.