Canarias urge al Gobierno el cambio de la ley para resolver el reparto de menores extranjeros

El Gobierno de Canarias quiere acelerar lo máximo posible las reformas legislativas para cambiar el modelo de acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España. La ley dicta que la atención y tutela de menores —extranjeros o no— corresponde a las comunidades autónomas, pero hace ya cinco años que las regiones que más niños y adolescentes reciben se rebelan contra un sistema que las obliga a acoger una cantidad desproporcionada de menores en comparación con otras. Desde hace unos años, Canarias lidera esa reivindicación, y en los últimos meses con más fuerza: el archipiélago es el destino del 70% del todas las entradas irregulares y acoge ya a casi 4.400 niños. “Necesitamos que el cambio sea rápido. Hay que despejar el camino sobre la modificación legal que se va a hacer, aunque luego los trámites sean más lentos”, explica a EL PAÍS el presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. “En las condiciones actuales no podemos garantizar un proyecto de vida a esos menores. No podemos ni escolarizarlos”.

Clavijo se ha reunido este martes en Santa Cruz de Tenerife con la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y ha insistido en la urgencia de estos cambios legislativos. Lo hizo con una promesa ya sobre la mesa. La modificación legal (sin que se especificase cuál) para resolver el reparto de los menores migrantes fue uno de los compromisos asumidos por el PSOE con Coalición Canaria para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo decía textualmente: “Iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan”. La ministra, por su parte, dijo a los periodistas: “El Gobierno cumple lo que firma”. Pero el camino, explorado repetidas veces en los últimos años, no es sencillo.

Las iniciativas para mejorar la atención a los niños migrantes se han sucedido a lo largo de los años con escaso éxito. Lo máximo que se ha logrado en el último lustro ha sido un Plan de Respuesta en el que las comunidades autónomas se han comprometido a repartirse 400 menores llegados a Ceuta y Canarias en 2022 y 2023. “Es insuficiente”, según ha lamentado Clavijo en varias ocasiones, pero un hito si se tiene en cuenta que las comunidades autónomas siempre se han mostrado reticentes a asumir la acogida de menores extranjeros llegados a otros territorios. En ese reparto, en el que se tuvo en cuenta la población, el desempleo o el número de menores ya acogidos, La Rioja, por ejemplo, aceptó 36 menores; Galicia, 35; Cataluña y Madrid, otros 30 niños; Andalucía, 28 y Castilla y León, 28. La que menos asumió fue Navarra, a la que le correspondió un cupo de 15 menores.

La legislación vigente determina que las comunidades autónomas tienen la competencia en la protección de la infancia. Esto no debería ser un obstáculo para que el sistema de primera acogida de estos niños sea corresponsabilidad de todas las administraciones públicas, incluido el Estado, que puede además colaborar en la financiación. La clave es qué ley o leyes se cambiarán y cómo para abordar esta cuestión. Y no está claro. Tanto la ley de Extranjería, la de Asilo y la de Protección integral de la infancia afectan a este colectivo.

Fuentes del Gobierno de Canarias explican que su equipo jurídico trabaja en una propuesta de modificación legislativa que esperan tener lista el 15 de enero para enviarla a Madrid. La apuesta canaria, en principio, es modificar la Ley de Extranjería, “añadir un artículo en el que se establezca la responsabilidad del Estado” y sacarlo adelante a través de un decreto ley. Fuentes que han trabajado en la protección de menores en diferentes instituciones ven esta alternativa poco viable. “Podría lograrse en marzo”, aspiran en el Ejecutivo regional. Canarias no pretende renunciar a la tutela de los menores que lleguen a su territorio, sino que quiere que el Estado asuma su primera atención y los distribuya por cupos a otras comunidades. También pide más financiación para este asunto.

Nuevo protocolo

Ya en 2019, cuando desde el Observatorio de la Infancia se trabajaba en un nuevo protocolo de atención de los menores extranjeros, se planteaba la posibilidad de crear un nuevo texto normativo para establecer un Estatuto de la infancia y adolescencia migrante. De hecho, una de las medidas que se puso sobre la mesa fue la creación de centros gestionados por el Estado para dar la primera acogida a los menores extranjeros, estudiar su situación y, a partir de ahí, derivarlos de forma equitativa a las diferentes comunidades autónomas. Pero nada de lo que se propuso entonces aquello salió del papel.

Más allá de las modificaciones legislativas y los acuerdos políticos que serán necesarios para llevarlos a cabo, hay una cuestión importante. La Convención sobre los Derechos del Niño deja claro que la condición de inmigrante no puede anteponerse a la de menor, por lo que los niños extranjeros deben gozar de los mismos derechos y protección que cualquier otro niño. Ni Migraciones ni el Ministerio de Juventud e Infancia han aclarado a EL PAÍS las posibilidades legislativas con las que se trabaja para abordar, definitivamente, el problema.