Seis meses del sello PP-Vox en Burgos: de las subidas salariales a políticos a los recortes a la Memoria Histórica

La coalición PP-Vox en Burgos, comandada por la alcaldesa Cristina Ayala (PP), pronto plasmó una de sus primeras polémicas: la salarial. Ayala y su equipo se subieron el sueldo hasta el punto de que la alcaldesa ganará unos 92.000 euros anuales contra los 79.000 de su predecesor, el socialista Daniel de la Rosa. El exregidor inició su mandato en 2019 y, aunque se acordó para él una remuneración de 84.000 euros, optó por mantener la cantidad recibida por su predecesor, del PP: unos 74.000 euros que fueron aumentando al ascender el IPC. Lo puramente ideológico también se acusó en la alianza burgalesa cuando en materia de actos de homenaje a las víctimas de violencia machista, concepto repudiado por Vox. Primero, cuando al poco de confirmarse la alianza no se colocó la bandera LGTBI en el balcón consistorial, al igual que en ciudades de mismo pacto como Valladolid, y en el primer Pleno del Ayuntamiento de la legislatura se cambió una tradición: habitualmente se iniciaban con un minuto de silencio por la “violencia machista”. En cambio, en esta ocasión se hizo “por la violencia familiar”, término que emplea la extrema derecha para negar los casos de violencia específica sobre las mujeres.

Vox se encuentra al frente de las concejalías de Seguridad Ciudadana, Familia y Cultura, materia donde también ha reflejado sus tesis. Una de sus primeras improntas culturales pasó por la supresión de Enclave de calle, un festival de teatro alternativo que tomaba las plazas y vías burgalesas con intérpretes de todo el mundo y muy arraigado en la ciudad. La fijación de los ultras contra la Memoria Histórica se ha traducido en un notable recorte económico para las asociaciones de este ámbito. La coalición ha suprimido de sus presupuestos 40.000 euros para subvenciones de proyectos con esta finalidad bajo el argumento de que la asociación que la recibía desempeñaba trabajos en Estépar, un pueblo a 20 kilómetros de Burgos, y que por ende no le correspondía partida municipal.

Los implicados esgrimen que en esta localidad se produjo un elevado número de fusilamientos durante y después de la Guerra Civil por parte del bando fascista contra los republicanos y que muchos de los muertos eran de la ciudad de Burgos. Anteriores alcaldes del PP sí subvencionaron estas labores para exhumaciones, pruebas de ADN o construcciones de monumentos conmemorativos. Allí constan restos de al menos 96 personas de los 400 represaliados documentados por archivos de la época. La suma total fijada para este colectivo de Memoria ascendía a 25.000 y, a falta de fondos estatales distribuidos por la Junta de Castilla y León (PP-Vox), deja sin recursos a sus participantes.

Los 15.000 euros restantes suprimidos de esta cuestión correspondían a una cátedra universitaria en la Universidad de Burgos, dedicada a la Memoria Democrática. El Ayuntamiento esgrimió que debía ser la Universidad quien sufragara un curso sobre la difusión de la represión sobre las mujeres burgalesas, una exposición sobre las exhumaciones, preparar un libro sobre el callejero burgalés y sus cambios entre República y Franquismo, recordar la vida del escritor local exiliado Eduardo de Ontañón, censar las víctimas de la dictadura y replicar en Burgos la colocación de adoquines conmemorativos para los asesinados. PP y Vox también han eliminado financiación para los sindicatos, uno de los mantras programáticos de la extrema derecha, además de dejar en suspenso los trabajos para elaborar una zona de bajas emisiones en el centro burgalés, una orden de origen europeo y que también se está postergando en otras ciudades donde gobierna esta entente de derechas.