La confesión de un ‘narcolegionario’: “Yo recogí ese hachís y lo introduje en los blindados”

Daniel Sánchez, legionario de profesión, se coloca frente a los tres magistrados del tribunal y toma aire. Tras una década de proceso judicial, sabe que ha llegado un momento clave. Y se prepara para confesar. “Yo recogí ese hachís de un garaje de Melilla y, minutos antes de embarcar, yo lo introduje en esos dos BMR [acrónimo de Blindado Medio sobre Ruedas, unos tanques acorazados]”, admite a preguntas del fiscal. ¿Y quién le dijo que fuera a ese garaje? “Un hombre que me presentaron, que está sentado aquí”, continúa, señalando a Mustafa Hamed, que lo escucha a su espalda, desde el banquillo que comparte con otra decena de acusados de integrar una organización dedicada a introducir droga en la Península desde Melilla. ¿Y quién tenía que sacar después esa mercancía del vehículo? “Eso ya no lo sé. Yo no tenía que sacar nada. Solo introducirlo”, remacha Sánchez.

Estas palabras del militar han resonado este lunes en una sala de vistas de la Audiencia Nacional, donde ha comenzado el juicio contra la presunta red de narcotráfico melillense que consiguió corromper a varios miembros del Ejército y de la Guardia Civil para perpetrar sus crímenes, según concluyó el sumario. Además de esta narcolegionario, entre los acusados destacan otros dos militares, Francisco Javier Padiel y Samir Ahmed Al Lal, imputados por ejecutar y facilitar las operaciones de traslado de droga; y un agente del instituto armado, Alaud Din Ali, que supuestamente “proporcionaba información reservada” a Mohamed Chemlal, alias Haimito, calificado por el ministerio público como uno de los “jefes” que “organizaba” movimientos de esta mercancía prohibida.

La declaración de Daniel Sánchez ha destacado por encima del resto. Ha sido el único que ha admitido su implicación en la trama —aunque ha minimizado su rol y se ha escudado en que atravesaba “malos momentos económicos”—. Pero una pregunta ha sobrevolado la sesión: ¿ha dicho toda la verdad o todo lo que sabe? El fiscal lo pone en duda. Solo ha reconocido que, el 20 de febrero de 2014, ocultó unos 20 kilos de hachís (repartidos en 170 paquetes) en dos BMR del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, que por esas fechas debían embarcar hacia Almería para unas maniobras: “Íbamos a viajar todo el Tercio, alrededor de 500 personas, y también con vehículos militares”. En cambio, Sánchez ha insistido en que no sabe nada de otros 62 kilos de la misma droga que tres días antes se habían encontrado en otro vehículo blindado del cuartel. Una mercancía que el fiscal también le atribuye.

De esta forma, el ministerio público sospecha que el papel de Daniel Sánchez iba más allá de lo que ha confesado, pero que no dejaba de ser una pieza de un engranaje más complejo y que él no lideraba. Según el escrito de acusación, él introdujo hachís en vehículos blindados que embarcaban hacia la Península. Y, al menos en una ocasión, otro militar destinado en Almería debía extraer presuntamente la droga —Francisco Javier Padiel, que se ha negado a declarar este lunes—. Sin embargo, Samir Ahmed Al Lal, cabo primero del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión, era el que ejercía supuestamente de enlace y mantenía contacto con los miembros de la banda: fue quien presentó a Daniel Sánchez y Mustafa Hamed, según ha reconocido, aunque ha dicho que, al hacerlo, no “sabía que iba a pasar lo que pasó” y se ha desvinculado de cualquier operación de narcotráfico.

Por ello, la Fiscalía pide ocho años de prisión para Samir Ahmed; y siete años y tres meses para Daniel Sánchez y Francisco Javier Padiel. También reclama cuatro años de cárcel para el guardia civil Alaud Din Ali, que estaba destinado en labores de seguridad del puerto de Melilla y que este lunes ha negado igualmente su implicación en la trama: “¿Yo quiero que el fiscal me explique qué información he pasado yo? Yo no he pasado ninguna información a nadie”, se ha defendido.

Para el resto de procesados, el fiscal solicita desde 1 hasta casi 14 años de cárcel. El escrito de acusación destaca que, además, se intervino a la trama unos 162 kilos de hachís enviados por mensajería a Canarias; y otros 16 kilos de hachís que iban ocultos en un turismo que el 3 de septiembre de 2013 se disponía a embarcar en el buque Sorolla para emprender camino desde Melilla a Almería.