La jueza argentina Servini pide investigar al asesino de Arturo Ruiz oculto en Buenos Aires

La justicia argentina investigará uno de los crímenes más célebres de la Transición española, el asesinato en Madrid en 1977 del estudiante granadino de 19 años Arturo Ruiz a manos del pistolero ultra español José Ignacio Fernández Guaza. La jueza María Romilda Servini, titular del Juzgado Federal número 1 de la capital argentina, ha dado el primer paso para impulsar las pesquisas después de que una investigación de EL PAÍS localizara el pasado noviembre en Buenos Aires al autor confeso del atentado, que durante 46 años ha vivido con impunidad gracias a una identidad falsa.

La magistrada solicita a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que encargue el rastreo del fugitivo a un juzgado de primera instancia con jurisdicción en Ingeniero Maschwitz, un municipio a 45 kilómetros de Buenos Aires de 15.000 habitantes, donde reside Fernández Guaza, según desveló este diario.

La resolución judicial, fechada el pasado 24 de noviembre, ordena que se indague si el asesino de Ruiz cometió los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documento público, tal y como el ultra confesó a este periódico.

Servini responde así un escrito de la defensa de la familia de la víctima, representada por el abogado Duilio Jorge Ramírez, en el que se incluyen fotocopias de la investigación de este diario con el detalle del paradero del asesino. El letrado pide el arresto de Fernández Guaza y la toma de declaración como testigos de los dos periodistas. “La decisión de la juez es un avance importante. Con las nuevas pruebas presentadas, pedimos que se detenga [a Fernández Guaza] por el asesinato de Arturo que él mismo acaba de confesar”, señala por teléfono el abogado.

La confesión

A sus 76 años, Guaza confesó que se fugó de España en enero de 1977 tras descerrajar dos tiros a bocajarro a Ruiz durante una manifestación en el corazón de Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos, la víspera de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha. Viajó de Irún (Gipuzkoa) a París en coche, donde residió un año antes de volar a Argentina. “La Guardia Civil me dijo que me fuera [de España]”, reconoció este hombre que afirma haberse movido por Latinoamérica mientras se encontraba en busca y captura gracias a una identidad falsa fabricada “por los servicios de seguridad españoles”.

El empujón de la investigación en Argentina contrasta con el estado de las pesquisas en España contra este ultraderechista que carece de DNI en las bases de datos policiales españolas, pese a que sobre él pesaron órdenes internacionales de busca y captura, ya expiradas.

La Sección Primera de la Audiencia Nacional desestimó el pasado septiembre reabrir la investigación al rechazar un recurso de súplica de los familiares de Ruiz. El texto apelaba a la Ley de Memoria Democrática, que obliga a indagar los crímenes del Franquismo. Los jueces consideraron que, aunque el caso se siguió por terrorismo y tenencia ilícita de armas, los hechos habían prescritos y no podían enmarcarse en la citada norma. A juicio de los jueces, no existía conexión entre el asesino y la dictadura. La resolución contó con un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que defendió que Fernández Guaza integraba un grupo criminal conectado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los estertores del Franquismo, que tenía por objeto obstaculizar la Transición y recurría a la violencia para sembrar el terror.

La tesis de De Prada coincide con la revelación posterior del asesino. Fernández Guaza admitió a este diario haber formado parte de un grupo de 15 civiles que mató a terroristas en el sur de Francia a mediados de los setenta por encargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y presumía de haber mantenido relación con funcionarios españoles tras su fuga. “He tenido contacto con gente [de los servicios de información] de España. Ellos sabían que estaba en Argentina con un nombre falso. […] Yo formaba parte de una estructura”, indicó.

“Seguir colaborando”

El ultra desveló, además, que, en 1979, tras aterrizar en el país sudamericano, funcionarios de Presidencia del Gobierno de España con los que había colaborado antes de abandonar Madrid le visitaron en la capital argentina para preguntarle si quería “seguir colaborando”. Y que él se negó en alusión a su presunta participación en grupos que desarrollaban la guerra sucia contra ETA.

El hombre que mató a Ruiz nunca se sentó en el banquillo. Se fugó de España tras el crimen. Y como el Código Penal español, al contrario que en Francia o Italia, impide juzgar en ausencia, se libró de una condena segura. El caso prescribió en 2000 al desconocerse el paradero del fugitivo. Y el emblemático atentado de la Transición se saldó solo con la condena de Jorge Cesarsky, un argentino vinculado a la Triple A que portaba la pistola en la manifestación y que fue sentenciado a seis años de prisión por terrorismo y tenencia ilícita de armas. Cesarsky solo cumplió un año de cárcel.

Célebre por su participación en las causas más relevantes de Argentina, como la defensa como abogada de la expresidenta Isabel Perón, la octogenaria jueza Servini procesó en octubre de 2021 al que fuera ministro de Relaciones Sindicales y Gobernación (Interior) en España tras la muerte de Franco, Rodolfo Martín Villa. La magistrada le atribuyó cuatro homicidios policiales en los años 70 en el marco de la denominada querella argentina sobre la represión franquista. La causa salpicó a siete exaltos cargos de la dictadura y a otras 13 personas -policías y jueces-, que han ido falleciendo. Las pesquisas se basaban en el principio de justicia universal al que recurrió el entonces juez español Baltasar Garzón para detener en Londres en 2003 al exdictador chileno Augusto Pinochet. La justicia argentina revocó en 2021 el procesamiento de Martín Villa por delitos de lesa humanidad.