El fiscal pide al juez que investigue al diputado de Vox Francisco José Alcaraz por okupación de suelo municipal

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Jaén ha elevado al Juzgado decano de Martos la investigación abierta al diputado de Vox Francisco José Alcaraz, por considerar que existen indicios de la comisión de sendos delitos de usurpación de bien inmueble y contra la ordenación del territorio, que el Código Penal castiga con penas de hasta dos y cuatro años de cárcel, respectivamente. Se da la circunstancia de que el primero de estos delitos es el que castiga la okupación ilegal de inmuebles, que el partido ultra pide perseguir con la máxima dureza.

Las diligencias instruidas por la Fiscalía, a raíz de la denuncia de un particular, han concluido que presuntamente Francisco José Alcaraz y varios de sus familiares directos se han apropiado de una parcela propiedad del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén), con una superficie de 3.854 metros cuadrados, clasificada como zona verde, y han procedido “a su división y parcelación en tres lotes o subparcelas sin que conste la existencia de licencia o autorización del Ayuntamiento titular del bien inmueble”.

Sobre dos de estas subparcelas municipales, colindantes con las heredadas por la familia Alcaraz de su padre, se ha procedido, según el atestado instruido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, a la realización de edificaciones y construcciones ilegales. En una de ellas, la hermana de Francisco José Alcaraz levantó en 2018 una estructura metálica de 30 metros cuadrados; mientras que en la otra el propio diputado de Vox construyó en 2007 una piscina de 20 metros cuadrados, a la que sumó en 2018 un porche cubierto de 45 metros y edificaciones y almacenes con estructura metálica por otros 45; además de, ya en 2019, un almacén. “Las edificaciones e instalaciones citadas, realizadas sin licencia urbanística, según informe de la arquitecta municipal, no son legalizables”, subraya la Fiscalía.

El informe al que alude la Fiscalía lo elaboró la arquitecta municipal tras realizar, el 5 de junio pasado, una inspección de la vivienda de Alcaraz acompañada por agentes de la Policía local. La arquitecta hizo constar que fue el diputado de Vox quien le abrió la puerta. “Ya dentro”, prosigue el informe, “se solicitó acceder a la casa prefabricada, así como a las demás construcciones, para su medición y reportaje fotográfico. Se puso impedimentos a la inspección, no pudiéndose realizar la misma en óptimas condiciones, por lo que se decidió abandonar el lugar”.

No obstante, la arquitecta tomó nota de las construcciones ilegales y concluyó que mientras la casa prefabricada llevaría más de seis años colocada sobre urbano residencial, por lo que habría pasado el plazo para que la Administración restablezca la legalidad urbanística; la piscina, los porches y almacenes, construidos sobre zona verde municipal, son ilegalizables y no sujetos al plazo de prescripción de seis años.

Este informe se hizo días antes de que el popular Enrique Castro sustituyera en la alcaldía de Torredonjimeno al socialista Manuel Anguita. La Fiscalía refleja la falta de colaboración del nuevo ayuntamiento del PP, que no contestó al oficio que le remitió el pasado 10 de julio demandándole información sobre las parcelas públicas presuntamente usurpadas ni tampoco cuando se lo reiteró el 21 de septiembre. Ello ha obligado a la fiscal a elevar al juez una investigación aún inconclusa para evitar sobrepasar el plazo de seis meses previsto por ley.

Hermano y tío de tres de las 11 víctimas mortales del atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en 1987, Alcaraz se hizo famoso por su politizada y personalista gestión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre 2004 y 2008. Dio el salto a la política de la mano de Vox en enero de 2019, primero como senador autonómico por Andalucía y luego como diputado. Cuando se presentó la primera denuncia contra Alcaraz, EL PAÍS se puso en contacto con el parlamentario de Vox, quien negó que hubiera ninguna piscina en su vivienda, en contra de lo que sostienen el atestado de la Guardia Civil y el informe de la Fiscalía.