Defensa alega que los militares firmantes del manifiesto golpista no tienen ya relación con el Ejército

Los socios a la izquierda del PSOE reclamaron el viernes a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que tome medidas contra el medio centenar de mandos retirados que llamaron al Ejército a destituir al presidente Pedro Sánchez y dar un golpe de Estado. “Ya está bien de jugar al golpe”, ha señalado a través de la red social X (antes Twitter) el líder de Más País, Íñigo Errejón. “Se deben adoptar medidas contundentes y ejemplares”, enfatizó. Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, advirtió en la misma red social de que la responsabilidad de un hipotético pronunciamiento militar sería de la derecha política, “que construye el argumentario para estos aspirantes a golpistas”. Finalmente, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, afirmó en tono irónico que “seguro que Margarita Robles actúa enérgicamente contra estos golpistas, expulsándolos de la reserva y retirándoles todos los honores militares. Segurísimo”.

El Ministerio de Defensa no ha querido hacer ningún comentario sobre el manifiesto golpista y fuentes de dicho departamento se han limitado a señalar que todos los firmantes son mandos en situación de retiro (equivalente a la jubilación en las Fuerzas Armadas). Por ello, no se les puede aplicar el código disciplinario militar y tienen las mismas libertades que los demás ciudadanos. En casos anteriores similares al actual, Defensa expedientó a los mandos en la reserva, aún sujetos a disciplina militar, pero no a los retirados, exentos ya de la misma. También optó por enviar a la Fiscalía el chat de la XIX, en el que los miembros de dicha promoción de la Academia General del Aire hablaban de “fusilar a 26 millones de españoles”. El Ministerio Público acabó archivando el caso por considerar que se trataba de una conversación de carácter privado.

El Ministerio de Defensa no puede arrestarlos ni sancionarlos, pero sí podría, en teoría, prohibirles el uso del uniforme, ya que, al acompañar su firma del manifiesto golpista de su empleo militar, están vinculando a las Fuerzas Armadas con una opción política y dañando la imagen de neutralidad de la institución. La Ley de la Carrera Militar permite a los jubilados de las Fuerzas Armadas seguir vistiendo el uniforme “en actos militares y sociales solemnes”, asistir a “actos y ceremonias militares” y disponer de tarjeta de identificación, así como presentarse por su empleo militar, acompañado de la letra R, de retirado.

La paradoja radica en que, si un militar en activo hiciera lo que han hecho sus compañeros jubilados, se lo expulsaría del Ejército y no podría volver a vestir un uniforme del que ha dejado de ser digno. Sin embargo, los jubilados, como ya no forman parte del Ejército, no pueden ser expulsados del mismo, ni tampoco se les puede privar del uso del uniforme.

Otra medida sancionadora podrá consistir en echarlos de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en la que ingresan todos los oficiales y suboficiales que hayan cumplido 20 años de servicio y tengan una “conducta intachable”. Protagonizar actos o conductas que supongan descrédito o socaven los valores de las Fuerzas Armadas, como lo es firmar un manifiesto golpista, es motivo suficiente para ser expulsado. Sin embargo, en agosto de 2020 se modificó su reglamento, de forma que los retirados solo pueden ser expulsados si recae sobre ellos una sentencia firme. Es decir, solo en caso de delito y una vez culminado el procedimiento judicial.

Tras la publicación de manifiestos y cartas al Rey de carácter antidemocrático suscritas por militares retirados, Defensa se planteó cambiar el reglamento de la Orden de San Hermenegildo y la Ley de la Carrera Militar para privar del derecho a llevar el uniforme a quienes realicen actos incompatibles con el mismo. Se trataría de una sanción aparentemente menor, sin efectos económicos, pero de un alto valor simbólico. Los militares retirados pueden intervenir en política, pero si lo hacen tienen que guardar el uniforme en el armario y no hacer ostentación del mismo, para evitar que sus opciones personales acaben salpicando a las Fuerzas Armadas, advierten fuentes de la jurisdicción castrense. La reforma, sin embargo, sigue pendiente.