Los fiscales conservadores fuerzan al Consejo Fiscal a pronunciarse sobre la amnistía

En el Consejo Fiscal, el principal órgano asesor del fiscal general del Estado, se va a producir previsiblemente una situación parecida a la que se vivió hace unos días en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando los vocales conservadores forzaron al presidente del órgano a convocar un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la futura ley de amnistía. En esta ocasión, han sido los seis vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y en el Consejo Fiscal, los que han reclamado al fiscal general en funciones, Álvaro García Ortiz, que convoque una reunión extraordinaria para hacer una declaración institucional sobre la proposición de ley presentada por el PSOE. El reglamento establece que el fiscal general tiene que convocar al Consejo si lo piden cuatro o más vocales, y como la reclamación llega suscrita por seis (e incluso se ha adherido a ella el vocal de la Asociación profesional Independiente de Fiscales, APIF), García Ortiz tiene que convocarla.

El movimiento va camino de desembocar en un nuevo pronunciamiento contrario a la amnistía, porque la AF acapara seis de los nueve puestos de vocales electos del Consejo Fiscal. La APIF tiene uno, y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), dos. De este órgano forman también parte el propio fiscal general, la teniente fiscal del Supremo y la jefa de Inspección, pero, aun en el caso de que ellos tres y los dos miembros de la UPF se opusieran a firmar la declaración institucional, esta podría salir adelante con los siete votos que suman la AF y APIF.

El Consejo Fiscal tendría que haber emitido un informe sobre la amnistía si esta se hubiera tramitado como proyecto de ley, pero, al hacerse como proposición de ley, ese trámite no es preceptivo. Como ya ocurrió en el CGPJ, los fiscales conservadores se apoyan en la mayoría que ostentan en el Consejo Fiscal para forzar ese pronunciamiento, que consideran “ineludible” para hacer llegar al Gobierno sus “criterios y observaciones”.

En el escrito que han registrado en la Fiscalía General para exigir la reunión, los vocales de la AF sostienen que la ley de amnistía quiebra “de forma flagrante la separación de poderes al subordinar el Poder Judicial, en que el Ministerio Fiscal se encuentra integrado con autonomía funcional, a la conveniencia y necesidades aritméticas de un futuro Ejecutivo”. Para estos vocales, la futura norma cercena la función de la Fiscalía de “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad”. Además, sostienen que este pronunciamiento “resulta aún más oportuno, atendido que la norma propuesta contempla expresamente la activa intervención del Ministerio Fiscal, al legitimarlo para interesar la aplicación de la amnistía en cualquier fase del proceso penal y recoger el trámite de audiencia al mismo, tanto en procesos penales como en procesos ante el Tribunal de Cuentas”.