PP y Vox, ante su primer debate general de Castilla y León: despoblación, polémicas y leyes paradas

El tándem Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) afronta este martes y miércoles el examen parlamentario de su primer debate sobre política general de Castilla y León. La alianza, pionera en lo autonómico hasta las pasadas elecciones de mayo, lleva año y medio entre polémicas por el discurso ultra de Vox, asimilado por su socio pero sin plasmarse en nuevas normativas. La comunidad sigue perdiendo habitantes pese a tratarse este de un eje del pacto y la despoblación influye indirectamente en los buenos datos de empleo, pues falta población activa para optar a los puestos. Mañueco se ha ladeado cuando Gallardo ha elevado el tono con materias como el aborto, la violencia machista o descalificativos políticos.

La alianza firmó 11 ejes y 32 acciones para fundamentar su mandato, medidas publicadas después de presentar el pacto sin posibilitar preguntas de la prensa. Esos 11 ejes incluían compromisos etéreos entre postulados ideológicos como reivindicar la historia contra “cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”. Vox exigió sustituir el decreto de Memoria Histórica, aprobado por el PP, por un “decreto de concordia” aún por conocer, pues sigue elaborándose mientras los ultras acatan el retraso por verse en un gobierno de coalición. La fórmula de mando permite a ambos desentenderse de su aliado, alegando ser partidos distintos, como esgrime Mañueco para alejarse del ruido de Gallardo y como recalca Vox para justificar la no confirmación de sus planteamientos reaccionarios. El programa garantizaba “servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos”, descenso fiscal aplicado en el IRPF al bajarlo del 9,5% al 9% o en suprimir tasas de caza y pesca para ayudar al medio rural, pero sin grandes novedades en prestación de servicios o infraestructuras.

El comprometido “apoyo a las familias, la natalidad y la lucha contra la despoblación”, con “cheques bebé” incompatibles con desgravaciones por nacimiento, no frena la sangría demográfica: Castilla y León perdió 10.500 residentes desde enero de 2022 a enero de 2023. La comunidad sigue envejeciéndose y los jóvenes abandonan el territorio, factor que los expertos vinculan al descenso del paro, con 20.000 desempleados menos desde la entente PP-Vox.

Ambos prometieron reducir el “gasto institucional superfluo” y suprimir “el gasto público ineficaz”, si bien la Junta gasta más en sueldos públicos que con el PP unido a Ciudadanos, pasada alianza de gobierno. Gallardo, adalid del discurso ultra de Vox, ostenta una vicepresidencia que dedica 1,2 millones de euros en sueldos mientras gestiona 112.000.

Los ultras acosan a los sindicatos, a quienes han reducido financiación y provocado en reducir formación en seguridad o en fomentar el empleo de mujeres víctimas de violencia machista. Suprimir un servicio de mediación laboral les valió un segundo requerimiento amenazador del Ejecutivo central, unido al emitido por promulgar un protocolo antiabortivo finalmente no remitido a los hospitales. Castilla y León también sufrió restricciones generales por relajar el control de la tuberculosis bovina. Su consejero de Agricultura criticó ese celo: “Llevamos muy al extremo la salud pública”.

La violencia de género supone otra brecha entre los aliados, pues Vox no la reconoce e impulsó entre las 32 acciones una “ley de lucha contra la violencia intrafamiliar”, también perdida entre la densidad legislativa. PP y Vox firmaron defender una “inmigración ordenada” aludiendo a “mafias ilegales” pese al déficit demográfico de la comunidad, instalada entre las regiones con menos población extranjera. Asimismo, suscribieron favorecer una educación “libre de adoctrinamiento ideológico” tampoco traducida en nuevas normativas autonómicas. El área de Cultura, manejada por Vox, ha aumentado la financiación para la tauromaquia y ha suprimido festivales o actos culturales lejanos a su ideología mientras reivindica patrimonio franquista.

Las Cortes autonómicas también han acusado los nuevos tiempos políticos. El Parlamento se ha tensionado y ha vivido descalificativos de Gallardo a una procuradora socialista con discapacidad, una peineta de Mañueco durante un pleno, el vicepresidente llamando “imbécil” a su predecesor, Francisco Igea, y la oposición elevando también el tono y el discurso frente a la Junta. El PSOE ha criticado el retraso del debate tres meses respecto a lo previsto por el reglamento de las Cortes, justificado por la Junta para no coincidir con las elecciones y la política nacional.