El Gobierno aprueba la subida salarial de jueces, fiscales y letrados judiciales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida salarial de jueces, fiscales y letrados judiciales, pactada la pasada primavera con las asociaciones profesionales, pero que estaba pendiente de formalizarse. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha confirmado el acuerdo en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete. Ambas subidas estaban comprometidas por el Gobierno, pero los reales decretos que las regulan se quedaron pendientes tras el adelanto electoral del 23 de julio, lo que había llevado a tensar de nuevo las relaciones entre el Ejecutivo y los operadores jurídicos. Los incrementos retributivos acordados con jueces y fiscales alcanzan hasta 450 euros al mes, en función del destino.

La subida salarial de jueces y fiscales, acordada en mayo, tenía carácter inmediato y en octubre estaba previsto que se cobraran, con efectos retroactivos, las cantidades correspondientes a los primeros meses de 2023. “La actualización salarial de judicatura y fiscalía es un triunfo de la negociación, que ha permitido cumplir una previsión legal sin daño para la administración de justicia, puesto que no ha sido necesaria la huelga para alcanzar un acuerdo”, señala en un comunicado difundido este martes Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), una de las seis asociaciones judiciales y fiscales que suscribieron el pacto, del que solo se desmarcó la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora.

La subida salarial se aplicará en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondrá que el Gobierno destine a sus salarios hasta 46,7 millones de euros anuales más que ahora. Los jueces y fiscales verán incrementado el sueldo entre 440 y 450 euros brutos al mes, y aunque el 100% de la subida no se cobrará hasta el 1 de julio de 2024, ambos cuerpos empezarán ya a recibir en sus nóminas un incremento salarial del 40% del total acordado con efecto retroactivo al 1 de enero de 2023. A partir del 1 de enero de 2024 cobrarán ya el 80% del incremento acordado, y desde julio de ese año, el 100%.

Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la mayoría de las asociaciones, la subida media ofertada supone un 7%, que se suma al incremento salarial del 8% pactado para todos los funcionarios públicos para los años 2022, 2023 y 2024, susceptible de alcanzar el 9,5% en función de la inflación. La subida se vincula a la adaptación de ambos cuerpos a las exigencias de las nuevas leyes procesales y la propuesta compromete también al Gobierno a ir negociando en los próximos meses temas que ahora no se han terminado de cerrar, como el aumento de la plantilla de ambas carreras, la carga de trabajo, el incremento de la retribución de guardias, trienios y otros complementos variables.

Dos meses de huelga indefinida

En el caso de los letrados judiciales, el acuerdo se cerró el 28 de marzo, tras dos meses de huelga indefinida que provocaron la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y la retención de 1.500 millones de euros en las cuentas de consignaciones de los tribunales. El incremento salarial será de 430 euros brutos al mes para el 94% de letrados: los beneficiados por un “complemento de eficiencia” en función de sus responsabilidades serán los 3.871 funcionarios que no tienen oficina judicial y los 234 destinados en las unidades procesales de apoyo directo (UPAD). A su vez, la mejora será de 440 euros brutos para los 158 funcionarios que desempeñan su función en los servicios comunes procesales (SCP). Los 116 letrados que ejercen en las secretarías de gobierno, de coordinación provincial y en las direcciones de servicio común percibirán 450 euros brutos.

La oferta que desencalló las negociaciones establece que la retribución se alcanzará de manera gradual, con efectos de 1 de enero de 2023. El 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos a partir de esa fecha, otro 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2024, y el 20% restante llegaría el 1 de julio del año que viene.

Las tres asociaciones que representan a este cuerpo han emitido un comunicado conjunto este martes en el que recuerdan que el acuerdo del Consejo de Ministros solo da cumplimiento “parcialmente” a lo pactado. “Quedan aún por cumplir el resto de medidas que se recogieron en dicho acuerdo y que exigimos se hagan efectivas sin dilación: aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados que, entre otras cuestiones, elimine la cuarta categoría, establezca el régimen de los encargados del Registro Civil, regule el régimen de libranzas y garantice la efectividad de la audiencia a las asociaciones”, advierten en un texto en que también se recoge la necesidad de aprobar el decreto regulador del régimen de sustituciones (tras cuatro años de haberse suspendido el anterior), o el desarrollo del actual sistema retribuciones variables, entre otras cuestiones.