El fiscal de delitos de odio: “La bandera LGTBI es un emblema y no debería ser objeto de discusión”
Miguel Ángel Aguilar señala que su departamento está estudiando los tuits de Abascal y Desokupa a raíz del asesinato de una comerciante en Madrid
Miguel Ángel Aguilar acaba de recibir el encargo de poner en marcha la primera unidad especializada de la Fiscalía General del Estado para delitos de odio y discriminación. Aguilar (Remscheid, Alemania, 58 años) llega al cargo recién terminada la celebración del Orgullo, que se ha saldado con una guerra política en torno a las banderas LGTBI, y en plena contienda electoral, con lonas, tuits y bulos sobre los que planean mensajes de odio. Su departamento está estudiando algunos de estos mensajes, pero al fiscal le preocupan sobre todo las agresiones del día a día y que, a menudo, no se denuncian.
Pregunta. Ha habido varios episodios recientes sobre los que planea el discurso de odio, como la lona que tiraba a la basura la bandera LGTBI o el feminismo o la de la empresa Desokupa, con una fotografía del presidente del Gobierno y el mensaje: “Tú a Marruecos, Desokupa a La Moncloa”. ¿Este tipo de mensajes constituyen delito de odio?
Respuesta. Depende de lo que se diga, quién lo diga y cómo lo diga. En el discurso de odio hay expresiones que incitan directamente al odio y la violencia, y pueden ser delictivas, y otras expresiones que pueden generar incomodidad o desagrado, pero no son constitutivas de infracción penal. Y hay también expresiones que pueden ser constitutivas de infracción administrativa.
P. También la empresa Desokupa y el líder de Vox, Santiago Abascal, difundieron la falsa información de que los asesinos de una comerciante de Madrid eran magrebíes. ¿La Fiscalía puede actuar de oficio en estos casos?
R. Sí. En este caso se está valorando su trascendencia jurídico-penal. Estamos en fase de estudio y cuando se tome una decisión se comunicará.
P. ¿Anima a que se denuncien o cree que hay mensajes que están dentro del contexto de una campaña y la confrontación política?
R. No todo lo que ofende es constitutivo de infracción penal. Estamos en una época de contienda electoral en la que los partidos políticos exponen su programa, pero lo que constituye infracción penal es independiente de que haya periodo electoral. Lo que más me preocupa son los hechos que ocurren día a día y que a veces no nos enteramos porque las víctimas no denuncian.
P. ¿La polarización política es caldo de cultivo para estos delitos?
R. Soy muy respetuoso con la discusión electoral. Me preocupan las agresiones y no puedo establecer si hay una relación de causalidad. Lo que me preocupa son las personas normales que no participan en ese debate y que se ven afectadas. Una mujer musulmana cuando le tiran del pañuelo, la escupen y la insultan o una pareja de chicas lesbianas que van por la calle y la agreden. Esta es una realidad que ocurre en la calle y es la que constituye mi fuente de preocupación.
P. España ha sido pionera en derechos de los homosexuales, pero casi 20 años después, suben las agresiones homófobas. ¿Qué explicación encuentra?
R. Hay que hacer estudios y los vamos a hacer. Pero la impresión es que ha habido un ligero incremento, pero que no se puede afirmar si ha habido un incremento real de hechos o está poco a poco aflorando la cifra sumergida de hechos cometidos. Que haya leyes que impulsen la igualdad y establezcan mecanismos para garantizar los derechos anima a la ciudadanía a denunciar. Pero el incremento de agresiones también puede deberse a que se estén produciendo más hechos, porque afortunadamente tenemos una sociedad más libre en la que las personas se sienten más seguras para ejercer sus derechos. Eso las hace más visibles y puede haber personas intolerantes a las que les sea más fácil escoger.
P. ¿Quitar banderas LGTBI puede ser un delito de odio?
R. Depende de cómo se quiten. Si se quitan con violencia o intimidación, sí.
P. ¿Y la mera retirada de banderas que hemos visto estos días por decisión política?
R. Veo difícil que encaje en un delito. Pero sí que es cierto que la bandera de LGTBI es un emblema, una insignia de libertad y no debería ser objeto de discusión. Porque pretende reclamar derechos de igualdad para que todos los ciudadanos sean iguales con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género. Hay un mandato en la ley de igualdad de trato de que los poderes públicos tienen que hacer visibilización y campaña, por lo que no comparto aquella posición que dice que se tiene que aplicar a este emblema la ley de banderas.
P. ¿La jurisprudencia del Supremo que se fijó con la bandera de las siete estrellas canaria no vale entonces para la bandera LGTBI?
R. Creo que la doctrina de esa sentencia no es aplicable al caso de las banderas LGTBI. Es una bandera de defensa de derechos humanos, de reclamación de igualdad y no tiene un significado político.
P. En las recientes negociaciones de gobiernos autonómicos y municipales se ha hablado mucho de limitar derechos de algunos colectivos como el LGTBI o los inmigrantes. ¿Le preocupa que estas propuestas escondan discursos de odio?
R. Los partidos políticos tienen sus posiciones. A los fiscales nos corresponde aplicar la ley y no podemos entrar en el juego democrático de las opciones políticas. Nosotros velaremos por que la ley se cumpla y tenemos una misión muy importante en defensa de la ciudadanía.
P. Ha habido episodios recientes de gritos racistas en campos de fútbol. ¿Qué plan tiene para estos casos?
R. Cuando haya insultos racistas coreados y hechos de forma pública consideramos que hay un componente de humillación. No es solo faltar al honor del deportista, sino que se lo está humillando por tener un color de piel diferente. En Cataluña inicié el primer procedimiento con el jugador Iñaki Williams y creo que es una vía que se puede explorar. Son comportamientos absolutamente reprochables no solo ética o moralmente, sino penalmente, y el ministerio público tiene que tener una labor de persecución.
P. ¿Es preocupante el número de casos que hay tras estos más mediáticos?
R. Me preocupan mucho los insultos que se producen en partidos de fútbol infantil, en los que se insulta a niños por ser negros. Los casos mediáticos son importantes porque hacen conciencia social y generan sensibilidad en la ciudadanía, pero quienes sufren esto día a día son los chavales en encuentros de fútbol donde no tienen un coordinador de seguridad ni policía para controlar.
P. ¿Hay un perfil del agresor?
R. Es variado. Hay un perfil que se repite bastante que es el de varón entre 16 y 40 años. La experiencia también me dice que son personas que actúan por prejuicios, por estereotipos. Hay un perfil más reducido de personas fuertemente ideologizadas y extremistas, pero no es el más representativo. La gente a veces rechaza al diferente porque no conoce al diferente. Vivimos en sociedades que son multiculturales, pero no son interculturales. Pero hay que poner en valor que la cifra de delitos de odio no es para estar preocupados, sino para estar ocupados. Tenemos una sociedad con valores muy positivos de aceptación, de respeto, de diversidad. Hemos avanzado mucho y ahora hay que preservarlo. Y cuando se produce una lesión, tiene que haber una respuesta institucional.
P. Ha habido casos de humoristas que han llamado la atención de la opinión pública por ser condenados a cárcel. ¿Hay una línea difusa entre el discurso de odio y la libertad de expresión?
R. Sin libertad de expresión no hay sociedad democrática, eso es fundamental. Pero son derechos de ejercicio responsable, no absolutos. En cada caso habrá que ver dónde está lo más importante, si en el derecho a la libertad de expresión o la protección de la dignidad de personas y colectivos.
P. ¿Ha habido respuestas desproporcionadas?
R. Es importante buscar la proporcionalidad de las penas. No es lo mismo publicar en una red social unos comentarios antisemitas a tener una web que se dedique casi de forma industrializada a esos mensajes. La prisión no es la única herramienta, ha de ser la fórmula solo para hechos más graves. Para los menos graves y que requieren respuesta penal hay que buscar fórmulas alternativas como las multas, los trabajos en beneficio de la comunidad que ayuden a la reinserción. En muchos casos se consigue.
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