Cinco ONG presentan una querella por la tragedia de Melilla

Cinco ONG dedicadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes han presentado este viernes una querella en el juzgado de instrucción de Melilla para que se investiguen los hechos ocurridos el pasado 24 de junio en la valla fronteriza. Aquel día, del que está a punto de cumplirse un año, cientos de personas, la mayoría refugiados sudaneses, intentaron cruzar a la fuerza el puesto fronterizo de Barrio Chino, que separa Nador (Marruecos) de la ciudad autónoma española. Al menos 23 personas murieron, según la versión oficial marroquí, pero las ONG elevan la cifra de víctimas a 40 fallecidos y 77 desaparecidos. Las organizaciones han emprendido esta acción judicial al considerar “insuficiente” la investigación que realizó la Fiscalía, que acabó archivando la causa. A ello se ha sumado que el Defensor del Pueblo terminó recientemente una investigación con conclusiones diferentes a las del ministerio público. La querella de las organizaciones humanitarias aún debe ser admitida a trámite para que se convierta en una investigación judicial.

“Los hechos ocurridos ese día son lo suficientemente graves como para iniciar este proceso judicial con el objetivo de solicitar la apertura de una investigación exhaustiva y pormenorizada bajo el amparo del derecho internacional de los derechos humanos”, señalan las cinco organizaciones que firman el comunicado. Coordinadora de Barrios, el colectivo Caminando Fronteras, la Asociación de Extranjeristas en Red, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Associació Lab 38 acuden a la justicia en busca de una reparación a las víctimas y a las familias, ya que un año después no se ha depurado ninguna responsabilidad. “Es la única opción que les queda a los sobrevivientes, a las víctimas y a sus familiares para conocer la verdad, obtener justicia y reparación y para que sus voces y testimonios sean escuchados, siguiendo los estándares de protección y seguridad adecuados, ante las graves vulneraciones de derechos cometidas”, mantiene Helena Maleno, de Caminando Fronteras.

El aniversario de la tragedia de Melilla devuelve a la actualidad el episodio más mortífero ocurrido nunca en una frontera española. Las imágenes de cientos de personas malheridas amontonadas en una explanada custodiada por agentes marroquíes dio la vuelta al mundo. El episodio fue inédito porque el grupo no intentó saltar la valla, como suele hacerse habitualmente, sino que, esta vez, optó por forzar las puertas de entrada del puesto fronterizo. Las investigaciones periodísticas, entre ellas la de EL PAÍS junto a Lighthouse Reports, han mostrado cómo los guardias marroquíes no impidieron que cientos de personas se acercaran a la frontera, sino que esperaron su llegada para cercarlos por detrás. Los agentes de España y Marruecos lanzaron una gran cantidad de gases lacrimógenos cuando el grupo se encontraba hacinado en el puesto sin vías de escape. Agotados y aturdidos, según sus testimonios, lograron forzar la puerta de entrada, y se produjo una avalancha que dejó decenas de personas atrapadas y amontonadas en el lado español del recinto. La cámara del helicóptero de la Guardia Civil grabó el aplastamiento, pero enseguida se movió hacia otro lugar del recinto por donde algunos migrantes habían conseguido cruzar.

La Fiscalía asumió que los agentes que sobrevolaron el lugar no supieron “en ningún momento que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio”, y que, por lo tanto, no hubo omisión del deber de socorro. Tampoco un posible delito de homicidio imprudente. “Del total de las diligencias de investigación practicadas, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente”, concluyó la fiscal.

Con el archivo del ministerio público, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, muy presionado política y mediáticamente por aquel episodio, ganó oxígeno. Vio avalada su gestión, que consistió en señalar la violencia ejercida por los refugiados, elogiar la actuación de las fuerzas de seguridad, evitar cualquier crítica a Marruecos y defender las 470 devoluciones en caliente que se realizaron con ayuda de agentes marroquíes; expulsiones consideradas ilegales por el Defensor del Pueblo.

Grande-Marlaska, además, siempre ha negado que sucediese cualquier hecho trágico en el lado español, aunque los testimonios y los vídeos de los guardias marroquíes apuntan a que al menos una de las víctimas falleció en la zona que custodian los agentes españoles. En cualquier caso, el teniente coronel jefe de la comandancia de Melilla reconoció ante varios diputados en el Congreso que fueron los agentes marroquíes los que se encargaron de despejar solos todo el puesto fronterizo. Las autoridades españolas solo fueron informadas de que hubo muertos cuando volvieron a entrar al recinto, pasadas las 13.00, más de cuatro horas después de la estampida mortal. Según puede verse en las imágenes filtradas de aquel día, los agentes marroquíes golpearon de forma brutal a los participantes del salto y les dejaron abandonados entre tres y cinco horas sin prestarles auxilio. Después, entrada la tarde, los subieron maniatados en autobuses que se dirigieron a diferentes ciudades alejadas cientos de kilómetros de la frontera.