El fiscal del juicio a los investigadores del ‘caso Cursach’ asegura que intentan apartarle: “Voy a seguir”

El fiscal Tomás Herranz, que dirige la acusación contra los instructores del caso Cursach a los que se juzga estos días en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presuntas irregularidades en la instrucción de la causa contra el mayor empresario de ocio nocturno de Mallorca, Bartolomé Cursach, ha denunciado este miércoles durante el juicio que los acusados hayan intentado apartarle del caso en varias ocasiones. “¿Es el camino que le digan a la sala que me levante y me vaya? No es el camino y lo saben. Saben perfectamente cuál es el camino y lo han hecho, lo han caminado y han pedido a mi jefe que me separe. Pero estoy aquí”, ha dicho Herranz.

Durante una exposición de dos horas en el turno de cuestiones previas, el fiscal ha subrayado que han intentado alejarle del caso con “dos intentos de querella” que se están tramitando en distintos órganos jurisdiccionales. Herranz se ha mostrado firme y ha lanzado un mensaje: “Si la finalidad es causar cualquier tipo de temor o intimidación sobre este representante del ministerio fiscal debo informarle que no va a ser el caso, voy a seguir hasta que termine el juicio”. La segunda sesión de esta vista sigue abordando las cuestiones previas de la causa ―en las que las partes revisan la instrucción, bien con denuncia de fallos o defendiendo el trabajo―. El representante fiscal ha rebatido los argumentos expuestos por las defensas en la primera sesión, en la que reclamaron la nulidad alegando que las conversaciones de WhatsApp que dieron origen a la causa no fueron obtenidas legalmente.

Herranz ha desligado los listados de llamadas obtenidos de los teléfonos móviles de dos periodistas que informaban sobre el caso Cursach en otra causa, y que fueron declarados nulos, de las pruebas que la Fiscalía ha presentado en esta investigación para apuntalar las acusaciones por presuntos delitos de revelación de secretos contra el juez, el fiscal y los cuatro agentes de la Policía Nacional. La tesis de que toda la causa parte de la información obtenida de esos dos teléfonos es una de las principales líneas de defensa de los acusados. “No se incluye ninguna [información] cuya fuente de prueba sean los listados de las llamadas. Hay muchas pruebas que no tienen nada que ver con los listados de llamadas”, ha expuesto Herranz.

Parte de su intervención se ha centrado en tratar de tumbar otro de los argumentos de las defensas, que esgrimen que la entrega de los teléfonos móviles de dos agentes del grupo de blanqueo no fueron voluntarias. En esos teléfonos se encontraron las conversaciones que dan origen a esta causa, conversaciones de un chat privado en el que los investigadores intercambiaban opiniones acerca del procedimiento y vertían calificativos sobre algunos de los implicados. Herranz ha incidido en que ambos policías entregaron de forma voluntaria “y sin coacciones” sus teléfonos. El primero, ha dicho, lo hizo tras serle leídos sus derechos y en presencia de su abogado “sin temor y coacción”. “Estaba confiado, seguro de que no le iba a producir perjuicio alguno. Había borrado los chats, pero pudo oponerse después a su desprecinto, pues fue notificado de ello y no lo hizo”. Lo mismo en el caso de la agente de policía que, según el fiscal, entregó su terminal después de ser puesta en libertad, consintiendo el estudio del mismo y aportando el código de desbloqueo.

Tras el fiscal ha llegado el turno de las acusaciones particulares, que representan a empresarios, funcionarios, políticos y policías inculpados en el caso Cursach. Todos ellos han defendido la legitimidad para formular acusación y han pedido a la sala que continúe con el juicio, adhiriéndose en su mayoría a los argumentos de la Fiscalía. Solo una de ellas, que representa a tres agentes de la policía de Palma, ha retirado las acusaciones y ha desistido de continuar, aunque se ha reservado el derecho de ejercitar acciones civiles contra los seis acusados.

“Si presionas a testigos para que incriminen y digan lo que interesa en ese momento, alguna legitimación debe tener mi cliente” ha señalado el abogado Ángel Aragón, que representa a uno de los detenidos en el llamado caso ORA, una pieza separada que investigó el presunto cobro de sobornos por parte del exdiputado y exconcejal del PP de Palma, Álvaro Gijón, a cambio de la adjudicación del concurso del servicio de estacionamiento regulado de Palma. El letrado que defiende a la familia del exconcejal del PP Álvaro Gijón ha sido especialmente duro con las exposiciones de las defensas de los procesados. Oriol Rusca ha mostrado a la sala su indignación por una serie de “insinuaciones inaceptables y teorías conspiratorias” que afectan a abogados y policías. “Sólo quiero que quede claro, nosotros no somos así, no hacemos esto como a lo mejor otros sí que lo hicieron. Nosotros no. Respetamos los derechos de todo el mundo y no buscamos teorías de la conspiración ad hominem para intentar enturbiar este juicio, con lo cual, señoría, nosotros no somos de esta calaña” ha dicho visiblemente enfadado.

El abogado de Bartolomé Cursach, Enrique Molina, que también representa a otros tres procesados por el caso que investigó al empresario mallorquín, ha defendido que la sentencia del caso en el que se intervinieron los móviles a dos periodistas dictaminó que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los profesionales a través del derecho de acceso al proceso, pero no el derecho a distribuir información veraz. Con ese razonamiento, el abogado ha defendido que no se tienen que ver afectadas o invalidadas todas las actuaciones.

El juicio parará en las próximas semanas para que la sala pueda decidir sobre las cuestiones previas. Si el tribunal decide seguir con el juicio, el día 22 de junio se retomarán las sesiones con las declaraciones de los investigados.