El Tribunal Constitucional llevará a pleno los recursos contra las condenas por el ‘caso de los ERE’

El Tribunal Constitucional decidirá el próximo lunes sobre la admisión a trámite de los 12 recursos de amparo presentados contra la sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE de Andalucía, dos semanas después de haber aplazado su examen, para que la resolución que se adoptara no coincidiese con la recta final de la campaña electoral del 28-M. Fuentes del tribunal estiman que las impugnaciones pasarán el primer filtro y serán admitidas por su relevancia constitucional y por la importancia social del asunto.

Una vez adoptada esta primera decisión, la Sala Segunda del órgano de garantías, encargada del caso, llevará al pleno la competencia sobre la medida cautelar solicitada por el expresidente de la Junta andaluza José Antonio Griñán, para que se aplace su ingreso en prisión hasta que el tribunal dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Es decir, hasta que el Constitucional decida si el proceso y la sentencia del Supremo relativa al fraude de los ERE supuso una vulneración de derechos fundamentales de los condenados.

Para resolver sobre la medida cautelar pedida por Griñán y otros 11 altos cargos, el tribunal solicitará primero informe a las partes del proceso. Ello implica que esta cuestión no será resuelta en el primer pleno que el Constitucional va a mantener tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. En el órgano de garantías ha habido cierto debate sobre la idoneidad o no de resolver ahora sobre los recursos contra la sentencia de los ERE.

El sector progresista considera que no hay motivos para nuevos aplazamientos, pero en el grupo conservador se ha planteado que si en puertas del 28-M no se consideró oportuno abordar este asunto, ahora existirían razones similares, porque ya hay una nueva convocatoria electoral sobre la mesa, esta vez para las generales del próximo 23 de julio. La primera decisión, sobre la admisión a trámite de las peticiones de amparo, se adoptará en todo caso la semana que viene, teniendo en cuenta que el primer recurso sobre este asunto —el correspondiente a la exconsejera de la Junta andaluza Magdalena Álvarez— se presentó a finales del año pasado y ya le corresponde que el tribunal resuelva si tiene o no relevancia constitucional, que es el paso inicial.

La tramitación de los recursos contra la sentencia del Supremo en el caso de los ERE ha suscitado debate en el órgano de garantías desde que se inició. En principio, la admisión o no a trámite depende de una sección del tribunal, la primera de la Sala Segunda, compuesta por tres magistrados, en este caso dos progresistas y un conservador. Ahí ya no hubo unanimidad, y se pasó al pleno de la Sala Segunda, integrada por seis magistrados, cuatro del bloque progresista, y dos del conservador.

En el órgano de garantías ya se da por seguro que de la Sala Segunda este procedimiento pasará al pleno para que sean los once magistrados que lo forman —siete progresistas y cuatro conservadores— los que adopten las decisiones más relevantes, las relativas al posible aplazamiento del ingreso en prisión de Griñán, y a la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales de los condenados por el caso de los ERE en el proceso que se siguió contra ellos. No es seguro, en suma, que estas decisiones puedan llegar antes de las elecciones del próximo 23-J. Las mismas fuentes estiman que el adelanto de las generales sí podrá suponer un retraso en la tramitación de otros asuntos con relevancia política para que no coincidan con la campaña electoral.

El tribunal, en todo caso, mantiene para su pleno de la semana que viene la deliberación de la sentencia sobre las fórmulas de juramento alternativo utilizadas por los diputados de diversos grupos parlamentarios para tomar posesión del escaño en la anterior legislatura, la iniciada en mayo de 2019. Más adelante se dictará sentencia sobre los episodios similares ocurridos al inicio de la siguiente legislatura, la que ha terminado con la convocatoria de elecciones generales