El sudanés que pidió asilo en la embajada española en Rabat eleva su caso a la ONU

El sudanés que en diciembre acudió a la Embajada de España en Rabat para pedir asilo ha elevado su caso a las Naciones Unidas ante la falta de respuesta de las autoridades españolas. Tras sobrevivir a la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio, el joven, de 24 años, fue expulsado de España y, según su testimonio, maltratado, desplazado forzosamente y perseguido en Marruecos. Sus abogados esperan que alguno de los seis organismos de la ONU a los que han remitido información sobre el caso se pronuncien públicamente “sobre las vulneraciones graves de derechos humanos perpetradas por el Estado español y por el Estado marroquí”.

Basir —nombre ficticio para no poner en riesgo su seguridad— es cristiano y huyó de Sudán tras sobrevivir a una masacre en su pueblo. Según su testimonio, sufrió numerosas torturas durante su periplo migratorio por cuatro países, incluido Marruecos, donde se encuentra escondido. Casi seis meses después de la tragedia de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas, Basir decidió ir a la embajada española para pedir protección internacional el pasado 13 de diciembre y dejar de huir.

Su caso, liderado por DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, no era apenas una iniciativa individual, sino que ponía a prueba la legislación española sobre asilo en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en diferentes foros que esta era la fórmula deseable para entrar de forma legal a España en lugar de saltar una valla. Aunque la ley española, efectivamente, contempla esta vía, la Administración gestiona la posibilidad de pedir protección en delegaciones diplomáticas en el extranjero de forma restrictiva y discrecional.

Tras cinco meses esperando una resolución, los abogados de Basir han remitido escritos a cuatro relatores y dos grupos de trabajo de las Naciones Unidas que están vinculados a los derechos de los migrantes y refugiados. Se trata de un procedimiento especial dentro del mecanismo de la ONU por el que se apela a estos organismos, formados por expertos independientes, que tienen mandatos para informar y asesorar sobre los derechos humanos desde una perspectiva temática o de país. La iniciativa puede no tener ninguna respuesta, pero el objetivo de los letrados es que alguno de esos organismos, o todos de forma coordinada, envíen una comunicación al Estado español, con valor de recomendación, para instarle a que facilite el traslado de Basir a la Península para que pueda pedir protección internacional.

El caso de Basir y sus circunstancias no le es ajeno a la ONU. Cuatro de esos organismos, incluida la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes, ya se pronunciaron sobre la los hechos ocurridos en Melilla. En una comunicación conjunta manifestaron su preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las autoridades policiales marroquíes y españolas. “Que tengamos noticia, Basir es la primera víctima de la masacre del 24 de junio de 2022 que lleva su caso ante las Naciones Unidas, de las que espera la respuesta de protección de sus derechos que no ha recibido del Estado español”, afirma su abogado Arsenio G. Cores. “Confiamos en que las distintas relatorías y grupos de trabajo de la ONU que ahora conocen este caso puedan también expresarse sobre la imposibilidad fáctica de que las personas negras de distintos países de África puedan ejercer su derecho humano a no ser torturadas o a solicitar protección internacional en las mismas condiciones en que, por ejemplo, lo ha podido hacer la población ucraniana”, añade.

Iniciativas parlamentarias

El caso de este sudanés también se mueve en el Congreso de los Diputados. En febrero, la mayoría de grupos parlamentarios, desde Vox y PP, pasando por ERC y PNV —con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos—, no solo votaron a favor de reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la gestión de la tragedia de Melilla, sino que en un punto separado abogaron por que se trasladara al joven a España. A pesar del espaldarazo político, el joven sigue a la espera de una respuesta.

Las iniciativas políticas, aunque no son vinculantes, presionan al Gobierno para que tome medidas para que efectivamente pueda pedirse asilo en el exterior y se responda con mayor celeridad. EH Bildu presentó el pasado 5 de abril una Proposición no de Ley (PNL) para que el Gobierno promueva el desarrollo de un reglamento del artículo 38 de la ley de asilo, el que recoge la posibilidad de pedir protección en embajadas y consulados. El PSOE presentó una enmienda a la PNL, pero ambos partidos acordaron dos puntos: que el Ministerio de Exteriores trabaje en un protocolo para que las solicitudes en embajada y consulados se resuelvan con mayor premura y que se refuerce el sistema de asilo. Salió aprobada sin votos en contra.

El PNV, por su parte, ha presentado una moción para que el Gobierno resuelva las fallas del sistema de asilo y que el procedimiento de protección internacional en embajadas sea real y efectivo. En un punto específico, el PNV pide además que la Administración resuelva la solicitud de Basir. La iniciativa, que fue negociada con el PSOE, consiguió este jueves 286 votos a favor (incluidos los de los socialistas), uno en contra y 52 abstenciones.