La guerra de los 20 años de los usuarios del Parking Sinaí de Sevilla

José González lleva varios meses lidiando con una nueva angustia que se suma a sus preocupaciones matutinas: cuánto tiempo tendrá que esperar para poder sacar su coche del Parking Sinaí, en el centro de Sevilla. Un malestar que comparte con otros usufructuarios de este aparcamiento municipal a los que, como a él, la empresa que lo gestiona les ha desactivado su tarjeta de acceso sin previo aviso, obligándoles a esperar a que el guarda de seguridad —que muchas veces está haciendo la ronda o se ha ido a desayunar― les levante la valla. Es la penúltima batalla de una guerra entre los usuarios que adquirieron su plaza en usufructo y la entidad que lo administra y que dura casi 20 años, los mismos que tiene el garaje. Su último capitulo, por el momento, se escribe en los tribunales y ante el Defensor del Pueblo andaluz.

En estas dos décadas, los usuarios de este aparcamiento han lidiado con dos empresas: Matahacas, que construyó el párking en 2007 y se declaró en concurso de acreedores 10 años después, y Kugelchen, que la sucedió en 2021. También se han visto obligados a pagar una cuota de 36 euros —frente a los 20 euros de otros aparcamientos municipales e incrementada en uno más por la nueva gestora―, se han enterado de que la concesionaria no abona el canon municipal al Ayuntamiento, y no han recibido, por parte de ninguna de las empresas, sus presupuestos o la justificación de los gastos, tal y como están obligadas. Dejar de pagar ese euro de más o directamente la totalidad de la cuota hasta que no se les entreguen las cuentas son las últimas medidas de protesta que han adoptado algunos titulares. Están representados por la Asociación de Usuarios Parking Sinaí, que aglutina 200 plazas de las 436 que tiene el garaje, y consideran que la respuesta de Kugelchen de anularles las tarjetas de acceso sin previo aviso es una forma de coacción.

Ellos se sienten indefensos y, responsabilizan, en última instancia, al Ayuntamiento de Sevilla por no haber reaccionado ante los, a su juicio, reiterados incumplimientos del contrato de concesión. En el monte Sinaí, Moisés obró el milagro de abrir las aguas del Mar Rojo. Los usuarios del aparcamiento que lleva ese nombre se conforman solo con tener garantías jurídicas. “Lo que queremos es salvaguardar el futuro del párking, que si mañana entra otra empresa a gestionarlo, cumpla con lo estipulado, algo que debería estar garantizado durante la vida entera de la concesión”, señala Cecilia Camino, funcionaria y titular de una plaza desde 2004, cuando salieron a la venta las plazas del aparcamiento por construir.

“Este proyecto de aparcamiento nació con muchos vicios, una mala estrategia que no se pensó bien y cuyos problemas llevamos arrastrando desde entonces”, sostiene Miguel Ángel Rodríguez, abogado jubilado y usufructuario de una plaza desde 2016. Ese nacimiento ocurrió el 20 de diciembre de 2004 cuando, en pleno bum inmobiliario, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla firmaba con Matahacas, SL un contrato de construcción y explotación mediante concesión administrativa de un aparcamiento público de cuatro plantas bajo la calle Sinaí, en pleno centro de Sevilla, junto a la estación de Santa Justa y a escasos metros del estadio del Sevilla FC. Cuando en 2007 terminó la construcción, empezaron a venderse las plazas a los particulares en calidad de usufructo por 75 años y a un precio de 18.000 euros, IVA incluido. La primera sorpresa vino cuando los titulares comprobaron que iban a cobrarles además 36 euros mensuales para, según alegó la empresa, satisfacer el canon con el consistorio.

“Se trataba de un contrato leonino, pero se aprovecharon de que los usuarios necesitábamos las plazas porque los vecinos no encontrábamos aparcamiento por la zona”, dice Camino, que recuerda que en otros aparcamientos municipales la cuota está en torno a 20 euros. Los usuarios pronto descubrieron que esa mensualidad desorbitada no era la única anomalía en la gestión del párking. Matahacas nunca les presentó los presupuestos en los que debía justificar los gastos y los ingresos, tal y como estaba obligada, y en 2010 dejó de pagar el canon municipal, aunque a ellos nunca dejó de cobrarles cada mes los 36 euros. La situación empeoró cuando en 2017 la empresa entró en concurso de acreedores. “En esos siete años tampoco acometió las reparaciones necesarias para el mantenimiento y dejó una deuda acumulada con el Ayuntamiento de más de dos millones de euros”, señala Carlos del Pozo, presidente de la asociación.

Cualquier posibilidad de asumir la gestión por parte de la asociación, una opción que, indica del Pozo, les llegó a plantear el Ayuntamiento durante los años en los que el párking estuvo bajo la gestión de un administrador concursal, se esfumó en 2020 cuando aquel otorgó la concesión a la empresa Kugelchen, que se subrogó en todos los derechos y obligaciones que se recogían en el contrato con Matahacas. “Todos los miembros de la asociación presentamos recursos de alzada contra esa designación porque constatamos que la nueva empresa no tenía solvencia económica ni técnica. No fueron escuchados”, señala Francisco Villalba, médico en Osuna y titular de una plaza desde que se inauguró el garaje.

Anulación de la tarjeta de entrada

Kugelchen se hizo cargo del aparcamiento en mayo de 2021 y en junio de 2022 les trasladó a los usuarios un incremento de un euro en la cuota con efecto retroactivo desde la fecha de su incorporaron a la gestión. Muchos se han negado a abonar ese euro de más hasta que la nueva empresa no les informe del estado de sus cuentas y presente el plan de viabilidad al que viene obligada desde 2021. “Estamos en una absoluta indefensión, contractualmente tienen la obligación de liquidar la ejecución del presupuesto. Matahacas nunca lo hizo y Kugelchen tampoco. Hay una opacidad absoluta por parte de las empresas”, sostiene Camino.

Precisamente para conseguir que la nueva empresa presentara el estado de cuentas, la asociación acudió a los juzgados que citaron a Kugelchen para ese fin el pasado 11 de abril, sin que la empresa se presentara. “No recibimos la citación”, asegura una portavoz de la empresa que, explica, que sí han dejado constancia de las cuentas y el estado de gastos. “Presentamos las cuentas a año natural entre mayo de 2021 y junio de 2022 en formato Excel y con sumatorio, explicando cómo se han cuantificado los gastos y el derecho de uso. Esas cuentas equivalen al presupuesto del año natural”, esgrime. El abono del canon, añade, está pendiente de que se resuelvan unas cuestiones sobre la deuda de Matahacas con el consistorio.

Para los usuarios una hoja de Excel no es el formato adecuado ni equivale a un presupuesto. “No sabemos si tenemos seguro de responsabilidad civil, si se está pagando el canon…”, abunda Rodríguez. Quienes se han negado a abonar ese euro de más, que la empresa justifica en el incremento de los costes de producción, se han encontrado su tarjeta de acceso al aparcamiento desactivada, una circunstancia que entienden como una coacción por parte de la empresa y contra la que también han presentado una demanda por la vía penal. Desde Kugelchen esgrimen que solo se les ha anulado la tarjeta a quienes llevan dos años sin pagar o tienen irregularidades y que pueden acceder siempre porque hay un guarda las 24 horas. “A mí no paran de pedirme justificantes de pago y tengo la cuota domiciliada, e incluso me la han cargado dos veces. Creo que ni siquiera tienen un control de la contabilidad”, señala González.

Sin aparcamiento en la zona

La situación aún esta más enrevesada. El contrato de concesión inicial estipulaba que la primera planta del aparcamiento debía tener una explotación rotatoria en beneficio de los vecinos y los comercios del barrio, una gestión que, desde que Matahacas se declaró en concurso en 2017, ejerce la empresa inmobiliaria Aliseda. “Esto es una aberración jurídica”, señala Rodríguez. “Hay dos empresas gestionando el aparcamiento y la primera no paga gastos mensuales hasta que Kugelchen no presente sus cuentas. No puede ser rentable un aparcamiento si el 25% no paga nada”, sostiene.

Desde la asociación de usuarios se alerta de que, además, Aliseda no está explotando su planta de 100 plazas de manera rotatoria, sino que está ofreciendo alquileres por 50 euros, abonos mensuales desde 60 euros y las pone a la venta por 820.100 euros, según consta en su página web. “Se está dando una situación insólita, hay concesionarios que pagan los 37,1 euros con efecto retroactivo; los que pagan 36 a la espera de que la concesionaria presente cuentas; otros que pagan 29 euros, que son las domiciliaciones de Kugelchen que no ha justificado el canon pagado al Ayuntamiento; y los que hartos de este guirigay han decidido no abonar nada”, resume Villalba.

Miguel Cáceres, presidente de la asociación de vecinos Huerta de Santa Teresa, fue el impulsor de que se instalara un párking en el barrio para levantar un parque infantil encima y quitar de las aceras los coches que aparcaban allí cada vez que había partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. Cuando consiguió arrancar al Ayuntamiento la firma para su construcción se sintió orgulloso, pero 20 años después esa sensación se ha esfumado. Ve que, por el incumplimiento de la rotación en la primera planta, los problemas de aparcamiento cuando juega el Sevilla siguen. También los suyos. A él le anularon la tarjeta por no presentar los justificantes de pago y no le avisaron cuando se la reactivaron. “El descontrol es absoluto”, sostiene.

“Esto es un carajal y los usuarios estamos en la mayor indefensión con la aquiescencia de la Gerencia de Urbanismo que es conocedora de esta situación. El aparcamiento es un bien de dominio público y la falta de mantenimiento de la empresa concesionaria está provocando daños”, advierte Rodríguez. “Nosotros somos usufructuarios, solo tenemos relación con la empresa, no con la administración”, abunda. Por eso han acudido al Defensor del Pueblo para que investigue las responsabilidades que pueda tener la Gerencia de Urbanismo —con la que este diario ha tratado de contactar sin éxito― y su papel a la hora de hacer que se cumplan los términos de la concesión. El siguiente movimiento que sopesan ejecutar en esta guerra es el de acudir a la vía contencioso-administrativa contra la empresa para que los responsables municipales intervengan como testigos “y dejen de desentenderse de este asunto”, concluye Rodríguez.