El juez sienta en el banquillo al exembajador Morodo por presunto fraude fiscal

Alejandro Abascal, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado sentar en el banquillo a Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela desde 2004 hasta 2007, por participar en una presunta trama societaria para defraudar a Hacienda junto a su hijo (Alejo Morodo) y su nuera (Ana Catalina Varandas). El magistrado ha dictado este jueves el auto de apertura de juicio oral al diplomático y a sus dos familiares, a los que concede un mes (hasta el 5 de junio) para que presenten sus escritos de defensa. La Fiscalía pide para Raúl Morodo tres años y seis meses de cárcel, además de castigarle a pagar una multa de 378.700 euros y a indemnizar a la Agencia Tributaria con 126.222 euros por la defraudación cometida en la declaración del IRPF de 2014.

El pasado enero, Abascal ya propuso juzgar a los tres imputados por urdir una trama societaria para defraudar a Hacienda entre 2011 y 2017. En aquella resolución, donde descartaba procesar también a la esposa del diplomático (María Cristina Cañeque) por falta de pruebas, el magistrado detalló que Alejo Morodo creó una red de sociedades interpuestas para evitar el pago de impuestos. “Tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor”, especificó el juez, que remachó: “Parte de las ganancias obtenidas [a través de estas empresas interpuestas] se integraron en el patrimonio del investigado Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública”.

Ese mismo enero, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide tres años y medio de cárcel para el exembajador por un delito contra Hacienda. El ministerio público también solicita ocho años y seis meses de prisión para Alejo Morodo y para Ana Catalina Varandas, a los que atribuye dos delitos contra Hacienda, además de solicitar que se les imponga una multa a cada uno de más de 3,7 millones de euros y que indemnicen a la Agencia Tributaria con otros 1,4 millones de euros.

Según consta en el auto de apertura de juicio oral, la Abogacía del Estado también carga contra los implicados: pide dos años y ocho meses de prisión para Raúl Morodo; siete años y seis meses para Alejo Morodo; y siete años para Ana Catalina Varandas.

La causa contra Morodo, con varias derivadas (esta del IRPF de 2014 es una de ellas), arrancó en 2019 después de que la Fiscalía presentase una querella contra el exembajador y su hijo, entre otros, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. En aquella denuncia, el ministerio público detallaba que el clan familiar del exembajador había recibido más de 4,5 millones de euros de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA). Un dinero que ingresaron presuntamente, pese a que no constaba ninguna “justificación real” o “lógica comercial”.