Un policía nacional destinado en Las Palmas acepta una condena de cinco años de cárcel por ayudar a las redes del narco

El agente de la Policía Nacional Fermín Carlos V. R. ha aceptado este martes, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, una pena de prisión de cinco años y una multa de 3,2 millones de euros por dos delitos de tráfico de drogas. El policía ha asumido su culpabilidad por colaborar desde Gran Canaria con cuatro redes delictivas dedicadas a introducir cocaína y hachís en Canarias y a fabricar sustancias dopantes, y es uno de los 25 acusados a los que la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgaba desde hoy dentro de una causa amplia llamada Operación Fermín. El Ministerio Fiscal ha llegado a acuerdos con las defensas de 23 de los 25 encausados.

La Fiscalía pedía penas que iban desde los cinco a los 15 años de cárcel —ese máximo se solicitaba inicialmente para el agente— y el pago de multas que, sumadas, ascendían a 217,2 millones de euros. Pero los acuerdos han permitido que se rebajen las condenas, para los 23 procesados que se han declarado culpables, a entre un año y 11 meses y cinco años y seis meses de cárcel. Además, se les ha retirado el cargo de pertenencia a organización criminal. El juicio, sin embargo, continuará el 10 de mayo para los dos acusados que no reconocen los hechos que se les atribuyen: haber participado en el traslado de un alijo de 1.270 kilos hachís de Marruecos a la costa de Castillo de Romeral (costa sudeste de Gran Canaria), según informa Efe.

Hasta su detención en enero de 2020, Fermín V. R. estaba destinado en una comisaría de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. El hecho de que hubiese un policía nacional implicado añadió complejidad a la investigación de la causa, que se inició en 2018. Desde este puesto, el agente colaboraba con mafias que movían fardos de hachís por la costa, otras que trataban de introducir cocaína por aeropuertos y una tercera que fabricaba sustancias. El papel del policía resultaba clave, toda vez que era el encargado de facilitar a los narcotraficantes datos sobre las rutas de navegación que tenían que seguir sus alijos para no ser detectados por los radares y por los sistemas optrónicos con cámaras infrarrojas y vídeos y sensores acústicos del sistema de vigilancia costero SIVE de la Guardia Civil. También informaba sobre cómo burlar los controles de seguridad a los correos humanos que llegaban en avión al archipiélago desde Sudamérica.

El fiscal vincula al agente con tres desembarcos de partidas de hachís en Gran Canaria. Uno de ellos se produjo en la localidad del Castillo del Romeral el 11 de julio de 2018. Otro sucedió el 25 de julio de ese mismo año en la playa de Veneguera (costa suroeste, en el municipio de Mogán); y el tercero, el 2 de enero de 2020, de nuevo en el Castillo del Romeral. Las fuerzas de seguridad intervinieron estas últimas dos partidas, de casi tres toneladas. Por estos trabajos, el policía cobraba dinero, bien de manera mensual o bien por cada operación. En uno de los casos llegó a percibir 24.000 euros.

Por último, al agente se le atribuye haber colaborado en la distribución en la Península de partidas de anfetaminas, esteroides y anabolizantes que fabricaban dos acusados en sendos laboratorios clandestinos situados en los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana (sur de la isla) y que luego se comercializaban en gimnasios.