La renuncia en bloque de los ocho vocales progresistas del Poder Judicial supondría la parálisis de la institución

La dimisión en bloque de los ocho vocales que forman el grupo progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —siete habituales más Enrique Lucas, propuesto por el PNV y que en ocasiones se ha desmarcado— conduciría a una situación de práctica parálisis al órgano de gobierno de los jueces, que ya no estaría en condiciones de tomar decisión importante alguna, por falta de quórum. Esta sería la consecuencia más relevante de esas renuncias en bloque, si llegaran a producirse, porque la institución quedaría teóricamente en manos de los vocales del sector conservador, que son 10, cuando la toma de decisiones en el pleno requiere la presencia de una mayoría absoluta de miembros del Consejo.

Harían falta, por tanto, 11 vocales, y el grupo que representa a la derecha judicial en este órgano no alcanzaría este número. A excepción, claro está, de que alguno de los ocho integrantes del bloque progresista prefiriese seguir en su puesto. De ahí la relevancia de que sean todos los miembros de este sector los que renuncien a su cargo, si lo que pretenden es generar una situación de hecho que fuerce la negociación entre el Ejecutivo y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

En el supuesto de un abandono colectivo del citado grupo, ninguna instancia del Consejo podría actuar con plenitud de competencias. Desde luego, no podría hacerlo el pleno, que ya se habría quedado sin presidente, puesto que el actual, que lo es como suplente tras la dimisión de Carlos Lesmes, sería uno de los integrantes del grupo dimisionario. Tampoco podría ejercer todas sus funciones habituales la comisión permanente del Consejo, compuesta por siete miembros. De ellos, tres pertenecen al sector progresista, y cuatro al bloque conservador. La permanente quedaría reducida a estos cuatro, que no contarían ni con un presidente. En el Consejo hay quien cuestiona que tuviera quórum para funcionar, mientras otras fuentes consideran que en ese órgano no hay un quórum requerido.

La práctica paralización del pleno y la permanente implicaría, según el criterio más extendido en el Consejo, el bloqueo de sus funciones. De las que mantiene —en materia de permisos, cuestiones disciplinarias, medidas de refuerzo de juzgados y convocatoria de oposiciones, entre otras—, tras la reforma legal que implicó la prohibición de llevar a cabo nombramientos una vez caducado su mandato. El Poder Judicial lleva en esta situación desde diciembre de 2018, y los nombramientos dejaron de poder realizarse desde marzo de 2021, cuando fue aprobado el citado cambio legislativo. Fuentes del Consejo señalan ahora que están pendientes no menos de un centenar de designaciones de responsables de importantes instancias judiciales por todo el país.

Esta competencia sigue sin poder ejercerse ahora, a resultas de dicho cambio legal, cuyo objetivo era dejar transitoriamente inoperativa una de las atribuciones más importantes del órgano de gobierno de los jueces. El doble objetivo perseguido con esta medida era tratar de impedir por un lado que la mayoría conservadora efectuase más o menos masivamente nombramientos de candidatos afines, y por otra parte, favorecer de forma indirecta la reanudación de negociaciones entre el Gobierno y el PP con el fin de renovar el Consejo.

Este diálogo no se reabrió y el Consejo ha tenido que centrarse en las escasas competencias que le quedaron con aquella reforma. En esta situación, en cada pleno, incluso en esta etapa en la que no se pueden hacer nombramientos, el Poder Judicial lleva más de 100 acuerdos sobre traslados, permisos o refuerzos en los tribunales de justicia de España. Con la dimisión en bloque de los vocales progresistas, la carrera judicial podría quedar de facto prácticamente congelada en su funcionamiento.