Un juzgado de Sevilla investiga al marido de María Gámez por blanqueo, malversación y prevaricación

Juan Carlos Martínez, marido de la ya exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, está investigado por haber recibido de manera indirecta fondos de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011 a través de una sociedad de un hermano suyo. Martínez fue imputado la semana pasada por prevaricación, malversación y blanqueo, aunque su caso ha trascendido este miércoles; Gámez ha dimitido horas después.

La investigación del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla está en sus inicios y de momento supone más una garantía procesal para Martínez que una acusación, ya que no hay hechos delictivos concretos que le achaque el juez titular, José Ignacio Vilaplana. Las pesquisas vienen derivadas de la causa abierta a la desaparecida empresa de coches Santana Motor, con participación de la Junta de Andalucía, y desgajada a su vez en 2015 del caso ERE. En la causa están imputados, de momento, los hermanos Martínez, el exdirector de la agencia Idea Jacinto Cañete y el exadministrador de la empresa pública Fagia Carlos Fernández.

El relato del magistrado vierte graves sospechas sobre la gestión como exdirectivo de la Junta y empresario del cuñado de Gámez, Bienvenido Martínez, expuestas en un auto el pasado 22 de febrero, pero deja en el aire la implicación del marido de la ex directora general. La imputación se justifica “ante la posibilidad de que pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones”, aclara la providencia sobre el marido de la exdirectora del instituto armado, fechada el pasado 16 de marzo.

La empresa de Juan Carlos Martínez Job Management Liberty S. L. recibió fondos de la firma Experience Management Group S. L., propiedad de su hermano Bienvenido, presidente de Santana Motor entre 2009 y 2011, y que tras abandonar la Junta creó empresas de asesoría y gestión que recibieron fondos por 1,3 millones de los organismos en los que antes había sido directivo. Además, la investigación destaca que el marido de Gámez recibió 128.880 euros de los laboratorios farmacéuticos Rovi, subvencionado por la agencia Idea, de la que fue directivo su hermano Bienvenido. Juan Carlos Martínez fue directivo de las sociedades de la Junta Incuba, Soprea y Fagia en 2010 y 2011.

El juez Vilaplana, instructor de la macrocausa de los ERE, hace un relato muy crítico sobre la gestión pública y posteriores subvenciones que Bienvenido Martínez recibió como empresario una vez que abandonó la Junta. El juez se basa en un informe reciente de la Fiscalía Anticorrupción, otro anterior de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF), y ahora está pendiente de un próximo informe de la Agencia Tributaria sobre los movimientos económicos de sus empresas y otros de la policía y la Intervención General de la Junta. El marido de Gámez no declarará como investigado ante el juez hasta que este reciba dichos informes.

Bienvenido Martínez creó en 2009 la mercantil Experiencia Management Group dedicada a la asesoría y auditoría tras haber sido alto directivo en la agencia Idea, Invercaria y Soprea, participadas por la Junta, tras lo que fue nombrado presidente de Santana Motor, cargo que ocupó hasta 2011, cuando la fábrica de automóviles fue disuelta. Siendo aún presidente de Santana Motor, Martínez concedió a su firma Experience Management Group 339.701 euros por el alquiler de un despacho en las oficinas del centro de negocios que tenía la Junta en Madrid, según las pesquisas policiales. En un informe de octubre de 2021, la UDEF acusaba a los hermanos Martínez de percibir un “lucro injusto” derivado de los fondos públicos.

Ahora el juez censura que la Junta otorgara de manera directa y sin concurso la gestión de dicho centro de negocios a la empresa de Bienvenido Martínez, además de tildar de “desproporcionados” los honorarios por asesoramiento que facturó a una sociedad de la Junta por la gestión del centro madrileño. La comisión de seguimiento para velar por la buena gestión del centro “no se habría reunido nunca” y tampoco elaboró informes sobre sus actividades, “pese a que sus gastos sextuplicaban sus ingresos”, critica el magistrado Vilaplana.

“El contrato para la prestación de servicios técnicos (…) se habría adjudicado a Experience Management Group de manera directa, sin ningún tipo de licitación pública, negociada o de selección de posibles contratistas, en contra de lo manifestado por el exconsejero Antonio Ávila en el Parlamento andaluz en 2011″, censura el auto del juez. “La ineficiencia del centro de negocios bajo la gestión de Experiencia Management Group habría sido evidente, con un gasto del 100% del presupuesto previsto y unos ingresos irrisorios, precisamente durante el periodo en que dicha entidad se hizo cargo de la gestión del centro de negocios”, añade.

El magistrado critica “la situación de incompatibilidad” en la que incurrió Martínez como empresario por haber sido directivo de las agencias públicas Idea y Soprea, Fasur y Santana Motor, con la condición de “funcionario público”. El juez censura que el empresario transfiriera fondos a otras empresas de sus hermanos, la mencionada Job Management Liberty del marido de Gámez y Be Make Create S. L., de su hermano Manuel.

La investigación censura que la dotación presupuestaria para la gestión del centro de negocios fue prevista para dos años, pero los fondos se gastaron en 16 meses en “honorarios de asesoramiento y otros gastos”. Entre estos gastos se incluye un importe de gestión del 6% del total que la policía considera fraudulento, ya que lo pagó la agencia Idea a Fagia por el mero hecho de intermediar en la operación de prestación de servicios. Además, los agentes denuncian la existencia de facturas duplicadas, con distintas cantidades, y que en el ejercicio 2020 faltan algunas facturas emitidas por Fagia y Experience Management Group S. L., a la que acusa de no haber abonado los salarios del personal del centro de negocios en Madrid, pese a que estaba obligado a ello por contrato, nóminas que fueron pagadas por la agencia Idea.