El PP defiende su ‘ley mordaza’ con inexactitudes

La manifestación de policías y guardias civiles celebrada este sábado en Madrid contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, ha sido alentada por el PP con declaraciones que son rebatidas por la literalidad de las enmiendas que quieren introducir el PSOE y sus socios parlamentarios e, incluso, por una sentencia del Tribunal Constitucional. Esteban González Pons, vicesecretario general de los populares, ha justificado la protesta de los agentes ―que ha pinchado al congregar a 4.000 personas, una quinta parte de las 20.000 que reunió la anterior manifestación de noviembre de 2021― y asegurado que la reforma pretende “preparar la calle para enfrentarse al PP cuando sea gobierno”.

Grabaciones. El vicesecretario general de los populares ha asegurado que, si sale adelante la reforma, “a los policías, a los guardias civiles, se les va a poder grabar en vídeo, pero ellos no van a poder grabar”. En este caso, la modificación de la norma viene obligada por la sentencia del Tribunal Constitucional, de enero de 2021, que avaló gran parte de la ley mordaza, pero que concluyó que la expresión “no autorizado” que incluía el artículo que hacía referencia al uso de imágenes y datos personales de los agentes era inconstitucional. La propuesta de redacción del artículo suprime estas dos palabras, pero sigue proscribiendo la difusión de las imágenes cuando ello “genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar” de los agentes. Lo que en ningún momento se plantea es prohibir que a los policías graben. De hecho, las fuerzas de seguridad han extendido en los últimos años el uso de videocámaras durante su actuación.

Autoridad. González Pons ha afirmado que “los policías y los guardias civiles van a perder la consideración de [agentes de la] autoridad” que agrava las penas para los que atenten contra su integridad. Sin embargo, en ningún momento de la negociación se ha abordado eliminar esta condición a las fuerzas de seguridad. De hecho, una enmienda del PSOE y Unidas Podemos planteó extenderla al colectivo de funcionaros de prisiones. Los partidos del Gobierno desistieron al final ante la negativa de ERC y EH Bildu a apoyar este punto —sus votos son fundamentales para sacar adelante la reforma— y optaron por llevar la propuesta a la reforma de otra norma, la de la Ley General Penitenciaria. La manifestación de este sábado ha contado con el apoyo de la sección sindical de funcionarios de prisiones de la CSIF.

Presunción de veracidad. El dirigente del PP ha asegurado que con la reforma los policías van “a ver muy rebajada la presunción de veracidad” de sus atestados. La reforma que plantean el PSOE y sus aliados no elimina el valor probatorio del testimonio de los agentes, pero sí limita el valor absoluto que tenía hasta ahora al incidir en la necesidad de que estas declaraciones orales o escritas cumplan la exigencia de “lógica, coherencia y razonabilidad”.

Manifestaciones espontáneas. González Pons ha asegurado que “con esta ley en la mano será legal celebrar manifestaciones, concentraciones y protestas sin que exista permiso, sin que exista convocatoria previa”. Sin embargo, la reforma negociada por el PSOE y sus aliados parlamentarios no generaliza la autorización de las manifestaciones sin aviso previo, sino que solo evita la sanción para aquellas que se convoquen “ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata”.

Avisos a otras policías. El vicesecretario popular ha afirmado que, de salir adelante la ley, la Policía Nacional y la Guardia Civil se verán obligados “a informar a la policía autonómica de todas las medidas que van a tomar y en particular, de las medidas que se van a tomar para defender los edificios institucionales”. En realidad, el acuerdo de los seis partidos favorables a modificar la norma se refiere solo a “los controles en espacios públicos”. Si la norma sale adelante, la Policía estará obligada a comunicar esta medida “de limitación de derechos” a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y, en el caso de que exista policía autonómica con competencias en el territorio donde se produce, a esta. En ningún momento, como sugiere González Pons, se plantea que las fuerzas de seguridad revelen con carácter previo a otras policías detalles de una investigación penal.

Delitos. En sus críticas, el dirigente popular ha utilizado ejemplos de hechos que, por su gravedad, son consideras delitos y, por tanto, objeto del Código Penal. González Pons ha asegurado que la modificación “va a afectar mucho en los casos de maltrato, de violencia de género, en los que la declaración de un policía, de un guardia civil ya no va a tener la presunción de veracidad que antes tenía”. El maltrato y la violencia de género son delitos y, por tanto, quedan fuera de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo sanciona infracciones administrativas.