Decenas de miles de descendientes de españoles piden la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

Pacífico Fernández, un cántabro no muy alto, castaño y católico, llegó a México en 1920 con solo 24 años. Probó fortuna en el país trabajando con ganado, algo que conocía bien por cuidar vacas desde pequeño y terminó echando raíces a 10.000 kilómetros de Abionzo, su pueblo. Tras 15 años, ya casado y con un hijo, Pacífico decidió regresar a España con la mala suerte de llegar unos meses antes de que comenzase la Guerra Civil, en 1936. Después de varios años de penurias, la familia decidió volver a emigrar y regresó de nuevo a México en 1939. Nunca más pisaron España. Ahora, más de un siglo después, su bisnieto, Daniel Melchor Fernández aspira a lograr el pasaporte español gracias a la llamada ley de nietos. “Me enteré por un anuncio que vi en TikTok del Gobierno español”, dice sonriente en su casa de Ciudad de México. “Las historias de la migración son impresionantes”, dice Melchor, que imagina a su antepasado como un joven que llegó “desesperado y solo” a un lugar totalmente desconocido.

Este periodista de 32 años cuenta que en 2012 fue su madre la que obtuvo la nacionalidad española gracias a su pasado familiar, pero él y sus hermanos no pudieron solicitarla porque eran mayores de 18 años y la ley les excluía. Pero con la ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre, Melchor ya puede hacerlo y decenas de miles de personas que, como él, se quedaron fuera con la ley anterior están ya solicitando su pasaporte español. “En realidad la nacionalidad es algo muy fortuito. Creo que mi vida hubiera sido completamente distinta si hubiera hecho esto en 2012. Probablemente, viviría en España porque quería estudiar Literatura allá, pero ahora ya tengo mi vida aquí”, reflexiona Melchor, recién llegado de Barcelona, donde acaba de terminar un máster.

La ley de Memoria Democrática incluye en su disposición adicional octava la posibilidad de optar a la nacionalidad española en un plazo de dos años. Está pensada para los hijos y nietos de exiliados políticos, pero también para los descendientes de aquellos españoles que dejaron el país entre 1936 y 1955, los años más duros de la guerra y la dictadura franquista, independientemente de los motivos. La nueva norma se refiere además a los hijos nacidos en el exterior de madres que perdieron su pasaporte español al casarse con un extranjero. El texto rescata, por último, casos como los de Melchor, los de aquellos hijos mayores de edad que, aunque sus padres optaron a la nacionalidad española con la anterior ley de Memoria Histórica, ellos no pudieron hacerlo por ser mayores de 18 años.

Los solicitantes, la inmensa mayoría en el extranjero, se cuentan ya por decenas de miles. El Ministerio de Exteriores no ha aportado datos de las peticiones recibidas, pero el volumen de trabajo de algunos consulados da una idea del impacto de la ley. Especialmente en Argentina, el país con mayor cantidad de españoles residentes en el exterior, cerca de 340.000 personas, una población equivalente a la ciudad de Bilbao. “Estamos trabajando bajo una intensa presión”, afirma el cónsul general español en Buenos Aires, Fernando García Casas. Por el consulado pasan diariamente entre 1.500 y 2.000 personas desde el pasado octubre y se han recibido 42.000 solicitudes. De ellas, 1.500 ya han sido concedidas y registradas. En Ciudad de México, las cifras son bastante inferiores: 3.600 peticiones, de las que 1.854 ya han sido aprobadas e inscritas en el registro consular.

Las previsiones de cuánta gente optará por esta vía son variables e imprecisas. Fuentes del Ministerio de Presidencia, que lideró la elaboración de la norma, calculan que serán hasta 350.000. Pero otras fuentes familiarizadas con estos procesos, rebajan la cifra a las 100.000. En cualquier caso, la ley no prevé gastos ni personal adicional para gestionar el trámite de la nacionalidad, por lo que antes o después, la estructura de consulados y, sobre todo, la de registros civiles, que ya trabajan al límite, se resentirá.

“Quiero recuperar la nacionalidad española por una cuestión identitaria”, afirma Pilar Moura, una abogada argentina de 29 años. “Mi abuela y mi bisabuelo nunca hablaron de la guerra y de lo que habían pasado porque les generaba mucha angustia y dolor. Pero las cicatrices se veían igual. Mi abuela vivió toda su vida pensando en Estivella, su pueblo, en Valencia. Tenía esos platitos azules típicos por todos lados, fotos en las paredes, la manera en la que cocinaba...”, recuerda en un café de la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

La abuela de Moura llegó en barco a Argentina cuando tenía ocho años. Su padre, militar republicano, se exilió junto a su esposa y sus seis hijos en 1939, tras ser derrotados por Franco.

Polémica en la aplicación

La aplicación de esta ley ha estado salpicada de cierta polémica y de confusión en su interpretación. Tal y como está redactado, el primer párrafo de la disposición adicional parece referirse únicamente a los descendientes de exiliados por razones políticas, ideológicas o religiosas. La redacción de la norma no se corrigió, pero una instrucción posterior de la Dirección General de Seguridad Jurídica la interpretó y amplió su aplicación. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la instrucción interpreta la intención del legislador, que fue siempre la de ampliar los supuestos con los que optar a la nacionalidad y no limitarlos, por lo que debía contemplar a los descendientes de españoles de origen, sin importar los motivos de su salida de España. El texto generó confusión en abogados, registros civiles y solicitantes. Y una entidad franquista, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, ha llevado la instrucción a los tribunales.

Ariel Fraga Ramírez, un abogado que asesora en este proceso, reclama una aplicación uniforme de la ley y la instrucción en los consulados españoles. “Se están aplicando criterios diferentes a un mismo supuesto según el consulado donde presentes el expediente”, explica. “Y el problema dentro de España no es menos complejo. En los registros civiles también se están siguiendo criterios completamente contrarios a la instrucción, especialmente con el supuesto de los nietos y nietas. En Barcelona capital, por ejemplo, no se acepta o se está poniendo dificultades a los nietos y se les requiere que acrediten el exilio, cuando no lo han presentado por ese supuesto”.

Ignacio Nani Díaz, informático y padre de dos hijos, aspira a obtener la nacionalidad de su abuelo Casimiro, nacido en el pueblo asturiano de Lue. Este argentino conserva aún los dos grandes baúles con los que se embarcó Casimiro cuando era un adolescente de 17 años. Alentado por sus padres, abandonó Lue en busca de un futuro mejor del que ofrecía una Europa en 1916, en plena Guerra Mundial. Ya en Argentina, después de varios empleos, logró ahorrar para abrir un pequeño almacén que conservó durante gran parte de su vida.

El informático está contratado por una empresa española y le gustaría tener la opción de cruzar el Atlántico, en dirección opuesta a la su abuelo, para trabajar unos años en España en caso de obtener la nacionalidad. Asegura que el motivo es también sentimental, mantener el lazo con el país del que tantas historias escuchó. Nani Díaz fue de los primeros en reservar un turno en el consulado. Cuenta que lo hizo cuando la ley aún no estaba aprobada. “Por suerte se aprobó y hoy estoy acá”, dice con una sonrisa de oreja a oreja.

El pasaporte español abre las puertas a que los descendientes de españoles puedan tener los mismos derechos que un español (como votar en las elecciones generales). Aunque la difícil situación económica y política que atraviesan varios países de Latinoamérica puede motivar la emigración de miles de personas, no todos pretenden hacerlo. “Nosotros tenemos la vida ya consolidada acá y no nos vamos a ir, pero lo hacemos por nuestros hijos [quienes también pedirán su pasaporte], para dejárselo como herencia, para que en un futuro si quieren tengan la posibilidad”, explica Juan Benito, a la espera de su turno en el consulado en Buenos Aires.