La Audiencia acuerda extraditar a Uruguay de un médico acusado de torturas que vive en España desde 1977

La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Uruguay al médico jubilado Carlos Américo Suzacq Fiser, de 72 años, al que ocho víctimas de la dictadura uruguaya han señalado como el facultativo que asesoraba a los militares “respecto de cuándo parar o seguir con las torturas” perpetradas entre 1972 y 1975 en un cuartel de Montevideo, en plena dictadura uruguaya (1973-1985). El facultativo se había opuesto a ser entregado a las autoridades uruguayas, alegando que tiene nacionalidad española y que tiene arraigo en España, donde reside desde 1977 y ha ejercido la medicina durante 29 años.

Suzacq está acusado de participar en aquellas torturas “asesorando a los interrogadores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) para, con coerción física, obtener testimonios de los detenidos”. Estos hechos pueden ser constitutivos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación ilícita de libertad, “catalogados como de lesa humanidad”, según ha informado la propia Audiencia.

Los delitos por los que se solicita la extradición del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 27 Turno de Montevideo (Uruguay) se basan en las denuncias presentadas por ocho supuestas víctimas de los militares en el régimen de la dictadura y que sufrieron torturas en uno de los centros de detención, el regimiento de Caballería Mecanizado número 6 entre 1972 y 1975.

Las víctimas en sus relatos denunciaban que el doctor asesoraba a los militares que realizaban los brutales interrogatorios a los detenidos respecto de cuándo parar o seguir con las torturas. Una de ellas, E. N. R., detalló cómo “el doctor Suzacq específicamente autorizaba a seguir torturando”. J. M. P. E., otra víctima, precisó que le torturaron con la picana (descargas eléctricas por todo el cuerpo) mientras el médico asesoraba a los agresores.

El médico se ha negado en todo momento a la extradición, alegando su nacionalidad española (adquirida por matrimonio en 1978), su arraigo en el país, donde además de residir desde hace 46 años ha ejercido la medicina durante 29 años. También argumentó que los hechos estaban prescritos.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal niega la prescripción al tratarse de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y subraya la gravedad de las acusaciones: “Los hechos denunciados y que ahora son objeto de reclamación, la naturaleza y la gravedad de los mismos, así como la evitación de que queden impunes, lleva a este tribunal a acceder a la demanda extradicional”.

Hace ya dos años fue entregado a Uruguay el septuagenario excoronel Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, también reclamado por delitos de lesa humanidad cometidos entre los años setenta y ochenta, y acusado de ser el responsable de la llamada Operación Cóndor en el país sudamericano —la ofensiva puesta en marcha de manera coordinada por siete dictaduras latinoamericanas para acabar con la disidencia política—. El militar fue detenido en 2021, escondido en Peñíscola (Castellón).