El Gobierno pide a Guinea Ecuatorial que aclare la muerte del español preso opositor de Obiang

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al jefe de la Delegación de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España para solicitarle que se esclarezcan las causas de la muerte de Julio Obama Mefuman, de 61 años, ciudadano español, opositor del régimen de Teodoro Obiang Nguema, preso en una cárcel de Guinea Ecuatorial desde 2020. Obama fue secuestrado y torturado por altos funcionarios de ese país, según una investigación judicial de la Audiencia Nacional. Asimismo ha solicitado el indulto para Feliciano Efa Mangue, el otro opositor español, condenado a una pena de 90 años por un supuesto golpe de Estado.

El miembro del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE 3R) ha fallecido en un hospital de Mongomo (en el este del país) donde fue ingresado el pasado día 23 de diciembre, según la información que han facilitado las autoridades guineanas a la representación diplomática española en ese país. El Gobierno español ha pedido asimismo a la embajada de España en Malabo que requiera al Ministerio de Exteriores guineano más información acerca de las circunstancias de la muerte de Julio Obama. Antes de su secuestro en 2019 en Juba (Sudán del Sur) e ingreso en prisión, Obama, exmilitar del Ejército español, residía con su mujer y su hijo en Logroño.

Amnistía Internacional ha publicado un comunicado en el que pide al presidente Teodoro Obiang una investigación independiente sobre la muerte de Obama y exige que se respeten los derechos de los detenidos en las prisiones guineanas. “Guinea Ecuatorial debe asegurar un trato digno a los detenidos, asistencia legal, libres de tortura y malos tratos”, reclama la organización.

Testigos presenciales que han declarado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Seguridad de Guinea Ecuatorial afirman que Julio Obama permanecía preso en una cárcel de Mongomo en una diminuta celda subterránea, dormía en una cama de cemento, sin luz natural ni aire, era alimentado con comida en mal estado y sufría maltrato psicológico. Entre otras torturas, fue sometido a la denominada “del cocodrilo” que consiste en colgar al preso boca abajo de un largo palo con las manos y pies sujetas por grilletes para provocar la rotura de los vasos sanguíneos por el peso de su cuerpo.

La muerte de Obama se ha producido días después de que trascendiera que la justicia española investiga por el secuestro y torturas del fallecido y de otros opositores a Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del presidente, secretario de Estado de la Presidencia y jefe del Servicio Secreto en el exterior, al ministro de Estado, Nicolás Obama Nchama, responsable de la seguridad Interior; y a Isaac Ngmea Endo, director general de la Seguridad Presidencial. Los dos primeros tienen residencia y propiedades en España.

La investigación judicial contra el hijo de Obiang y la cúpula del Ministerio del Interior se inició tras la presentación de una denuncia ante la Policía por los familiares de los cuatro opositores desaparecidos secuestrados mediante engaño en 2019 en Juba (Sudán del Sur). Con Julio Obama se detuvo al español Feliciano Efa y a los ciudadanos ecuatoguineanos residentes en Madrid Martín Obiang y Bienvenido Ndong.

Según el testimonio prestado en la causa por dos testigos protegidos, un exfuncionario de la prisión que ha logrado huir del país, y los propios presos, los tres altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial participaron en las reiteradas sesiones de tortura a las que fueron sometidos meses antes de que se les juzgara por un supuesto golpe de Estado en el que Obama fue condenado a 60 años de cárcel.

Fuentes oficiales españolas aseguran a este diario que la cónsul de España en ese país visitó el pasado día 24 de diciembre al ciudadano español en este centro médico. Desde entonces, la Embajada de España en Malabo desconoce más detalles sobre la suerte que corrió Julio Obama.

El juicio por el que fueron condenados Obama, Efa y los otros dos ecuatoguineanos residentes en Madrid ha sido denunciado por distintas organizaciones internacionales. Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch el supuesto golpe de Estado nunca existió y la vista se celebró sin garantías para los acusados. Los condenados han señalado que durante la vista oral fueron obligados a reconocer su supuesta participación en el golpe y a pedir clemencia mientras militares les apuntaban con sus armas.

Desde su secuestro y durante meses, las autoridades guineanas negaron a la Embajada de España en Malabo que estuvieran allí detenidos y posteriormente han puesto toda clase de dificultades para que recibieran la asistencia consular debida.