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Marlaska se enroca en sus explicaciones sobre la tragedia de Melilla

El ministro sigue negando que ocurriesen “hechos trágicos” en territorio español, remarca el carácter “violento” del salto y ataca al PP por cuestionar la actuación de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha movido este miércoles ni una coma de su versión sobre lo ocurrido el 24 de junio en la frontera de Melilla, en la que murieron, al menos, 23 migrantes y refugiados. El ministro, en su segunda comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre aquel suceso, ha mantenido una vez más que “ningún hecho trágico” tuvo lugar en territorio español, a pesar de que una investigación conjunta de EL PAÍS, Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel y Enass, un medio independiente marroquí, reveló el martes nuevas evidencias que cuestionan esta versión oficial. Un testigo y los comentarios grabados a los guardias marroquíes que sacaban a rastras cuerpos del lado español del puesto fronterizo apuntan a que, al menos, una persona sí falleció en la zona bajo control español del recinto.

Marlaska ha reiterado que “los hechos se produjeron fundamentalmente en territorio marroquí”. Y en todo momento se ha referido a ellos como los “sucesos de Nador”, en referencia a la ciudad fronteriza marroquí, y no de Melilla. Y ha puesto todo el énfasis en la “violencia” con la que actuaron los migrantes. En su réplica de este miércoles, sin embargo, el ministro ha añadido una coletilla a su contundente y repetida afirmación de las últimas semanas: “Según nuestra información, según nuestro conocimiento, no hubo fallecidos en territorio español”. Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox y el PSOE, le han pedido más explicaciones.

En su intervención, el ministro ha hecho una somera cronología de lo ocurrido entre las cinco de la madrugada del 24 de junio, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes alertaron a la Guardia Civil de que se aproximaba al vallado un grupo muy numeroso de migrantes desde el cercano monte del Gurugú, hasta que, pasadas las nueve de la mañana, se controló la situación a un lado y otro de la frontera. Marlaska ha recalcado en varias ocasiones que, durante ese tiempo, el grupo, de “unas 1.700 personas”, actuó “de forma organizada” y con violencia, que incluyó el uso de “objetos ofensivos” como palos, piedras, mazas, hachas y radiales para forzar las puertas de acceso al recinto fronterizo de Barrio Chino. En este sentido, el ministro ha recordado que 55 guardias civiles resultaron heridos, uno de ellos con fractura de mandíbula.

Marlaska, como ha hecho reiteradamente en los cinco meses transcurridos desde el suceso, ha defendido sin matices la actuación de la Guardia Civil, que ha calificado de “absolutamente rigurosa, templada y profesional”. Fue esta forma de proceder y la decisión de los agentes de “mediar” la que, en su opinión, “consiguió poco a poco rebajar la agresividad de los asaltantes”. Marlaska ha vuelto a evitar cualquier crítica al proceder de las fuerzas de seguridad marroquíes, a las que en las imágenes difundidas se ve aporrear a personas en el patio del puesto fronterizo instantes después de la avalancha mortal, actuar con brutalidad en España para llevarse a la fuerza a aquellos que lograron entrar en Melilla y golpear después a personas heridas en el suelo.

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Sobre la devolución en caliente de 470 personas que consiguieron cruzar el vallado —devoluciones que, según el Defensor del Pueblo, se realizaron sin que conste ningún procedimiento legal—, el ministro ha insistido en que se practicaron “respetando la normativa internacional de derechos humanos así como de protección internacional”. Marlaska asegura que se confirmó “la inexistencia de personas especialmente vulnerables en el grupo”, es decir, que hubo un cumplimiento pleno de la legalidad. Uno de los hallazgos de la investigación de EL PAÍS y Lighthouse Reports es, sin embargo, que entre esas casi 500 personas había al menos un menor, un perfil cuya expulsión sumaria prohíbe expresamente la ley internacional y española.

Sobre el derecho al asilo al que no tuvieron acceso los refugiados que conformaban el grupo, el ministro ha sido taxativo: “Se ha llegado a afirmar que las personas que asaltaron nuestra frontera de forma violenta lo hicieron ante la imposibilidad de pedir asilo. Y sencillamente es falso”. Grande-Marlaska ha insistido en que la ley establece lugares para pedir protección internacional y que “el intento de superar una infraestructura fronteriza no constituye un punto habilitado para pedir protección internacional”. Esto es importante porque el Tribunal Constitucional exige garantías para que puedan realizarse los rechazos en frontera. Entre ellas, que el país disponga de un acceso real y efectivo a los procedimientos legales de entrada, para que todas las personas que se enfrenten a una persecución, con riesgo para su vida, y alcancen las fronteras puedan presentar una solicitud de protección internacional.

La afirmación de Grande-Marlaska tiene trampa. Los puestos que la ley reconoce como habilitados para pedir asilo, incluidos los puestos fronterizos, son todos ellos espacios ya en territorio español o para los que se requiere una autorización que permita el acceso a ellos. Son, por tanto, inaccesibles para quien, sin permiso de entrada en España, busca refugio desde otro país. Solo las embajadas y consulados serían una opción para quien quiere entrar regularmente en España y pedir protección. Pero la ley de asilo, de 2009, aún no tiene un reglamento que la desarrolle y, en la práctica, y salvo contadas excepciones, las misiones diplomáticas no hacen estos trámites.

El martes, de hecho, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, concluyó tras una visita a Melilla que no existe “un acceso real y efectivo al asilo en la frontera”. Mijatovic declaró: “En la práctica, parece que no hay otra forma de entrar en Melilla y buscar protección ante las autoridades pertinentes que no sea nadando o saltando la valla”.

Respecto a la cuestión de si el lugar donde se produjeron los hechos es territorio español o marroquí, Marlaska ha insistido en varias ocasiones en que es territorio marroquí, y ha restado valor a lo que se desprende en sentido contrario de los mapas oficiales de la Dirección General del Catastro (DGC), dependiente del Ministerio de Hacienda, y del Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, así como de los tratados que, en el siglo XIX, fijaron las actuales fronteras entre España y Marruecos. “Los límites entre los países están meridianamente claros desde hace más de 30 años. Así lo ratifica la actuación de los gobiernos de España y de Marruecos”, ha añadido sin más concreción. Interpelado repetidas veces para que determine cuáles son esos límites, el ministro no ha respondido.

El ministro del Interior ha sido especialmente crítico con la actitud del PP, al que ha acusado de “una grave irresponsabilidad” por, en su opinión, haber sembrado “dudas sobre la actuación de la Guardia Civil”. Marlaska también ha cargado contra los populares por asegurar que los agentes sufrieron una falta de medios para hacer frente a un salto de aquella magnitud. Para el ministro, esta afirmación “es sencillamente indigna de un partido que se dice de gobierno”, para recordar a continuación que durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el instituto armado sufrió una merma de 13.000 efectivos que asegura que el Gabinete actual ha paliado. “Señorías del Partido Popular, espero de ustedes una rectificación sobre las insidias que han lanzado sobre nuestros agentes y su actuación”, ha reclamado. Marlaska también ha criticado, como ya hizo el viernes, que el grupo de diputados que participó en el visionado de las imágenes grabadas por el helicóptero y el dron de la Guardia Civil solo revisaran “un tercio” de las ocho horas que Interior puso a su disposición.

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