Una comisión contra el olvido: así reconoce Navarra a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

Navarra ha puesto en marcha la comisión parlamentaria que reconocerá en esta comunidad a las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia católica. Pionera en España, es fruto de la también primera ley autonómica que regula esta materia, y parte de una base y un planteamiento diferentes a la investigación que realiza a escala nacional el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. La entidad, creada tras la investigación previa realizada por la Universidad Pública de Navarra, constatará de manera individualizada la condición de víctima de los denunciantes. Tiene una duración prevista de seis años prorrogables y deberá realizar una memoria anual que entregará al Parlamento foral. Solo pueden solicitar este reconocimiento aquellos que, independientemente de su lugar de residencia o nacionalidad, hayan sufrido los abusos en territorio navarro. Según explica el consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, su tarea es distinta a la del Defensor del Pueblo, ya que la institución que encabeza Gabilondo elaborará un informe y propondrá medidas al Congreso de los Diputados pero no podrá adoptar por sí misma ninguna acción.

La comisión navarra que dará estatus de víctima a los afectados por abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica está integrada por siete personas procedentes, al menos, de los “ámbitos psicológico, jurídico e histórico” y elegidas por el Gobierno foral, el Parlamento y las asociaciones de denunciantes. Han quedado dos vacantes que corresponden a la Iglesia, que ha declinado participar, aunque podrá unirse en cualquier momento si así lo decide. Además de Izaskun Gartzaron, secretaria de la comisión y jefa de la Sección de Atención a Víctimas del Delito, integran la entidad, entre otros, el abogado especializado en derechos humanos Mikel Córdoba; José Antonio Echauri, doctor en Psicología y socio fundador del Instituto de Psicología Jurídica y Forense (Psimae), donde se atiende a muchos denunciantes; y Mikel Lizarraga, el investigador que realizó el informe pionero en España sobre el alcance de la pederastia en el seno de la Iglesia navarra.

Por ahora, la comisión está consensuando la metodología y sentando las bases de su trabajo, pero no ha comenzado a analizar casos. Es fundamental, dice Echauri, tener claro “qué enfoque le queremos dar, cómo vamos a escuchar, qué documentación vamos a revisar”. Deben decidir, por ejemplo, qué denunciantes tendrán que volver a contar su historia ―muchos de ellos ya lo han hecho en el Parlamento o en los medios de comunicación, o bien son pacientes de Echauri― y cómo se van a desarrollar esas entrevistas. Ante todo, concluye el psicólogo, el objetivo es evitar revictimizarles. En cualquier caso, subraya, tienen libertad de acción: “Tenemos carta blanca para hacer lo que consideremos. No hay ninguna directriz, nosotros somos los profesionales”. Además, indica, la ley dicta que los organismos oficiales y privados deben poner a su disposición la documentación que se les pida.

En el asunto de la cesión de datos hay un problema, reconoce Izaskun Gartzaron. El informe de la Universidad Pública de Navarra recoge numerosos casos, pero puede que algunos denunciantes no deseen obtener el reconocimiento. Por ello, se ha habilitado la Oficina de Atención a Víctimas del Delito como canal de entrada, para que quien lo desee, llame. También hay afectados que no han participado en el estudio de la universidad, pero que ahora quieren dar el paso. El problema reside en que la oficina y la institución académica no pueden cruzar sus datos para evitar duplicidades en el censo. “Sabemos que muchos son los mismos, pero otros son nuevos. Tuvimos, por ejemplo, bastantes personas que habían sufrido los abusos en el ámbito rural, en parroquias, sacristías, más que en el ámbito escolar”, detalla Gartzaron.

Se han recibido denuncias interpuestas por familiares o testigos de los abusos pero no por las víctimas, y la comisión no puede abordar estos casos porque su finalidad es “reconocer a aquellas víctimas que deseen reconocimiento, no documentar la existencia de abusos”. El abogado Mikel Córdoba recuerda que no se busca esclarecer los hechos, sino reconocer a “la persona en su condición de víctima”. Esto implica que no se trabaja para determinar “quién fue ese abusador, no se busca una relación causal con un culpable”. Es más, añade, tampoco se está juzgando a la Iglesia católica o a las órdenes religiosas.

Sin reparación jurídica o económica

El reconocimiento de estas víctimas no implica reparaciones de tipo jurídico o económico, como sí se ha regulado en otros países, como Francia. Aunque sea una reparación simbólica, Córdoba considera que “tiene un valor enorme”: “Se le ofrece la condición de víctima a una persona cuya situación estaba en el olvido, en la noche de un sistema que jamás iba a poner luz sobre su situación y que, a día de hoy, con un marco democrático consolidado, podemos ver hecho realidad”. Una óptica que califica de “muy positiva” porque se busca la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Los casos que se analicen no tendrán, por tanto, un recorrido judicial. La mayoría de los delitos han prescrito, pero si se obtuvieran los indicios suficientes para acceder a la vía legal, la comisión no podría pronunciarse sobre la condición de víctima del denunciante hasta que lo haga la justicia.

A la mente de Córdoba, con una amplia experiencia en los Balcanes y Latinoamérica, viene el testimonio de las madres de los llamados falsos positivos de Medellín (Colombia), jóvenes que fueron asesinados y declarados como bajas de guerrilleros en enfrentamientos armados: “Les ponían uniformes militares, los daban de manera falsa como bajas militares y así obtenían promociones y beneficios”. Son casos, recuerda Córdoba, que entraban por la vía judicial porque así está organizado el sistema. No obstante, “aquellas madres lo que buscaban era el reconocimiento de la verdad, que el ejército dijera que su hijo no era guerrillero”, señala. “No había en esas personas un ánimo de venganza, no buscaban la justicia con carácter punitivo o retributivo, no buscaban la cárcel para nadie”. Ese planteamiento, matiza, es el que indica la ley navarra.

La ausencia de la Iglesia es un aspecto reseñado por los miembros consultados. Echauri aspira a que tanto las diócesis como las órdenes religiosas colaboren en el acceso a documentación, por ejemplo. “Quizá la colaboración pueda ser de otra manera, ahora que la comisión está sustentada en una ley”, apunta. A un cambio de postura por parte de la Iglesia navarra puede contribuir también el relevo previsto en el Arzobispado de Pamplona y Tudela. “Estamos a expensas de quién va a venir y cuándo a sustituir al arzobispo Pérez, que se ha jubilado. No es lo mismo una persona que otra”, añade Echauri.

La Iglesia católica navarra ha creado su propio órgano de investigación: la Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables, instituida en enero de 2020. No se circunscribe a los abusos denunciados en sus círculos, sino que lo amplía al resto de ámbitos. Desde la comisión parlamentaria aspiran a colaborar con esta entidad eclesiástica. “La interlocución puede ser útil. Es parte de un esfuerzo colectivo porque ellos también son una parte fundamental de la garantía de no repetición”, concluye Córdoba.