La justicia militar investigará al jefe del piloto que se estrelló con un F-18 en la base de Torrejón
La instrucción concluye que el teniente no estaba en condiciones de volar el día del accidente mortal, ocurrido en 2017
La justicia militar investigará a los superiores del piloto que el 17 de octubre de 2017 se estrelló en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) cuando despegaba a bordo de un cazabombardero F-18. La titular del Juzgado Militar Territorial número 11 ha elevado la causa al Juzgado Togado Militar Central tras hallar indicios de criminalidad contra el comandante jefe del 121 Escuadrón, mando directo del teniente fallecido. Según la investigación, aunque se habían acumulado numerosos indicios de que el piloto no estaba psicológicamente en condiciones de volar, su jefe no lo apartó del vuelo ni ordenó que se le practicase un reconocimiento médico para salvaguardar la seguridad de su subordinado y de terceros.
Solo una semana antes del accidente, el teniente anuló una misión que tenía programada alegando que no se encontraba en condiciones para volar, pero se le asignó la siguiente, en la que perdió la vida, sin someterlo a una revisión para comprobar si ya había recuperado las condiciones psicofísicas. Doce días antes de su muerte, el 5 de octubre, el teniente cambió sin autorización su turno en el servicio de alerta con un compañero, lo que provocó que se le impusiera un arresto de tres días en la unidad.
Este arresto ha sido uno de los capítulos más controvertidos de la investigación, pues la jueza instructora reclamó el expediente disciplinario al Ala 12, con sede en la base de Torrejón, tras haber tenido conocimiento del mismo por los padres del fallecido. Los mandos militares le contestaron que no existía ningún expediente. Tras la insistencia de la jueza, el coronel jefe de la unidad respondió que no se había localizado el original, pero sí una copia que remitió al juzgado. Dicha copia estaba manipulada, según quienes han tenido acceso a la misma, pues los párrafos en los que se reflejaba el estado de tensión y agobio que vivía el piloto aparecían tachados o tapados. A la vista de estos hechos, la jueza ha deducido testimonio por si los responsables de custodiar un documento oficial clasificado como confidencial hubieran incurrido en delito.
La actitud del teniente, número uno de su promoción, cambió completamente después de que en 2016 se le comisionara forzoso a Yibuti como traductor de francés de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería. No solo era un puesto que hasta ese momento había ocupado un suboficial —es decir, un militar de menor graduación—, sino que los cuatro meses que pasó en el Cuerno de África le hicieron perder las calificaciones de vuelo, por lo que quedó rezagado respecto a sus compañeros pilotos, y le obligaron a dejar la carrera de ingeniería aeronáutica que había iniciado ese año.
Tras abandonar dichos estudios se matriculó en 2017 en un máster en Comercio Exterior, que intentaba compaginar con su actividad como piloto militar, pero ya había sido advertido por la responsable del curso de que si perdía más clases sería dado de baja en el mismo, lo que le generó una situación de ansiedad y angustia, según la investigación.
Este estado de ánimo se habría traducido en un comportamiento errático y un incumplimiento de las normas de seguridad de vuelo por parte del piloto, lo que llevó en varias ocasiones al jefe del 122 Escuadrón, la unidad vecina a la suya, a reprenderle personalmente y a advertir a su jefe directo, el comandante del 121, de que el teniente cometía irregularidades, como volar por debajo de la altitud mínima. Este último admitió que conocía el problema, pero no informó a sus superiores o a los responsables de seguridad de vuelo, como era su obligación, ni dejó temporalmente en tierra al piloto.
El propio vuelo en el que perdió la vida estuvo rodeado de irregularidades. El teniente se presentó solo 10 minutos antes de despegar, en vez de los 45 reglamentarios, y ello impidió realizar una revisión exhaustiva del avión. Un operario al que no se ha podido identificar se dejó olvidado un maneral (una llave de cabeza intercambiable) junto a la tobera de entrada de aire del motor derecho y, al ponerlo en marcha, se introdujo en su interior. El mecánico y varios militares que estaban en el hangar advirtieron de que la turbina hacía un ruido extraño, pero pese a ello no se cambió el F-18 por otro avión que estaba preparado como reserva.
Contraviniendo los procedimientos operativos, el piloto intentó deliberadamente despegar con un solo motor, el izquierdo, y solo en el momento de elevarse al aire puso en marcha el derecho a máxima potencia, sin advertir que la presencia de un cuerpo extraño en su interior lo destrozaría, como así ocurrió. El motor entró en parada cuando se había elevado unos metros del suelo, contra el que se desplomó 42 segundos después de despegar; el piloto falleció y el avión quedó destruido.
La investigación concluye que el intento de despegar con un solo motor era una nueva anomalía que se sumaba a las cometidas en vuelos anteriores, pero con la mala suerte de que el olvido de la llave provocó un fatal desenlace. La jueza apunta, sin embargo, a la responsabilidad del jefe del 121 Escuadrón, que podría haber incurrido en un delito de imprudencia grave por no haber tomado medidas para comprobar si el piloto se encontraba en condiciones de volar, pese a los numerosos indicios de que no era así.
En la jurisdicción militar, los jueces territoriales solo pueden actuar contra militares de empleo igual o inferior a capitán, por lo que, al resultar implicado un comandante, se eleva la causa al Juzgado Togado Militar Central, que se encargará de investigar a la cadena de mando.
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