El Constitucional convoca un nuevo pleno excluyendo decisiones de calado político

El Tribunal Constitucional ha convocado para la próxima semana un nuevo pleno en el que no se examinarán los asuntos pendientes de mayor calado político. Los magistrados se centrarán en la admisión o inadmisión de numerosos recursos de amparo en los que se plantean supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. La agenda de este nuevo pleno se ha cerrado después de que los sectores conservador y progresista del Constitucional hayan acordado un completo cierre de filas frente a las presiones para que acelere su sentencia sobre la prohibición de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté en funciones. No va a haber debate alguno sobre la procedencia o no de dictar los dos fallos que están pendientes sobre este asunto porque el tribunal de garantías tiene el mandato caducado y no se pronunciará al respecto hasta que sea renovado.

La decisión de responder a las críticas por la falta de resolución de los recursos presentados contra la prohibición de dichos nombramientos fue adoptada de común acuerdo por el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, quienes han encontrado pleno apoyo de sus grupos, conservador y progresista, respectivamente. En la actualidad, el estudio de los recursos presentados por Vox y por el PP contra la limitación de competencias del Poder Judicial está “avanzado”, como informó el Constitucional el pasado domingo.

Fuentes del tribunal indican que el examen de las impugnaciones no se llevará al pleno en fecha próxima por la explícita voluntad compartida entre los magistrados de que la sentencia correspondiente la dicte el tribunal con su nueva composición, ya que la actual caducó el pasado 12 de junio. En fuentes del Constitucional se estima que las presiones surgidas para que acelere la sentencia sobre la prohibición de nombramientos fijada para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proviene de sectores que albergan la esperanza de que la actual mayoría conservadora del órgano de garantías estuviera ahora dispuesta a considerar inconstitucional dicha limitación. La situación interna del tribunal, sin embargo, permite descartar toda posibilidad de que ese eventual escenario tenga alguna posibilidad de éxito.

Los ponentes de dichos recursos —el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y la magistrada María Luisa Balaguer, ambos del grupo progresista, ahora minoritario— no tienen previsto llevar a pleno borrador alguno de sentencia hasta que hayan terminado sus respectivos proyectos de resolución. Y no será en fecha próxima, entre otras cosas porque fuentes del tribunal indican que este asunto tiene por delante varias decenas de recursos pendientes de deliberación.

Por otra parte, la voluntad del órgano de garantías es no dictar sentencia sobre los recursos con mayor carga política hasta que sea renovado. Las fuentes consultadas aseguran que el tribunal no se va a apear de esta decisión por fuertes que sean las presiones, al tiempo que rechazan el argumento de que los magistrados se están retrasando en resolver los recursos de Vox y del PP sobre dicha prohibición de nombramientos. Fuentes tanto del sector progresista como del bloque conservador del tribunal coinciden en subrayar que es la falta de avances en la negociación entre los vocales del órgano de gobierno de los jueces lo que está impidiendo que el Constitucional se renueve, al tiempo que el PP ha roto las negociaciones para elegir a los miembros de un nuevo CGPJ, lo que está dañando a toda la estructura de la justicia.