Resucitar antes de extraditar: el caso del narco oficialmente muerto que España quiere juzgar

En mayo de 2020, Paul Wouter, el falso nombre del conocido narco brasileño Sérgio Roberto de Carvalho, de 59 años, no acudió al requerimiento del juzgado de Pontevedra, como solía hacer, aduciendo que tenía covid. Carvalho, cuya documentación legal en España era la del holandés Wouter y que vivía en una mansión alquilada en Marbella (Málaga), había quedado en libertad con cargos en 2018 tras ser detenido, junto a otra veintena de personas, por ser el presunto responsable de un cargamento de más de dos toneladas de cocaína que la Policía Nacional interceptó en un carguero el 7 de agosto de 2018 en altamar, en un punto entre Funchal y Las Azores, procedente de las costas de Surinam.

Carvalho era, según los investigadores, el garante de ese envío, ya que Manuel Charlín (del clan de los charlines) no daba confianza suficiente a la organización latinoamericana. Al poco tiempo volvía a ser citado por el juzgado y, ya en pleno confinamiento pandémico, comparecía por videoconferencia. En la siguiente citación, Carvalho ya no apareció. Su abogado presentó un certificado de defunción: Paul Wouter había fallecido repentinamente el 29 de agosto de 2020 en su casa marbellí, y así quedaba inscrito en el Registro Civil malagueño.

Sin embargo, algo llamó la atención de los investigadores, que se percataron de que el médico que firmaba aquel certificado de defunción era José Martín Martos, un esteticista de Marbella. Y, a los pocos meses, el 3 de septiembre de 2021, la policía portuguesa remitía a sus homólogos españoles un informe de vigilancias y registros en la vivienda lisboeta de Carvalho, donde había sido visto el presunto narco y donde se habían incautado 13 millones de euros en metálico.

Dos años más tarde, la sospecha se convertía en certeza: el pasado 21 de junio, Paul Wouter (Sergio Roberto de Carvalho) fue detenido en Budapest (Hungría) como Igor Ivanovich Kuzmenko, en un control rutinario y con un pasaporte ucranio. Las huellas delataron sus otras dos identidades y, sobre todo, confirmaron que estaba vivo. La Policía trata ahora de evidenciar el fraude gestado para la obtención de su certificado defunción, ya que para extraditarlo y que sea juzgado en España previamente hay que “resucitarlo”.

Porque con el certificado de defunción entregado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo (Pontevedra), Carvalho quedaba inmediatamente eximido de toda responsabilidad penal por el delito de narcotráfico del que se le acusaba aquí en España. “El certificado de defunción es verdadero y es legal su tramitación en el Registro Civil de Málaga; es decir, Paul Wouter [Sergio de Carvalho], hoy por hoy, está legalmente muerto en España”, agregan las mismas fuentes. Y eso que Carvalho tenía otra causa pendiente en Portugal por blanqueo, y estaba en busca y captura tras ser condenado por tráfico de drogas en Brasil, donde fue Mayor de la policía militar desde mediados de los ochenta hasta finales de lo noventa.

Además, también constaban causas abiertas contra él en Estados Unidos, según relatan los investigadores. Sin embargo, los documentos que portaba con identidades ajenas a la suya eran siempre verdaderos, lo que impidió que las policías de los distintos países que le reclamaban cruzasen sus datos hasta mucho más tarde, explican.

Las sospechas sobre la veracidad de su muerte llevaron a los investigadores hasta un español llamado F. Pascual, supuestamente escolta de Wouter en Málaga. “Primero declaró que había acudido a su casa porque se encontraba mal y que presenció cómo le daba un ataque y moría allí mismo”, relatan los investigadores. “Después, cambio la versión y aseguró que había ido a su casa extrañado porque Wouter no le contestaba al teléfono y entró con unas llaves que tenía del domicilio y se lo encontró muerto en el sofá”. Acto seguido dijo que llamó a una ambulancia, pero los agentes han buscado el aviso “P10″ correspondiente a ese tipo de atenciones médicas y no ha aparecido por ninguna parte, ni en centros médicos públicos ni en privados; no consta que ninguna ambulancia acudiese a ese lugar aquel día, 29 de agosto, pese a que ese es el documento que constata la atención ofrecida por un servicio de emergencias (112, 061...) y las circunstancias médicas de un fallecimiento.

Testigos y contradicciones

Por su parte, el médico esteticista que supuestamente firmó el certificado de defunción de Wouter aseguró a la policía que no recordaba absolutamente nada de ese día de agosto; no se acordaba de las circunstancias en las que pudo firmar ese certificado y no descartó que ni si siquiera acudiera al domicilio del fallecido. No obstante, el escolta aseguró en una de sus declaraciones que fue el propio Wouter quien llamó al médico, que acudió al domicilio. También dijo el escolta que no vio a los empleados de la funeraria que acudieron a por el cuerpo, pese a que uno de ellos asegura que F. Pascual estaba en la casa cuando llegaron, avisados supuestamente por el médico.

Tres trabajadores del cementerio en el que presuntamente se llevó a cabo la cremación han declarado que dentro del féretro había un cuerpo, pero que ninguno de ellos comprobó su identidad porque son “meros peones”. Las cenizas se las llevó el escolta, y así consta en la documentación recopilada por la policía. Los investigadores sospechan que el médico, el administrador de la funeraria y uno de sus empleados, y el escolta pudieron compincharse con Paul Wouter por un precio para que este obtuviera un certificado de defunción, por lo que habrían incurrido en un delito de falsificación documental. La Fiscalía Antidroga y la juez de Pontevedra tendrán que decidir ahora si las pruebas y contradicciones aportadas por los investigadores son suficientes para anular ese certificado de defunción y “resucitar” a Wouter en España, para extraditarlo desde Hungría y que finalmente sea juzgado.