Un jurado popular absuelve al exgerente de la Complutense y a su hermana de malversar cuatro millones de euros en la universidad

“No culpables los siete procesados” por malversación de caudales públicos acusados en el caso de la Universidad Complutense. Es el veredicto que ha emitido este viernes el jurado popular del juicio que durante un mes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, y en el que se ha escudriñado la contabilidad de la Universidad Complutense (UCM), sobre todo la del periodo 1995-2003. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han sostenido que en esa época el entonces gerente de la UCM, Dionisio Ramos y su hermana María Isabel malversaron cerca de cuatro millones de euros en pagos discrecionales —a modo de “gratificaciones” o “sobresueldos”— del dinero recaudado en los seis colegios mayores, fuera de los cauces oficiales de la contabilidad universitaria. La Fiscalía pedía cuatro años para cada uno de los dos principales acusados, tres para los dos contables de los colegios y uno para cada uno de los tres subdirectores de tres de esas residencias. Pero la decisión del jurado, tras dos días de deliberación, ha sido unánime: “Sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables”.

Buena parte de la documentación de esos pagos se perdió, “desapareció”, aunque ni el exgerente ni su hermana, custodios de la misma, han explicado cómo ni por qué. Muy al contrario, han culpado a la UCM, y concretamente al exrector Carlos Berzosa, que tomó posesión del cargo precisamente en 2003 —después del periodo objeto del juicio— de no haber aportado las pruebas de ese presunto uso desviado de los caudales públicos tras denunciar los hechos en un juzgado de Madrid en 2006. Junto a la documentación aportada, Berzosa adjuntó una auditoría externa, realizada por PriceWaterhouseCoopers (PwC), que constataba “falta de control en la facturación de los colegios mayores propios de la universidad, lo que se manifiesta en ingresos no incorporados al presupuesto de la universidad y falta de contabilidad de gastos”.

“La duda de donde fue a parar ese dinero no puede recaer sobre los acusados”, argumentaba el abogado, Luis Rodríguez Ramos, que dirige la defensa del exgerente. “No se ha podido probar que el dinero haya ido a parar a alguna parte que no sea la función pública”, insistía, incidiendo en que “por aquel entonces” la contabilidad de la universidad “era un caos, en general”.

Los recibos, cheques al portador, registros contables, y cuentas no oficiales, revelaron, sin embargo, que se realizaron pagos a directores y subdirectores de los colegios mayores, al escolta que protegió a los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras el llamado Tamayazo, a vicerrectores, al propio Dionisio Ramos o a un primo suyo, que nada tenía que ver con la institución universitaria. Las defensas han explicado esos pagos como “una costumbre histórica”, un modo de operar propio de una época en la que la contabilidad era caótica.

La Fiscal, por su parte, ha puntualizado que solo se investiga —sin embargo y pese a ese presunto caos generalizado— el dinero que tiene origen en los colegios mayores por no formar parte de los cauces oficiales de la economía universitaria. Y que, en caso de que fuese una costumbre efectuar ese tipo de pagos (sin atenerse a la normativa económica interna de la universidad preexistente), “serían ilegales”.

La UCM es una institución pública de enseñanza con más de 100.000 personas, entre estudiantes, profesores (6.500) y personal de administración y servicios (3.500), y cuenta con un reglamento interno y una detallada normativa económica propia para la exhaustiva rendición de cuentas sobre los 400 millones de euros que tiene de presupuesto anual.

Junto a la fiscal, la Abogacía del Estado, han mantenido en todo momento que hubo una contabilidad paralela, una caja b, gestionada con el dinero procedente de los colegios mayores (pagos de plazas de colegiales, cursos de verano, reservas de plazas...), en los que Dionisio Ramos además colocó a su hermana, María Isabel, desde 1999, como administradora.

Mediante recibos manuales, registros manuales, y con una cuenta fantasma, “la 6.413″, desconocida en la contabilidad universitaria, se movieron cerca de cuatro millones de euros en el periodo analizado, ocho años. En esa cuenta, abierta en el Banco Santander como de “actividades culturales”, pusieron de titulares a tres colegiales que ejercían por aquel entonces de subdirectores de otros tantos colegios mayores, Alejandro Santos, Asier Gorrixategui y Francisco Javier Sánchez, personados en esta causa como “cooperadores necesarios” y para quienes la Fiscalía solicitaba un año de prisión.

Los otros dos acusados, en total son siete, son los contables de los colegios: Arturo López Marugán y Jaime Tártalo, para quienes la Fiscalía pedía tres años para cada uno.