Un jurado popular resuelve si el exgerente de la Complutense y su hermana repartieron cuatro millones de euros en sobresueldos

En la sala de vistas “A” de la Audiencia Provincial de Madrid está pasando casi desapercibido un juicio que entraña un feo asunto de presunta malversación de caudales públicos en la mayor universidad de España. Allí, los nueve miembros de un jurado popular llevan casi un mes analizando la contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), viendo copias de documentos de pago, de cheques al portador procedentes de una cuenta misteriosa (”la 6413″, la llaman familiarmente), de registros contables hechos a mano en los colegios mayores... para tratar de determinar si —como sostiene la Fiscalía y la Abogacía del Estado— el exgerente del centro de estudios superiores más grande de España, Dionisio Ramos, y su hermana, María Isabel Ramos (actualmente en la gerencia), ayudados por personas de su confianza en la administración universitaria, repartieron cerca de cuatro millones de euros en sobresueldos entre 1995 y 2003. Este miércoles se conocerá el veredicto. La Fiscalía pide cuatro años para los dos principales acusados de los siete que se sientan en el banquillo.

Han pasado 16 años desde que Carlos Berzosa, exrector de la Complutense, entregase en 2006 en un juzgado de Madrid varias cajas de documentos de lo que parecía una contabilidad paralela, con la que se topó al llegar al rectorado de la universidad en 2003, tras ganar las elecciones a rector y sustituir a Rafael Puyol. La UCM es una institución pública de enseñanza con más de 100.000 personas, entre estudiantes, profesores (6.500) y personal de administración y servicios (3.500), y cuenta con un reglamento interno y una detallada normativa económica propia para la exhaustiva rendición de cuentas sobre los 400 millones de euros que tiene de presupuesto anual. Dionisio Ramos fue vicegerente de obras con el rector —ya fallecido— Gustavo Villapalos, que se lo llevó temporalmente de secretario general técnico a la Consejería de Educación con el primer Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid (1995), y después fue gerente general de la universidad con Rafael Puyol (1996-2003).

Junto a aquellas cajas que llegaron al Juzgado 40 de Plaza de Castilla, Berzosa adjuntó informes de una auditoría externa: “La auditoría externa del ejercicio económico 2002, realizada por PricewaterhouseCoopers [PwC], constata falta de control en la facturación de los colegios mayores, lo que se manifiesta en ingresos no incorporados al presupuesto de la Universidad y falta de contabilidad de gastos”, recogen. Confirmaban la “existencia de un segundo canal económico paralelo y complementario a los canales oficiales de la UCM, basado en movimientos de dinero en efectivo con tres fuentes de entrada: reservas de plaza de los colegiales, cobro de mensualidades directas de algunos de ellos y cobros de los alojados [en los colegios] en los meses de verano”. El otro día, el perito de la consultora, que comparecía como testigo, aseguró ante el juez: “En mis 22 años de contable no había visto nada igual”. Los acusados aseguran que se funcionaba del mismo modo desde los años setenta.

“Si todo lo pagado desde los colegios mayores era normal, ¿por qué no nos informaron de sus fórmulas y sus cuentas cuando llegamos al rectorado?”, se pregunta aún hoy el exrector Carlos Berzosa, que supo de las irregularidades tras encontrar unas carpetas de recibos en un colegio mayor, y por los propios beneficiarios de las “gratificaciones”, algunos de los cuales acudieron a él para reclamarle los sobresueldos que habían dejado de cobrar al convertirse en rector: “Así descubrimos que pagaban con cheques al portador desde una cuenta desconocida”, recuerda.

La auditoría señalaba con claridad que existía una caja b nutrida con dinero de los seis colegios mayores (con un total de unos 1.000 colegiales), millones de euros que no entraban en el cauce económico oficial de la universidad y que se repartían a discreción como “gratificaciones” o sobresueldos. Desde 1999 era María Isabel Ramos, la hermana de Dionisio, quien llevaba la administración de los colegios mayores. Y al personal de administración y servicios (PAS) de la Complutense se le llamaba irónicamente “personal de Astorga”, población originaria de los Ramos, debido al gran número de personas de esa localidad leonesa que integraba.

EL PAÍS tuvo acceso a múltiples de esos recibos de pago originales en su día, entre ellos había varios (4.800 euros) a nombre de Juan Antonio Expósito, el escolta que protegió a los dos diputados socialistas tránsfugas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidieron un Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid tras las elecciones de 2003, en lo que se conoció como el tamayazo. Pero también había algunos a nombre de dos primos del exgerente, Pedro Ramos (sin vinculación con la universidad) y Manuel Gallego Ramos (responsable de promoción Inmobiliaria de la Fundación Complutense y tesorero del Club Deportivo), por cerca de nueve millones de las antiguas pesetas (54.000 euros). También había pagos a vicerrectores, gerentes, técnicos de la administración y a la Fundación Complutense.

En la actualidad, Maribel Ramos ocupa un puesto de alto nivel en la gerencia de la universidad. Dionisio Ramos dejó la gerencia y se dedicó a la construcción de complejos turísticos en Murcia como Los Alcázares Golf, con las empresas de su amigo José Luis Balbás, quien fuera jefe político de los tránsfugas Tamayo y Sáez; y más recientemente ha construido residencias de estudiantes en Gijón y es administrador de una consultora, según fuentes universitarias.

Se ha hecho mucho énfasis en este juicio a la dilación de la causa, en buena parte debida a los muchos recursos e impugnaciones realizados por las defensas, y también a la dificultad de encontrar documentos probatorios en la universidad de aquella anómala gestión, de la que curiosamente desapareció prácticamente todo en cuanto empezó a investigarse. “¡Se están llevando de los colegios cajas con los recibos en furgonetas blancas!”, alertaba un colegial a esta periodista en 2003. Años después, en 2016, y tras un recurso presentado por María Isabel Ramos, algunas cajas, aparentemente extraviadas, fueron encontradas en los sótanos de la Facultad de Derecho y puestas a disposición judicial. La defensa de Ramos acusa por ello a la universidad de “falta de diligencia” en la búsqueda de una documentación cuya custodia dependía de ella y de su hermano, el exgerente general.

Las defensas, que solicitan la absolución, se amparan, precisamente, en la falta de pruebas: “¿Dónde está el dinero? Gastado”, preguntan y responden, aunque en muchos casos no haya constancia ni de cómo, ni de cuándo ni de por qué, ni se expliquen las flagrantes irregularidades que denotan los documentos que sí existen.

Cuando las gratificaciones eran “una costumbre”

“Hay que ponerse en situación y mirar el asunto con las gafas de aquellos años”, insisten los letrados, que justifican los irregulares pagos por la “escasez de medios técnicos para la contabilidad en la universidad” (aunque solo sea objeto de investigación la administración de los colegios mayores, como señaló la fiscal), y atribuyen esas “gratificaciones” a “una costumbre” histórica, pese a que no formen parte del presupuesto universitario. “Y si fuera una costumbre, es ilegal”, señaló la fiscal.

Asimismo, achacan a la “ignorancia”, la participación de los tres colegiales (Alejandro Santos, Asier Gorrixategui y Francisco Javier Sánchez), que siendo subdirectores de colegios en ese periodo accedieron a que sus firmas fuesen las autorizadas para mover el dinero desde la cuenta fantasma, “la 6413″, de la que eran titulares y con la que rubricaron “una inmensidad” —en palabras de los abogados— de cheques al portador por 500.000 pesetas (3.000 euros), pese a que el reglamento de la Complutense establecía taxativamente que los cheques debían ser nominativos y justificados. Hoy asisten a esta causa como “cooperadores necesarios” y se les pide un año de prisión e indemnizaciones millonarias. Al igual que a Arturo López Marugán y Jaime Tártalo, los contables de los colegios, para quienes la Fiscalía solicita 3 años. El veredicto del jurado, este miércoles.