Montero exhibe los Presupuestos como un “antídoto contra la desigualdad” y el “populismo”

Están a punto de cumplirse 40 años del primer triunfo electoral del PSOE, el partido de los “descamisados”, como lo presentaba en aquella época Alfonso Guerra. Han pasado cuatro décadas, el mundo ha cambiado vertiginosamente y a nadie se le ocurriría emplear de nuevo ese término que Guerra tomaba prestado de Eva Perón. Pero el discurso de fondo de los socialistas ha vuelto a apelar a las mismas esencias.

María Jesús Montero, número dos del PSOE ―como entonces Guerra― y ministra de Hacienda ha abierto este miércoles en el Congreso el primer debate sobre los Presupuestos para 2023 con otra vuelta de tuerca a ese discurso que Pedro Sánchez emprendió antes del verano y que el Gobierno ya no tiene empacho en reconocer como nítidamente de izquierdas: el PSOE como garante de los intereses de las “clases medias y trabajadoras” frente a una derecha supuestamente entregada a la “élite económica”. Ese ha sido el hilo de la intervención de Montero para defender ante el Congreso unos Presupuestos que ha presentado como “un antídoto contra la desigualdad, la pobreza y la desesperanza, caldo de cultivo del populismo”.

La palabra ideología llevaba tres años sobrevolando el hemiciclo como un anatema lanzado por la derecha contra el Gobierno. Casi cualquier iniciativa del Ejecutivo era descalificada como “ideológica”. Nadie más pertinaz en ese empeño que Vox, un partido del que se pueden decir muchas cosas menos que no exhiba argumentos ideológicos. Pero la ideología, según la derecha, son los otros. El PSOE siempre había rehuido ese combate, como también la discusión sobre los impuestos desde aquella otra época lejana en que José Luis Rodríguez Zapatero proclamó que bajarlos era de izquierdas.

Todo ha cambiado desde julio. Ahora es el PSOE el que hace flamear con orgullo la bandera ideológica y el que se emplea a fondo para rebatir a la derecha lo que venía siendo desde hace años el relato dominante sobre los impuestos. El camino lo inauguró Sánchez en el debate del estado de la nación, cuando anunció los gravámenes extraordinarios a las grandes compañías, y la ministra de Hacienda persistió en él al presentar los Presupuestos ante la Cámara.

Montero lo dejó claro desde las primeras frases de su discurso, una denuncia de la desigualdad social heredada de los tiempos de la Gran Recesión y un elogio de la clase media. A partir de ahí, la ministra se dedicó a contraponer dos “modelos de sociedad”: el de la derecha, que pretende un “Estado del bienestar mínimo”, y el de la izquierda, que defiende que “toda la capacidad del Estado tiene que estar al servicio de la sociedad”. “No es un debate antiguo, hay que hablar de la pobreza y de la desigualdad”, proclamó.

En este giro del mensaje, sobre todo en lo referente a la fiscalidad, el Gobierno cuenta con la baza de que el nuevo consenso económico internacional cuestiona la receta de la bajada de impuestos. La ministra citó al Fondo Monetario Internacional, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la UE como argumentos de autoridad. Y ya metidos en debates de fondo, señaló que la evidencia empírica ha desmentido en múltiples ocasiones la llamada servilleta de Laffer, ese mantra neoliberal, teorizado por el economista norteamericano del mismo nombre, de que bajar impuestos acaba aumentando la recaudación. Lo siguiente fue otra andanada al PP: “Si lo que defienden es proteger al 1% más rico, díganlo claramente”. Los populares, más pendientes de sus teléfonos móviles que del discurso de Montero, apenas replicaron con tímidos murmullos. La ministra no dejó ningún anuncio relevante, aparte de mostrar la voluntad del Gobierno de prorrogar las ayudas extraordinarias el próximo año, aunque algunas de ellas se podrán adaptar para ceñirlas a los “más vulnerables”.

Estos nuevos vientos internacionales han colocado al PP en apuros para seguir abogando por las rebajas impositivas como el gran bálsamo económico. Se vio en la réplica de su portavoz, Cuca Gamarra, que, para defender la retirada de las cuentas, se extendió en denunciar que la presión fiscal “asfixia a los españoles”, aunque más que a algún impuesto concreto lo atribuyó a la inflación. Sobre sus propuestas alternativas -bajada del IVA de los alimentos básicos o revisión de los tramos del IRPF por la subida de precios-, Gamarra se limitó a esbozarlos sin detenerse en detalles. En lo demás, se extendió en argumentos conocidos: criticar el gasto del Gobierno en asesores o la subida de los sueldos de los altos cargos, además de acusar a Sánchez de “comprar su supervivencia con el dinero de todos”. Montero dedicó una hora entera a replicarle y, tras abrumarla con datos, se recreó: “¿Hoy están por bajar o por subir impuestos?”. La ministra se respondió a sí misma: “Lo que están es recogiendo el cable”.

Vox llevaba en su último programa electoral una reducción del tipo máximo del IRPF ni más ni menos que del 45% al 30%, pero su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, se cuidó de proponer ahora ninguna medida, mientras fustigaba al Gobierno por “freír a impuestos a los españoles”. Gran parte de sus argumentos fueron miméticos a los del PP, de la acusación de “despilfarro” en el gasto público al incremento de la deuda. Y casi calcó las palabras de Gamarra al sostener que Sánchez “ha hecho unos Presupuestos para sí mismo”.

Ciudadanos se centró en otra cuestión, que ha convertido en su principal argumento económico, frente a la indiferencia del resto de la Cámara: denunciar que la subida de las pensiones se aplique a todas indiscriminadamente y contraponer el trato dispensado a los jubilados con el supuesto abandono de la juventud. A ello dedicó buena parte de su discurso Inés Arrimadas, quien motejó a los Presupuestos de “mentira general del Estado”. Otro de los grupos que han pedido la devolución de las cuentas, Junts, puso el foco en atacar los “pactos de pacotilla” -en palabras de su portavoz, Míriam Nogueras- entre el Gobierno y ERC, y en clamar contra el incumplimiento de los compromisos de inversiones en Cataluña.

Las enmiendas a la totalidad se votarán este jueves. El Gobierno tiene garantizado superar al trámite, aunque antes deberá escuchar a sus aliados habituales, quienes presumiblemente pondrán condiciones para darle el si definitivo a las cuentas, cuando concluya el trámite, a finales de año.