Seis disparos y 12 horas de clase para que la Policía Nacional aprenda a usar la pistola eléctrica

La Dirección General comienza el adiestramiento de 1.500 de sus agentes en el uso del polémico armamento

Un agente de los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial que tiene como dotación estas armas desde hace años, recibe la descarga de una pistola eléctrica durante una prueba en 2019.
Un agente de los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial que tiene como dotación estas armas desde hace años, recibe la descarga de una pistola eléctrica durante una prueba en 2019.M. Minocri

La Policía Nacional iniciará en los próximos días el curso para adiestrar a 1.526 de sus agentes en el uso de las pistolas eléctricas ―más conocidas por su nombre comercial, Taser―, de las que adquirió hace dos años un millar por 2,1 millones de euros. Los policías serán seleccionados entre las plantillas de las Jefaturas Superiores de Madrid, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia y Murcia, y están destinados en su mayoría en los denominados Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), encargados de patrullar de uniforme las calles de las ciudades, según un documento interno de la Dirección General de la Policía al que ha tenido acceso EL PAÍS. Todos ellos deberán superar dos módulos formativos, uno teórico y otro práctico, que suman un total de 12 horas y durante los que efectuarán seis disparos con diferentes tipos de cartuchos, reales y de entrenamiento. Este curso, que se desarrolla de manera escalonada, debe haber concluido el 21 de diciembre y se verá continuado en los próximos meses con otros similares en el resto de las jefaturas policiales. Fuentes de la Dirección General estiman que antes de que acabe el año ya habrá agentes patrullando con ellas.

Las pistolas eléctricas lanzan dardos con electrodos, unidos al arma mediante un cable, que, al alcanzar el cuerpo, provocan una descarga que interfiere en las señales que envía el cerebro a los músculos e incapacita temporalmente al que recibe el impacto. Estos dispositivos son de uso exclusivamente policial o militar, y no pueden ser adquiridos por particulares, según el reglamento de armas. El uso de estas pistolas ―denominadas oficialmente como “inmovilizadores eléctricos” y de las que existen en España unas 2.700 en manos de las diferentes cuerpos policiales, según fuentes de sector― se ha visto rodeada por la polémica al relacionárselas con muertes en diferentes países, según ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional. En España, un juzgado de Badalona (Barcelona) investiga desde diciembre de 2021 el fallecimiento de un hombre que 24 horas antes había sido reducido por los Mossos con una de estas armas. El Defensor del Pueblo ha advertido en sus informes varias veces sobre el riesgo del “un uso abusivo” de estas pistolas tras recordar que “causan dolor y sufrimiento”.

El curso que seguirán ahora los policías incluye, precisamente, el adiestramiento de cuándo y cómo deben utilizar los agentes estas armas. En la fase teórica, que se hará mediante seis clases no presenciales de una hora de duración cada una, los agentes aprenderán el marco normativo tanto de la pistola como de la cámara que estará vinculada a la misma, y que grabará todo lo que ocurra desde que se desenfunde. Las imágenes serán volcadas en el fichero policial Caviper (siglas de Cámaras de Videograbación de uso Unipersonal). Además, los agentes recibirán detalles sobre la tecnología y diversas “consideraciones legales”. También, sobre el protocolo que la Dirección General elaboró en 2020, poco después de su adquisición, para su utilización.

En el mismo se especificaba que estas pistolas solo pueden emplearse para “reducir, inmovilizar o detener” a personas que se resistan, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas. También contempla su empleo ante tentativas de suicidio. Por el contrario, prohíbe su utilización con niños, embarazadas, ancianos y “personas débiles de salud”. También las veta en las prisiones, salvo en el caso de motines o toma de rehenes; en manifestaciones; cerca de sustancias inflamables; o cuando el objetivo se encuentre en lugares donde se pueda precipitar al vacío, ya que la descarga provoca la pérdida de capacidad motora.

En las 72 horas siguientes a la conclusión del curso teórico, los agentes deberán hacer un examen. En caso de no superarlo, tendrán una segunda oportunidad en las 12 horas siguientes. Si tampoco lo consiguen entonces, serán descartados para portarlas. Los que sí superen la prueba accederán a la segunda fase del curso, la práctica. Este módulo, presencial y también de seis horas de duración, se dividirá en cuatro partes prácticas. En la primera, los agentes aprenderán a “extraer, encender y dirigir apuntando” la pistola y vuelta a enfundarla, para posteriormente ir dando nuevos pasos como hacer un disparo de advertencia (en la que no se lanza ningún dardo, sino que se dibuja un arco eléctrico en el extremo de la pistola junto al ruido de la descarga como efecto disuasorio) o lanzar los dardos.

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En la segunda práctica participarán dos agentes, uno de ellos con el rol de atacante, para adiestrar en el uso del arma en situaciones estáticas o en movimiento, pero sin efectuar disparos. En la tercera, que se realiza con el uso de siluetas de entrenamiento, ya se utilizarán tanto cargas inertes (que no disparan y que se usan para ver las funcionalidades del dispositivo) como reales para ejercitar. Finalmente, la cuarta práctica se hará con cargas de entrenamiento denominadas “halt” (un proyectil que se adhiere al objetivo, pero que no provoca ninguna descarga) que se dispararán contra agentes vestidos con trajes especiales de protección.

Tres escenarios

En esta última fase, el curso incluirá tres escenarios. En el primero, el agresor no tiene nada en las manos, pero hace “gestos de lucha desde la distancia”. En ese caso, el protocolo contempla que los agentes desenfunden la pistola eléctrica y le pidan verbalmente que deponga su actitud. En el segundo supuesto, la persona tiene un arma blanca con la que amenaza autolesionarse. El agente deberá disparar si el sujeto no atiende a las advertencias verbales y se está “lesionando activamente”. Finalmente, en el último, el potencial agresor tiene un arma blanca y, pese a los avisos verbales y el disparo de advertencia, mantiene la actitud amenazante y no suelta el cuchillo. El policía deberá dispararlo.

Los agentes que superen esta segunda fase estarán ya “habilitados para la utilización del inmovilizador eléctrico” que, como recalca en documento interno, solo podrán usar “en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana bajo los principios fundamentales de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”. La incorporación de las pistolas eléctricas era una antigua reivindicación de los sindicatos policiales. Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) creen que el curso que se va a impartir es “completo y suficiente” para manejar estas armas, aunque pide que Interior contemple para el futuro cursos de actualización. Estas mismas fuentes valoran positivamente que cada actuación sea grabada con las cámaras que se activarán automáticamente al desenfundar el arma: “Es una garantía tanto para los ciudadanos como para los agentes”. El protocolo policial contempla que cada vez que se use, los agentes lo comuniquen “en el plazo de 24 horas al delegado o subdelegado del Gobierno, o autoridad competente de las comunidades autónomas”.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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