La batalla por la sucesión de Lesmes, un nuevo conflicto a las puertas del Poder Judicial

Cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha logrado todavía salir de la tormenta en la que lo han metido ocho vocales conservadores que se resisten a cumplir con el mandato legal de renovar el Tribunal Constitucional, en el órgano de gobierno de los jueces se barrunta ya otra tempestad. La dimisión del presidente, Carlos Lesmes, que se consumará este lunes y será efectiva en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha abierto una disputa por su sucesión que no están dispuestos a perder los vocales del órgano.

El propio Lesmes, que también preside el Tribunal Supremo, intentó dejar cerrado su relevo encargando al gabinete técnico del Consejo un informe sobre su sustitución, pero la conclusión a la que llegó el letrado encargado de realizar este texto —que fuera el vicepresidente del Supremo, Francisco Marín Castán, quien le sucediera de forma “automática” en el alto tribunal y en el CGPJ— ha soliviantado a la mayoría de los vocales del CGPJ. Los bloques conservador y progresista, abiertamente enfrentados por los nombramientos del Constitucional, han encontrado aquí un punto de encuentro: creen que el sustituto debe decidirlo el pleno y ya advertían de que iban a dar la batalla una vez que Lesmes renunciase al cargo.

Al presidente del CGPJ lo elige el pleno al principio de cada mandato, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y así se hizo también en 2012, cuando Carlos Dívar dimitió del cargo antes de cumplir los cinco años de mandato. Pero la interinidad en la que vive instalado el actual Consejo, pendiente de renovación desde diciembre de 2018 por el bloqueo impuesto por el PP, altera los procedimientos y ha dado lugar a un limbo jurídico que da margen a distintas interpretaciones. La ley impide a los vocales nombrar a un nuevo presidente cuando están en funciones, por lo que los actuales consejeros no pueden designar un sucesor para Lesmes. Pero los miembros del órgano sostienen que no se trata de nombrar a un presidente, sino de decidir quién sustituye al dimitido hasta que haya un nuevo Consejo. Y esa decisión, insisten, sí tiene que ser de ellos.

Los vocales cuentan con un precedente a su favor: cuando en 2019 se jubiló el hasta entonces vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, se le preguntó al gabinete técnico quién debía sustituir a Lesmes en el CGPJ en caso de ausencia. Los técnicos determinaron que fuera el vocal de mayor edad, que es por ley quien preside el primer pleno y quien le sustituye en la comisión permanente cuando no puede acudir. Y con esa referencia, avalada por el mismo gabinete técnico que ahora ha dicho que el cargo debe recaer en Marín Castán, son varios los consejeros consultados que opinan que el sustituto del presidente debe ser el vocal de más edad del CGPJ: el progresista Rafael Mozo.

Pero lo que menos ha gustado a los consejeros es que el gabinete técnico sostenga que la presidencia, al dimitir Lesmes, recae en Marín Castán de forma “automática”, sin que medie ningún acto o acuerdo del órgano. “Nosotros somos 18 juristas, algo tendremos que decir. Lo mínimo es que podamos debatir el informe y tomar una decisión”, señala un vocal del grupo conservador. En parecidos términos se expresa un consejero progresista: “Tiene que ser el pleno el que acuerde qué criterio se sigue”.

El informe técnico, sin embargo, parte de que la Constitución y la Ley del Poder Judicial conciben la presidencia del Supremo y la del CGPJ como “una titularidad conjunta e indisociable”, lo que excluye la posibilidad de separarlas. Y la presidencia del CGPJ, según ambas normas, es una función atribuida al presidente del Supremo. Es decir, el presidente del Consejo lo es por ser presidente del alto tribunal. Así lo recordó el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2016 a raíz de un recurso del PSOE a la reforma de la Ley del Poder Judicial. Los socialistas habían cuestionado que el vicepresidente del Supremo (cargo de nueva creación) sustituyera al presidente del Consejo en caso de cese o ausencia a pesar de no ser miembro del órgano, pero el tribunal rechazó que este precepto vulnerara la Constitución.

Luis Arroyo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, comparte la conclusión a la que ha llegado el gabinete técnico. “Me parece absolutamente razonable”, señala, e incide en que la presidencia de ambos órganos debe recaer en la misma persona y que la del CGPJ “es una tarea que corresponde al cargo del presidente del Supremo”. “Lo que hace el CGPJ al principio del mandato no es elegir al presidente de Consejo, sino al del Supremo”, advierte. Arroyo no considera necesario ningún acuerdo del CGPJ para determinar el sustituto de Lesmes, pero si se decide que haya “un acto” del pleno, apunta, los vocales no tienen discrecionalidad. “Tienen que aplicar la ley y elegir a Marín Castán”, opina.

La Sala de Gobierno de Supremo —formada por los presidentes de las cinco salas y cinco magistrados elegidos por sus compañeros—, a la que Lesmes dio cuenta hace dos semanas del informe del gabinete técnico, emitió un comunicado de apoyo al presidente en el que aseguró también “compartir” las conclusiones de ese texto. Los vocales lo cuestionan y la batalla por la sustitución del presidente dimitido de un órgano cuyo mandato caducó hace casi cuatro años se vislumbra como el próximo conflicto del CGPJ.