El juez comunica que una empresa creada hace 16 meses se ofrece a hacer el informe final del ‘caso Neurona’ contra Podemos

Juan José Escalonilla, juez del caso Neurona, ha comunicado a las partes que una empresa creada hace solo 16 meses se ha ofrecido para elaborar el informe final de la investigación que mantiene imputado a Podemos. El magistrado lleva casi 11 meses buscando un perito que confeccione dicho documento, donde quiere que se determine el precio de los servicios prestados por la consultora mexicana Neurona para así compararlo con los 363.000 euros que pagó el partido. Pero hasta ahora no había encontrado quién asuma el encargo y cerca de media docena de profesionales lo habían rechazado. De hecho, la oferta de esta compañía, IP Peritos Informáticos S. L., llega justo cuando el instructor había recibido una nueva negativa: la Asociación de Comunicación Política (ACOP), que estuvo presidida hasta el verano por la exdirectora de Comunicación del socialista Pedro Sánchez, se descartó también para ejecutar la valoración.

El Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, encabezado por Escalonilla, informó el martes de que había recibido el ofrecimiento de los dos administradores de IP Peritos Judiciales S. L., Eduardo García y Luis Navas, que tienen la sede en Madrid. Según consta en el registro mercantil, esta compañía se creó el 27 de mayo de 2021. La empresa envió su propuesta al magistrado el 7 de septiembre de este año tras, según afirma en un email, enterarse por la prensa de que no logra encontrar un perito que elabore el informe sobre los trabajos prestados por Neurona durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019.

En la documentación enviada al juez, a la que tuvo acceso EL PAÍS, la empresa incide en que tiene capacidad para “afrontar el caso”, aunque necesitaría el auxilio de otras compañías para analizar la parte de redes sociales y la “parte audiovisual y creación de vídeos” —para lo que recurrirían a una pyme, por ejemplo—. “En caso de ser necesario, tengo compañeros que tuvieron relación con el asesoramiento de campañas de comunicación de países latinoamericanos”, apostilla la propuesta de IP Peritos Judiciales S. L., donde uno de sus administradores añade: “Tengo el título de grado superior (FP) de diseño gráfico y producción editorial. Habiendo trabajado en la revista de seguridad y defensa de Atenea. Actualmente tengo una empresa dedicada únicamente al peritaje en la especialidad de la informática forense”.

“Hemos realizado informes mediáticos, como el de Francis de Teruel [sic]. Y participamos en el caso de Abengoa como soporte técnico del perito judicial P. E.”, añade el escrito enviado a Escalonilla. El magistrado aún no ha informado a las partes de si ha decidido concederle a la empresa el encargo, según fuentes jurídicas.

El informe que nadie asume

Esta pericial se ha convertido en un quebradero de cabeza para el juzgado, que trata de sacarla adelante desde hace casi un año. Escalonilla la considera una pieza clave y por ello, en noviembre de 2021, acordó confeccionar el informe sobre los trabajos prestados por Neurona que él mismo ya da por acreditados: 48 diseños gráficos, 48 vídeos y la cobertura de siete actos electorales —a los que se deben sumar otros 134 archivos que la Audiencia de Madrid ha ordenado también tener en cuenta—. Pese a todo, Podemos critica que este encargo no incluye todos los servicios, pues la compañía ofreció “un servicio global de consultoría política, electoral y audiovisual”.

La formación también mantiene que, en una sociedad de mercado, resulta complicado calcular el coste. “Los precios no son tasas o aranceles [...] No es lo mismo elaborar productos puntuales que tener la disponibilidad de un equipo de campaña completo que pueda cubrir todas las áreas, a disposición 24/7 [...] Ni todos los despachos ni todos los profesionales cobran lo mismo por sus servicios”, incidía el partido en un escrito. La Fiscalía también cree que este informe no tendrá mucha trascendencia: “Entendemos que la formación política puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”.

Desde noviembre del pasado año, el juez Escalonilla se ha dirigido a distintos profesionales para que asuman el informe. Sin éxito. Ha contactado, al menos, con dos peritos, dos asociaciones profesionales y una de comunicación. Pero ninguno lo ha querido elaborar. Uno de ellos explicaba a EL PAÍS: “Debe hacerlo un experto en cuestiones electorales, temas audiovisuales, campañas o marketing. Alguien que tenga alguna relación con la publicidad, el periodismo... Yo soy ingeniero industrial. No he hecho jamás un peritaje de ese tipo, ni lo conozco”. La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid también le comunicó que no disponía de un “perito capacitado” tras pedir ayuda al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y al Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública.

La última negativa le ha llegado desde la Asociación de Comunicación Política (ACOP), que estuvo presidida hasta el verano por Verónica Fumaral, exdirectora de Comunicación de Pedro Sánchez. El 14 de septiembre, esta entidad enviaba una carta al juzgado para “rechazar” el encargo al “no cumplir con los requisitos”: “ACOP es una asociación sin ánimo de lucro y no una mercantil. No realizamos actividades como edición de vídeo, ni participamos como asociación en campañas electorales”, explicaba su actual presidente, Óscar Álvarez.

Dos años de pesquisas

El caso Neurona cumplió dos años en julio. La causa nació como un macroproceso, pero se ha desinflado. El juez abrió siete líneas de investigación, de las que se dio carpetazo a seis —además de a otras tres derivadas, como el caso Niñera, todas archivadas ya—. Las indagaciones descartaron, entre otros asuntos, los supuestos sobresueldos a cargos de Podemos, el desvío de dinero de la Caja de Solidaridad o irregularidades en la reforma de la sede. Solo sigue viva la parte principal del sumario: el contrato de Neurona, donde el juez sospechaba en un principio que la formación pagó más de 360.000 euros por proyectos que nunca se realizaron. Sin embargo, una vez acreditada una parte de ellos, ahora se quiere valorar si los trabajos coinciden con el precio abonado.

En este sentido, el informe pericial pendiente resulta clave para el magistrado. Es más, el pasado 27 de julio dio por cerrada la instrucción, a falta de recibir ese documento y otro informe de la Policía sobre correos electrónicos de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Una vez que los obtenga, Escalonilla tendrá que decidir si archiva la causa o si procesa a alguien.