El Estado solicita al juzgado de A Coruña que impida a los Franco retirar los últimos 564 bienes reclamados del Pazo de Meirás

La Abogacía del Estado ha enviado un escrito al Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña en el que solicita que la entrega a los herederos de Franco de bienes del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) acordada por un decreto del juzgado gallego el pasado lunes se circunscriba “exclusivamente” a los que no fueron incluidos en la demanda presentada por el Estado contra los Franco el pasado 21 de septiembre en Madrid y sobre los que ha solicitado medidas cautelares.

Desde que el Estado recuperó la propiedad del Pazo de Meirás en 2020 —la sentencia está pendiente de un recurso ante el Supremo— se han hecho varios inventarios de bienes, fundamentalmente, porque las reiteradas negativas de los Franco a permitir la entrada en el edificio habían complicado a los técnicos saber qué había dentro. El pasado 21 de septiembre el Estado demandó a los Franco para reclamar otros 564 bienes muebles, entre ellos, multitud de documentos hallados en el despacho y la biblioteca del dictador en el pazo, así como la medida cautelar de depósito de los mismos mientras se resolvía el contencioso. Pero el juzgado de A Coruña, que estimó parcialmente un recurso anterior de la Abogacía del Estado, la Xunta de Galicia y los Ayuntamientos de A Coruña y Sada, no había recibido aún notificación de la nueva demanda por los 564 bienes del último inventario, que fue admitida por un juzgado de Madrid el pasado miércoles.

Vista con los Franco el 21 de octubre

El juzgado de Madrid emitió este jueves una providencia por la que no considera pertinente las medidas cautelares solicitadas sin escuchar antes a las partes y fija el próximo 21 de octubre para una vista. Dicho juzgado también acordó remitir una copia de la demanda del Estado al juzgado de A Coruña para que tuviera conocimiento de esa medida cautelar pendiente de resolución. Por todo esto, en su escrito al juzgado gallego, la Abogacía del Estado advierte que “acordar ahora la entrega de bienes puede conllevar que resulte ineficaz y carente de objeto la medida cautelar” por lo que pide que la entrega acordada se circunscriba a aquellos bienes que no han sido objeto de reclamación.

Este último inventario de 564 bienes incluye documentos de valor histórico como, por ejemplo, numerosos listados de adhesiones de exmilitares y falangistas a lo que Franco llamó “la guerra de liberación”, informes reservados sobre la resistencia y escritos de instituciones y personalidades intentando congraciarse con el dictador. El catedrático de historia contemporánea Julián Casanova, aseguraba, al conocer de su existencia: “Llevo 40 años investigando a Franco y me encantaría ver esos documentos que llevan tantos años secuestrados. Seguro que son relevantes y deben ser investigados, pasar al Archivo Histórico Nacional y ser compartidos con el público. Son documentos de un jefe del Estado. Los de Mussolini o Hitler ya están en los archivos”.