El Estado reclama a los herederos de Franco 564 bienes del interior del Pazo de Meirás

La Abogacía del Estado ha presentado una demanda contra los herederos de Franco por la que reclama 564 bienes muebles que se encuentran en el interior del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), residencia estival del dictador, cuya propiedad recuperó el Estado en 2020 en los tribunales —está pendiente un recurso ante el Supremo—. El listado incluye elementos que el Gobierno considera que son bienes de Patrimonio Nacional (2), de Patrimonio Documental (409) y de dominio público (153) “por su interés histórico o artístico”. La demanda, de 230 páginas, solicita, además, medidas cautelares para que se acuerde la permanencia de esos bienes dentro del Pazo y en depósito de la Administración hasta que el juzgado resuelva sobre su propiedad.

El pasado julio, un juzgado de A Coruña ya concedió al Estado la custodia de bienes del Pazo de Meirás que estaban en litigio entre los herederos del dictador, el Estado, la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de A Coruña y Sada. A finales de 2020, los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta presentaron un inventario de 697 objetos, de los que los Franco reclamaron inicialmente 55. Luego renunciaron a cinco, pero pidieron permiso para llevarse otros 500 bienes. El Estado no se fía de los herederos del dictador, por eso ha pedido medidas cautelares sobre los ya inventariados y ha añadido otros 564 que en su día no habían sido incluidos ante “las reiteradas negativas de los demandados a facilitar el acceso al interior del edificio a distintos técnicos” para documentar debidamente qué había dentro.

Algunos de estos bienes se adquirieron junto al Pazo de Meirás en 1938. Otros se introdujeron en el inmueble entre esa fecha y 1975, año de la muerte del dictador. Explica la Abogacía del Estado que, “al igual que el bien inmueble del Pazo de Meirás que los contiene ha sido declarado como bien de dominio público por ser un bien adscrito exclusivamente al servicio público de cubrir las necesidades de residencia de verano del jefe del Estado, los bienes muebles que existían en su interior durante ese periodo temporal (1938-1975) quedaron afectos al mencionado servicio público, lo que determinó la adquisición, al menos por usucapión, de su condición de bienes de dominio público adscritos a un servicio del Estado”. Añade la demanda que, junto a esos bienes, existen otros “sujetos a una legislación especial” que permite que sean declarados " de dominio público”.

La Abogacía del Estado, que describe el Pazo de Meirás como “lugar de memoria”, incorpora al escrito los informes periciales para la identificación concreta de los bienes reclamados con una descripción detallada y las “distintas referencias gráficas, literarias...” que permiten acreditar su incorporación o presencia en el inmueble durante el periodo de tiempo en el que fue residencia de verano del dictador. Se trata de una mesa vitrina de la segunda mitad del siglo XIX que formó parte de la decoración de la Sala de Música de la reina Victoria Eugenia en el Palacio Real de Madrid; piezas de madera tallada y dorada al agua del siglo XVIII (ambas Patrimonio Nacional, según el Estado) y numerosos libros y documentación hallados en la biblioteca y el despacho personal de Franco en el Pazo. El listado incluye textos propios de la burocracia de la dictadura, así como cartas en las que distintos organismos y personalidades alaban al dictador o le piden recursos para distintas actividades. Pero también agendas personales de Franco con anotaciones sobre reuniones, documentos reservados sobre la resistencia, listados de militares que manifestaron su adhesión a lo que llaman “guerra de liberación” (la Guerra Civil), fotografías de Franco en el frente, informes políticos, como el que versa ”sobre la posible asociación de España al Mercado Común”, fechado en 1962, o incluso un “proyecto de reforma sobre el nuevo estadio del Real Madrid”.

También añade un listado de bienes sobre los que la demanda no formula pretensión de dominio. Se trata de las esculturas del Maestro Mateo —que ya reclama el Ayuntamiento de Santiago de Compostela— o los cerca de 3.200 volúmenes de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán que aún permanecen en el pazo —se ha incoado el procedimiento para declararlos bien de interés cultural conforme a una resolución de la Xunta de noviembre de 2020—. La Abogacía del Estado solicita en la demanda que se dé traslado de su presentación tanto al Gobierno gallego como al Ayuntamiento de Sada.

En enero de 2021, expertos del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC documentaron cómo dejaron los herederos del dictador el emblema del expolio franquista. “La huella de Franco está por todas partes”, relató a EL PAÍS el director de los trabajos, Alfredo González Ruibal. “Hay media docena de retratos suyos por las paredes, incluido el célebre de Zuloaga, un busto suyo... Todo el espacio ha sido adaptado a los gustos de Franco”. La célebre biblioteca de Emilia Pardo Bazán, con más de 3.000 ejemplares, añadía, “está totalmente distorsionada”, sepultada por volúmenes correspondientes al periodo franquista.

Los Franco pretenden batallar hasta el final para tratar de mantener la propiedad del pazo y de sus bienes. De hecho, presentaron hasta una querella criminal contra la autora de uno de los informes sobre el pazo, que fue archivada. A su juicio, el contexto de represión en el que se habían producido las expropiaciones y la colecta popular para regalar el inmueble a Franco eran “irrelevantes”. Fue ese mismo contexto, el de la represión, el que permitió al dictador hacerse rico. En 1935, Franco cobraba una nómina de 2.429, 98 pesetas (unos 5.300 euros de hoy) como jefe del Estado Mayor. En 1940 disponía del equivalente a 388 millones actuales en sus cuentas. Hasta la Guerra Civil solo tenía su sueldo de militar y la herencia de su mujer. Todo eso se convirtió, con el tiempo, durante la dictadura, “en una riqueza espectacular” en palabras del historiador Paul Preston.