El Gobierno ha defendido el actual sistema de elección de los vocales del Poder Judicial en todas las negociaciones frustradas para renovarlo

Pedro Sánchez ha tenido tres ministros de Justicia (Dolores Delgado, Juan Carlos Campo y, la actual, Pilar Llop), pero la opinión del Gobierno sobre el sistema de elección de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha mantenido invariable. El Ejecutivo defiende el método actual, en el que los candidatos a miembros judiciales son preseleccionados por los propios jueces (cualquier juez en activo puede presentar su candidatura si cuenta con el apoyo de 25 jueces o de una asociación judicial) y el Parlamento tiene que elegir a los 12 vocales de entre los integrantes de esa lista. Para el Gobierno, este sistema garantiza una doble legitimación de los candidatos elegidos (preseleccionados por sus compañeros y, después, por el Congreso y el Senado), frente al sistema que pretende imponer el PP, en el que los vocales serían directamente designados por los miembros de la carrera mediante una elección directa.

La elección directa por parte de los jueces es también el sistema que defienden las tres asociaciones judiciales de tendencia conservadora (las dos más numerosas de la carrera: Asociación profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria, y el Foro Judicial Independiente). La progresista Juezas y Jueces para la Democracia había apostado también por este sistema desde 2014, pero en su último congreso debatió el asunto y decidió cambiar de postura ante el convencimiento de que una elección corporativa llevaría a que las dos principales asociaciones acapararían todos o casi todos los vocales jueces. Con este giro, el PSOE recuperó el apoyo de su asociación judicial más afín en un tema capital, aunque tanto entre los socialistas como entre los jueces progresistas, hay matices respecto a si el procedimiento debe mantenerse tal cual o hacer cambios, pero siempre sobre la base de que la última palabra la tenga el Parlamento.

El Gobierno no se ha negado hasta ahora a abrir esa reflexión, y así se había acordado con el PP en la negociación para renovar el CGPJ que más cerca estuvo de terminar en pacto: la mantenida en el otoño de 2018 y que proponía al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como presidente del Consejo y del alto tribunal, pero que acabó naufragando después de que el entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, se jactara en un mensaje de WhatsApp a sus compañeros de que ese pacto permitiría al partido controlar “desde atrás” la Sala de lo Penal. En aquel acuerdo, que estaba casi cerrado, socialistas y populares habían pactado, según fuentes de la negociación, renovar el Consejo de acuerdo a la ley vigente y, una vez que el nuevo órgano tomara posesión, debatir en el Parlamento si había que cambiar el sistema y en qué dirección.

Delgado, primera ministra de Justicia de Sánchez, fue la que más claramente abogó por establecer mecanismos de “objetividad y transparencia” sin abandonar el sistema de elección parlamentaria. Para ello, según explicó en una comparecencia ante la comisión de justicia del Congreso, su intención era establecer un proceso de valoración efectiva de méritos y de un proyecto de actuación que deberían presentar los aspirantes y que serían públicos. Campo, su sucesor al frente de Justicia, abogó también por introducir este tipo de filtros y llegó a proponer que se designara una comisión de expertos ajenos a los partidos para que se pronunciaran sobre los candidatos. La ministra Llop no se ha negado tampoco a debatir cambios en el sistema una vez que se renueve el Consejo, pero sin renunciar a la intervención del Parlamento.

Ninguna directiva ni norma de la Unión Europea fija cómo tienen que funcionar los órganos de gobierno de los jueces de los distintos Estados miembros porque ni siquiera este órgano existe en todos los países. Pero el PP y distintos dirigentes europeos, entre ellos el comisario de Justicia, Didier Reynders, suelen aludir a los “estándares europeos” de los que, supuestamente, se aparta el sistema español. A estos “estándares” se refiere también el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, en los informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones que ha ido haciendo en los últimos años para la prevención de la corrupción en el ámbito parlamentario, la judicatura y la Fiscalía. En esos documentos, el Greco ha instado reiteradamente a España a modificar el sistema de elección de los 12 vocales jueces para que sean “elegidos por sus pares” y que el poder político no participe “en ninguna etapa” del proceso.