La disputa por las clases medias

Quién defiende de verdad a las clases medias; cuál es el partido que mejor entiende sus necesidades; qué medidas tributarias son las más eficaces para aliviar el quebranto diario de millones de ciudadanos por la desbocada alza de los precios. En el enredo del Impuesto sobre el Patrimonio, suscitado por el PP, o mejor, por algunas de las comunidades autónomas gobernadas por ese partido, el debate sobre la política fiscal se ha adulterado, según demuestran los datos y describen los organismos independientes. Una vez aminorado el ruido partidista, emergen las cifras y las necesidades del Estado para satisfacer a los ciudadanos. El PP nacional, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, sabe que atacar al PSOE por crear un impuesto para las grandes fortunas tiene un calado limitado en amplísimas capas sociales. Lo importante es el IRPF, apuntan fuentes populares. Ese impuesto es el que importa al afectar a las clases medias y bajas, donde se concentra mucho voto del PP y del PSOE.

La liebre fue lanzada la semana pasada por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla: bonificación al 100% del Impuesto sobre el Patrimonio. A partir de ahí, se acrecentó la dialéctica de ricos y pobres, que adelantó Pedro Sánchez. A la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, el Gobierno central contrapuso el anuncio de un tributo sobre las grandes fortunas que negó hace un trimestre a sus socios de Unidas Podemos. Esa contradicción viene resolviéndose argumentalmente con la necesidad imperiosa de hacer frente a una realidad cambiante. En esta discusión entre partidos, y en el seno del propio Gobierno, no debe esperarse posiciones rectilíneas ni que aguanten durante un tiempo prolongado. Los populares piden la bajada de impuestos a los ricos, a las clases medias, las bajas y las trabajadoras, con toda la amplitud y diversidad que las compone.

Vaya donde vaya Feijóo, su discurso central es sobre impuestos, sin entrar en detalles. El pasado fin de semana en Melilla, en la clausura del congreso del PP de la ciudad autónoma, unió varios conceptos, no necesariamente en armonía. “Pedro Sánchez quiere acabar con los ricos y yo quiero que no haya pobres por las políticas que él hace”, afirmó el líder popular, lejos ya de recrearse en el dato de que algunas de sus comunidades han bonificado el Impuesto sobre el Patrimonio. La afirmación cierta de que en casi ningún país existe este tributo, lo es tanto como la de que sí es generalizada, con otras denominaciones, la tributación a la riqueza.

Tampoco está el PP ahora por mantener la trifulca sobre un nuevo impuesto para las empresas energéticas, referido a los beneficios extraordinarios, que les han venido por la tragedia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los ataques a Sánchez por este anuncio se diluirán en una crítica más general, ya que el Gobierno de coalición no hará nada diferente a lo que marque la Unión Europea. Unas decisiones en las que España tendrá una opinión influyente.

No hay marcha atrás en la propuesta de nuevo cuño del Gobierno de crear un impuesto para las grandes fortunas. Todo ingreso es necesario, argumentan en el Ejecutivo, pero no es solo eso. El Gabinete de Sánchez quiere asentar un mensaje en la sociedad sobre quiénes son su principal motivo de preocupación: los débiles o muy débiles económicamente, y todos los que se tienen que desenvolver con limitaciones en la vida diaria. En el Gobierno se asegura que estas medidas, aún por cerrar, no suponen entrar en una senda de radicalismo ni extremismo. Ahí es donde le va a situar el PP, se justifique o no esa acusación por las medidas concretas. Por el impuesto a los ricos no parece que vaya a producirse una gran queja social, ni tampoco por los recargos a las empresas por sus beneficios extraordinarios, concluye el PP. Sí debe calar la exigencia de deflactar la tarifa del IRPF a quienes tengan rentas medias.

La bajada del IRPF no está en la página de prioridades del Gobierno, necesitado como está de recursos para atender a tantos sectores afectados por las consecuencias de la guerra de Ucrania. La prolongación de las medidas adoptadas hace tres meses son un apunte de por dónde quiere conducirse el Ejecutivo, pero todo resulta insuficiente.

Aún no se cumplen las recomendaciones del FMI, del BCE y de la OCDE sobre la conveniencia de dirigir las ayudas a los sectores más vulnerables y huir de las medidas que afecten a todo el mundo por igual. Las bajadas del IVA de gas y de luz son para todos los ciudadanos, también las ayudas para paliar el precio de los carburantes. Eso no cambiará, pero convivirá con ayudas a los más necesitados. Para eso se necesita recaudar. No es comunismo, “es socialdemocracia”, apuntan en el Gobierno, muy cómodo en no dejar de mencionar a “los ricos” y su obligación de aportar y hacer un esfuerzo solidario en favor de las clases medias y bajas. A las mismas que cita el PP como prioridad.