Magistrados del Supremo apuestan por una reforma legal que disuelva el Poder Judicial cuando caduque su mandato

La falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se alarga ya casi cuatro años, ha encendido las alarmas en el Tribunal Supremo, el órgano en el que reside la cúpula del Poder Judicial español y el más afectado por esa interinidad. La imposibilidad de cubrir las vacantes a raíz de una reforma legal que veta los nombramientos discrecionales mientras el Consejo esté en funciones, ha dejado diezmado al Supremo (con 14 puestos vacíos de un total de 79) y algunas de sus salas tienen ya graves problemas de funcionamiento. En este escenario, entre magistrados del alto tribunal consultados por este periódico se ha extendido el convencimiento de que hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer que los vocales del CGPJ cesarán de forma automática en cuanto se cumplan los cinco años de mandato que establece la Constitución. La misma reforma proponen para los mandatos del Tribunal Constitucional, cuya renovación está pendiente de que el órgano de gobierno de los jueces nombre a los dos magistrados que le corresponde designar.

Los partidos políticos han propuesto en los últimos años múltiples reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El PSOE ha impulsado las dos últimas aprobadas: la primera, para prohibir los nombramientos discrecionales por parte del CGPJ cuando, como ahora, tenga el mandato prorrogado (el del actual expiró en diciembre de 2018); la segunda, para corregir la anterior y devolver al Consejo las competencias para elegir a los magistrados del Constitucional, pero manteniendo el veto para el resto. El PP ha condicionado su disposición a desbloquear el Consejo a distintas reformas legislativas, sobre todo, para cambiar el sistema de elección de los vocales del cupo judicial, pero también para regular las “puertas giratorias” entre los altos cargos políticos y judiciales o para introducir “garantías de independencia” en la designación del fiscal general del Estado.

“Hay que garantizar que lo que está pasando no va a volver a ocurrir”

Entre los magistrados del Supremo consultados hay disparidad de criterio sobre la conveniencia de alguno de estos cambios, pero todos ellos coinciden en que sí hay una reforma que habría que abordar cuanto antes y que no ha sido planteada formalmente por ninguna fuerza política: el cese de los vocales del Consejo cuando se cumplan los cinco años de mandato. La Constitución establece que los 20 vocales son elegidos para un periodo de cinco años y la ley orgánica que regula el funcionamiento del órgano fija que el CGPJ saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Este es el apartado que los magistrados del Supremo apuestan por modificar. “Hay que garantizar que lo que está pasando no va a volver a ocurrir. No se puede volver a dejar al albur de los partidos”, afirma un magistrado que, como otros con los que ha hablado este periódico, asegura que el cese automático de las funciones de los vocales obligaría a los grupos políticos a pactar en tiempo la renovación.

Estos jueces sostienen que la prolongación del mandato de forma indefinida, como ocurre ahora, es contrario al espíritu con el que se redactaron la Constitución y la ley que la desarrolla. Esa norma establece que los presidentes del Congreso y del Senado deberán “adoptar las medidas necesarias” para que la renovación del Consejo se produzca en plazo, y, para ello, cuatro meses antes de la expiración del mandato, el presidente del CGPJ debe informar a las Cámaras y abrir el plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales del turno judicial. “La ley está hecha para que se cumpla lo establecido en la Constitución. La intención de los legisladores era que la renovación se anticipara a la expiración del mandato”, señala un magistrado, que advierte de que el fin de los mandatos no es algo “accesorio, sino un asunto sustancial en democracia”. “El principio democrático es la limitación temporal de los poderes”, apunta.

Aunque hay unanimidad entre los magistrados consultados sobre la necesidad de impulsar esta reforma, hay diversidad de opiniones sobre cómo debe ponerse fin a las funciones de los miembros del Consejo una vez que venzan los cinco años para los que fueron elegidos. Unos abogan por cesar tanto a los vocales como al presidente el mismo día que expire el mandato. Otros, por dejar solo al presidente, que es el único que, según la ley, puede aspirar a un segundo mandato. Algunos jueces admiten que se acuerde un plazo extra de no más de seis meses y, a partir de ahí, sustituir a los vocales por juristas elegidos por sorteo o con algún mecanismo establecido ajeno a los partidos, para que sean ellos quienes gestionen el día a día del Consejo hasta su renovación.

Tareas vitales

Al margen de elegir a los miembros de la cúpula judicial (competencia ahora vetada por ley para el Consejo mientras esté caducado), el órgano de gobierno de los jueces tiene encomendadas otras tareas, la mayoría de ellas administrativas, pero vitales para funcionamiento de la justicia, desde los nombramientos, ascensos y traslados que se resuelven por escalafón a la concesión de permisos o la convocatoria de oposiciones. “Si todo esto se paraliza, toda la responsabilidad recaería sobre los partidos y se verían obligados a negociar. De lo contrario, la justicia colapsaría”, expone un magistrado del alto tribunal. Los consultados advierten, además, que una vez que los vocales propuestos por uno u otro partido hubieran abandonado su puesto, ninguno de ellos tendría interés en mantener el órgano bloqueado.

Los jueces creen necesario también abordar un cambio similar para el Tribunal Constitucional, con el objetivo de que los magistrados cesen en cuanto se cumplan los nueve años para los que fueron elegidos. “Si no hay Consejo o el Constitucional tiene que actuar con cuatro o cinco miembros menos, la responsabilidad sería de los partidos y así lo percibirían los ciudadanos”, afirma un magistrado del alto tribunal partidario de ambas reformas.