El PP plantea que la UE suspenda de forma temporal los derechos sobre emisiones de CO₂ para afrontar la crisis energética

Casi una semana después de que Alberto Núñez Feijóo enseñara en el debate con Pedro Sánchez en el Senado la carátula de su plan para afrontar la crisis energética, el PP ha difundido este lunes su contenido y lo ha remitido a La Moncloa. El documento, de 46 páginas, contiene un total de 59 propuestas que el PP dice estar dispuesto a negociar y consensuar en su caso con el Gobierno, aunque el texto es muy crítico con las medidas que ya ha planteado el Ejecutivo progresista, como la excepción ibérica o el impuesto a los beneficios extraordinarios a las eléctricas. En el plan del PP de Feijóo destaca una propuesta de incentivo al ahorro energético de familias y pequeñas empresas por la vía de descuentos directos en sus facturas, así como una medida que el PP propone que España defienda en la Unión Europea que podría implicar romper con la agenda climática internacional. Los populares plantean que la UE “suspenda” con carácter “temporal, reducido y orientado a ayudar en esta profunda crisis” los derechos de emisiones de CO₂ “por algunos meses”.

El Gobierno, a través de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha señalado en una primera lectura que lo considera “decepcionante” porque tiene medidas que ya se están aplicando, otras muy poco definidas y algunas que beneficiarían a los contribuyentes más ricos, que son los que más consumen, como la que implica bonificaciones en la factura más altas cuanto mayor sea el ahorro energético. Ribera, en cualquier caso, ha señalado en la SER que estudiarán con más calma el texto y se ha mostrado satisfecha de que el PP haya hecho un giro hacia posiciones más cercanas a las que mantiene la Comisión Europea que hasta ahora rechazaba, hasta el punto de votar en contra a la mayoría de las medidas que iban en esta línea, según ha explicado la vicepresidenta.

El PP defiende en el documento que, a pesar de que el compromiso con la reducción de emisiones de CO₂ es uno de los objetivos prioritarios para la lucha contra el cambio climático, “la grave crisis energética actual obliga a replantear el coste de estas emisiones”. Los populares proponen, en primer lugar, que España tome la iniciativa en el ámbito comunitario para lograr “una rebaja sustancial del precio de los derechos de emisión de CO₂″. Después, “si fuera necesario y así se acordase por la UE, aunque siempre matizando que sería con un carácter temporal, reducido y orientado a ayudar en esta profunda crisis, se podría plantear una suspensión de los derechos por algunos meses”, añade el texto.

Es decir, el PP plantea una especie de paréntesis en las reglas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para afrontar la crisis energética. Los derechos de emisión de CO₂ son la capacidad que tiene un tipo de instalación a emitir gases de efecto invernadero durante un periodo de tiempo, y están regulados a consecuencia de los compromisos que ha adquirido la UE en el protocolo de Kioto. “En ningún caso esta suspensión significaría renunciar a la posición europea ni a nuestros objetivos climáticos”, defienden los populares, aunque algunos expertos consideran que una medida como esta implicaría suspender los acuerdos internacionales de cambio climático y supone un guiño a los negacionistas y a Vox. “Es cierto que el entorno de dificultad nos está obligando a adoptar decisiones no previstas hasta la fecha con un claro carácter temporal orientadas a mejorar la situación del conjunto de europeos, pensando también en el empleo, la actividad económica y la respuesta a esta profunda incertidumbre”, añade el documento del PP.

Alivio de los precios

El plan del PP incluye como propuesta estrella para aliviar la carga del precio de la energía en las familias y las pequeñas empresas un sistema de bonificaciones progresivas en sus facturas. Es decir, el PP propone incentivar el ahorro de energía a familias y pymes reduciéndoles la factura en función del porcentaje de ahorro que consigan. Se establecen tres bandas: la primera, con ahorros de entre el 3% y el 6,9% (con una bonificación de un 5% el consumo de electricidad y un 10% el de gas); la segunda, con ahorros de entre el 7% y el 14,99% (con bonificación de un 10% la electricidad y un 20% el gas); la tercera, para ahorros superiores al 15% (con bonificaciones del 20% en el consumo eléctrico y el 40% en el de gas).

El mecanismo de esta medida funcionaría de forma similar a la bonificación que el Gobierno puso en marcha para la gasolina. Serían las propias empresas de gas y electricidad las que comprobarían el ahorro de sus clientes y les aplicarían en consecuencia la bonificación. Después, el Estado compensaría a las compañías. Es decir, a diferencia del impuesto a las eléctricas, que haría recaer en estas empresas el coste de aliviar la factura de la luz, los populares pretenden que sea el Estado el que compense a estas compañías con dinero público para que rebajen la factura. El PP ha calculado que esta medida tendría un coste para las arcas públicas de unos 2.900 millones de euros, aproximadamente, que los populares aseguran que podrían financiarse con el “exceso de recaudación” que ha logrado el Estado por la subida de precios de la energía y la inflación, que cifran en lo que va de año en más de 22.000 millones de euros, o en su caso utilizando también los fondos europeos.

Según Ribera, esta medida es la que contiene en la visión del Gobierno la “contradicción más preocupante” de todo el documento. “Todo el texto está lleno de propuestas cargadas de beneficios, que pueden ser muy costosas y no deja claro quién lo va a pagar, solo en algún caso alude a los Presupuestos. Son medidas muy cuantiosas y lo que no podemos permitir es que tengan efectos regresivos. Lo habitual es que el gran derroche se produzca sobre todo en las casas con más recursos, que son las que más consumen. Lo que tenemos que pensar, por el contrario, es como dar cobertura a las familias más vulnerables. La Comisión Europea ya nos ha dicho que es imperativo reducir el consumo de manera inteligente y equitativa”, ha señalado la vicepresidenta.

En cambio, el PP no comparte la principal fuente de financiación que el Gobierno ha buscado para aprobar medidas de alivio para familias y empresas por las consecuencias de la crisis energética: los impuestos a los beneficios extraordinarios a las eléctricas y a la banca. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, coordinador del plan, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que la posición del partido es “de entrada, no”, a estos tributos, porque “parece claro que esos impuestos serían al final pagados por los ciudadanos”. No obstante, el PP se ha resistido a confirmar hoy cuál será el sentido de su voto este martes en la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para aprobar estos impuestos extraordinarios. Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, el partido tiene debate interno sobre este asunto y sobre la mesa ha estado también en los últimos días la posibilidad de una abstención. Sin embargo, en el plan el PP pide al Gobierno retirar la propuesta de ley hasta que no se haya fijado una posición común en la UE sobre estos impuestos.

Ribera descarta, como reclama el documento del PP, que el Gobierno paralice el impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas mientras se coordina una posición europea. “En España hemos ido por delante en este asunto, y de hecho hemos inspirado la mayor parte de las referencias de la Comisión Europea y algunos estados que antes eran reticentes a estas medidas y ahora están de acuerdo. Es muy importante ver cómo contribuyen las grandes empresas a este esfuerzo. Es importante que se dé ese debate en el Congreso”, ha explicado. En cualquier caso, a Ribera del documento le gusta que el PP, en su opinión, esté girando ahora hacia posiciones a favor de topes de precios y cuestiones similares que antes rechazaba. “Es una buena noticia que el PP se alinee ahora con algunos postulados europeístas porque no lo hacían hasta hace poco en sus planteamientos y en sus votos, ya que rechazaban todo”.

El PP se lanza también contra la otra gran medida del Gobierno de Pedro Sánchez, la excepción ibérica, que critica porque “no solo parece que no ha contenido los precios, sino que, además, ha agravado nuestra dependencia del gas”. El PP cuestiona la efectividad de esta iniciativa que España logró que Europa permitiera para la Península ibérica y que se ha planteado extender a todos los países de la UE. “Los últimos estudios acreditan que la excepción ibérica ha dado lugar aun incremento del consumo del gas en España para producir energía”, dice, en cambio, el documento del plan de Feijóo, que critica que “desde su entrada en vigor, el precio mayorista de la electricidad ha subido un 41%, hasta los 301 euros por megavatio/hora”, aunque no recoge el cálculo de cuánto se habría incrementado el precio sin este tope. Por el contrario, los populares sí están de acuerdo con el gaseoducto MidCat que ha propuesto el Gobierno español y que sin embargo Francia rechaza.

Ribera contestó con ironía: “rechazan una medida como la excepción ibérica que ahora quiere aplicar Francia. Y critican una medida sobre los beneficios extraordinarios en la que se inspira Alemania para su medida estrella del nuevo plan. Y algunas medidas que plantean las estamos aplicando ya, en muchos casos no las respaldaron cuando las remitimos al Parlamento. Reivindican lo que antes criticaron. No sé dónde se han perdido en todo este tiempo”. A pesar de este tono, Ribera asegurá que estudiarán “con cariño e interés” el documento y están abiertos a incorporar las ideas que puedan ser útiles. Incluso admitió que en algunas ya está trabajado el Gobierno, aunque cree que en el texto del PP están muy poco detalladas y pueden estar mal enfocadas. Citó el caso de la suspensión de la norma de los derechos de emisión que plantea el PP. “Algunas medidas no están bien definidas pero forman parte de lo que estamos evaluando. No se trata de suspender los derechos de CO2, pero sí de un corredor de precios máximo y mínimo para dar certezas. Esto necesita más madurez y precisión”, remató.

“Estimado presidente”, encabeza Feijóo la carta que le ha remitido a Pedro Sánchez junto con su plan energético. “Quedo a su disposición y la de su equipo para que podamos debatir sobre estas medidas, aclarar cualquier duda y, si fuese el caso, negociar su implantación”, escribe el líder del PP. Fuentes del partido reconocen que no esperan que el Ejecutivo recoja el guante y subrayan que ni siquiera han logrado el acuse de recibo de La Moncloa de otros de sus planes remitidos al Gobierno. El clima no parece el mejor para afrontar una negociación, después de que los populares votaran en contra del decreto de medidas energéticas del Ejecutivo y de que ni siquiera haya sido posible un mínimo de entendimiento para resolver la parálisis del Consejo General del Poder Judicial.