El Gobierno entierra el transporte de residuos peligrosos desde Montenegro hasta Huelva

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sepultado el envío de residuos peligrosos desde el antiguo astillero de Bijela en Montenegro hasta el vertedero de Nerva (Huelva), interrumpido el pasado febrero tras una inspección de la Guardia Civil a uno de los barcos. El Gobierno, después de la suspensión temporal del traslado de desechos industriales, abrió un expediente sancionador y el pasado junio anuló los envíos previstos de 40.000 toneladas de granalla —un residuo peligroso con volumen arenoso— que aún restaban, y que ahora deberán encontrar otro destino fuera de España.

El traslado de basura tóxica a granel en barcos procedentes del país balcánico con destino al puerto de Sevilla comenzó en 2019 con 38.000 toneladas y continuó el pasado febrero con los buques Muzaffer Bey, Dakota y Shannon River. Ante las denuncias de los ecologistas, que criticaban el riesgo de un desastre medioambiental tras romper el principio de proximidad y recorrer más de 3.300 kilómetros, desde el mar Adriático hasta finalmente bordear Doñana para remontar el río Guadalquivir, la Guardia Civil inspeccionó la carga del Dakota en el puerto sevillano y reportó a las autoridades dos irregularidades: la carga de granalla sumaba 7.500 toneladas pese a que el permiso era para solo 7.000, y el Dakota no figuraba en el listado de buques autorizados para el traslado.

De este modo, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio estudió el atestado del instituto armado y decidió anular los permisos del resto de la carga pendiente de viajar desde Bijela hasta Nerva, amparándose en la legislación europea. Y en paralelo, impuso una multa de 50.000 euros a la multinacional francesa Valgo, encargada de la limpieza de los residuos contaminantes en Bijela, por un supuesto traslado ilícito de los desechos. Sin embargo, Valgo alegó ante el ministerio que el Dakota sí estaba entre los buques autorizados y que había pagado fianzas para trasladar hasta un máximo de 15.000 toneladas. El Gobierno estimó parcialmente sus alegaciones y rebajó la multa a solo 10.000 euros, una cantidad baja, ya que el máximo impuesto por sanción grave puede ascender a 300.000 euros al tratarse de residuos peligrosos. “Valgo alegó que había comunicado el envío, pero no lo hizo de la debida manera”, precisan fuentes de Transición Ecológica.

Ahora la multinacional gala avanza que no pagará la multa y acudirá a la justicia contencioso-administrativa para demostrar su buen proceder. “Claro que no aceptamos esa multa. Plantearemos la realidad de lo que ocurrió porque se tomaron decisiones injustificadas y era una pura mentira que Valgo no informó, porque el ministerio no había abierto el buzón de información pertinente. Todo fue una presión de la opinión pública y la información la tenían desde enero”, critica José Dos Santos, director de Desarrollo Internacional de Valgo.

El directivo francés censura que puso sobre la mesa de las autoridades españolas las garantías bancarias, las analíticas de los residuos y la identificación de los buques para el traslado a granel. “A pesar de ser un proceso regulado, perdimos mucho dinero con esta operación por culpa de una opinión pública manipulada. España había validado el traslado, pero los políticos por arriba quieren ser más verdes que verdes, aunque esto vaya en contra de tratar los residuos industriales de manera apropiada”, añade Dos Santos.

España y Montenegro son firmantes del Convenio de Basilea (sobre control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación), que regula este tráfico internacional de sustancias peligrosas junto al Reglamento Europeo de Traslado de Residuos 1013/2006. Este trasiego constante de barcos es legal y se guía por la lógica comercial y la oferta más económica, lo que hace que España sea destino predilecto y reciba muchos más residuos peligrosos de los que exporta. En 2019, España recibió 923.299 toneladas de desechos, nueve veces más de las 101.077 toneladas que exportó, según datos del Convenio de Basilea.

Tras el rechazo de España para recibir la carga de granalla —generada por mezcla de tierra y metales resultantes de las reparaciones de barcos—, ahora Valgo encontrará otro destino, que podría ser Montenegro u otro país. Dos Santos ha evitado desvelar el vertedero elegido por su firma.

En 2014, el Banco Mundial financió la operación de limpieza de Bijela con un crédito al Gobierno montenegrino de 53 millones de euros y Valgo ganó el concurso para la limpieza medioambiental. El organismo internacional emitió el pasado junio un informe en el que prorrogaba nueve meses el final de la operación de limpieza, hasta marzo de 2023, y recomendaba como la mejor opción la construcción de un vertedero nuevo para residuos peligrosos en Montenegro, lo que evitaría el transporte internacional y ahorraría seis millones a la operación. “Hay un plan realista para la gestión de los residuos en Montenegro si no pueden ser exportados”, reza el informe del pasado 30 de junio. Este diario ha intentado sin éxito recabar la opinión al respecto del Ministerio de Ecología y Urbanismo montenegrino.

Para Ecologistas en Acción, la paralización del traslado de residuos desde Montenegro tiene un sabor agridulce. “Las multas simbólicas no sirven para nada, o son ejemplarizantes o acentúan las malas prácticas ambientales. Es una victoria pírrica y la situación se repetirá. Hay que minimizar el tráfico internacional de residuos y Basilea no es un salvoconducto para que las empresas hagan lo que quieran”, denuncia Daniel López, responsable de residuos de la organización conservacionista.

Esta organización reclamó la pasada primavera al ministerio que prohibiera la controvertida importación de residuos para enterramiento en suelo español y así propiciar más operaciones de valorización de residuos, más caras para la industria, pero que favorecen la economía circular, como propician países como Francia. Fuentes de Transición Ecológica descartan de momento esa opción, dado que en España rige el Convenio de Basilea, firmado en 1989 y que permite el trasiego de desechos. Sobre el caso concreto de Montenegro, la organización conservacionista reclama transparencia y concluye: “Las grandes empresas tratan los residuos peligrosos como tema de alto secreto. Si hubiera total transparencia y se publicara de oficio toda la información como hace Montenegro, por ejemplo, no habría dudas. Valgo puede argumentar lo que quiera y la opinión pública no tiene posibilidad de valorar las ilegalidades contra la normativa y el Convenio de Basilea, que son ciertas y comprobables”.

Mientras, la actividad prosigue en el vertedero de Nerva (5.300 habitantes), un caso excepcional en España por la extrema cercanía de la instalación a la población, menos de 700 metros. Ajenos a la polémica ya enterrada, los camiones entran y salen del vertedero, cuya empresa DSM —que ha rechazado opinar para este reportaje— quiere prolongar la vida de la planta una década más tras 25 años de actividad, pese a la oposición del alcalde, los vecinos y los ecologistas. La decisión está en manos de la Junta andaluza, que guarda silencio desde hace ya dos años.