Los pisos de emergencia franquistas de Cádiz: paupérrimos y para toda la vida

Francisca Picasso se pasa el día a la fresca, sentada sobre su andador en la puerta del bloque de viviendas en el que vive desde hace más de medio siglo. Le viene bien por que, a base de saludar a unos y otros, vende la lotería clandestina con la que completa su exigua pensión de viudedad. También porque, incluso en días tórridos como el de hoy, el exterior se antoja menos asfixiante y claustrofóbico que su paupérrimo bajo de 48 metros, techos bajos y tres dormitorios con ventanas a un patio interior en el que los jaramagos tamizan la luz. Esta gaditana de 89 años es una de los 70 vecinos del barrio del Cerro del Moro, que llevan 66 años encerrados en unos pisos que el franquismo construyó como alojamientos de emergencia temporales. Casi la mitad de esa espera se les ha esfumado enredados en promesas incumplidas y burocracia con una Junta de Andalucía que admite el “engaño” en el pasado y promete estar en vías de solucionarlo. Pero Picasso no tiene muy claro que viva para contarlo. “Yo ya voy para el cajón de pino. A saber si lo veo”, tercia la anciana con humor negro.

La desesperación que solivianta a unos y llena de escepticismo a otros tiene domicilio en los números 1, 3 y 5 de la calle de Trafalgar y 2, 4, 6 —donde vive Picasso— y 8 de Batalla del Callao, en pleno Cerro del Moro, un barrio marcado por la necesidad y que aún se sacude el estigma de las drogas que lo llevó a su peor cara en las décadas de los ochenta y los noventa. Allí las 70 familias se han quedado “varadas, congeladas en el tiempo”, como resume Cadelaria Grimaldi, presidenta de la asociación de vecinos Claridad del Cerro del Moro. Cuando ella llegó al cargo, en 2014, decidió abanderar una lucha que ya llevaba décadas enmarañada “en promesas incumplidas”. “Llevamos años escuchando lo mismo, que nuestras casas eran las siguientes, pero aquí seguimos”, resume Gloria Vega, propietaria de una de esas viviendas de fachadas desconchadas y ventanas desvencijadas.

Mientras Vega —de 52 años y residente en un pequeño piso junto a sus hijos de 23 y 20 años— relata los padecimientos de humedades crónicas, problemas de tuberías o de electricidad, recibe un mensaje en el grupo de Whatsapp ‘Vecinos grupo San Fermín’. “Mira, son las chocolatinas de una despensa roídas por una de las ratas de los bloques”, relata la mujer mientras enseña la foto en su móvil. Una prueba más para Grimaldi: “Es lo que yo luego les envío a la Junta. Llamo y busco a quien haga falta, sea domingo o festivo. Nos tienen que hacer caso”. El nombre del chat es un guiño histórico al origen de todos los problemas de los moradores, reflejado en una de esas típicas placas franquistas decoradas con yugo y flechas que luce en el lateral de uno de los bloques de viviendas afectados. “Delegación Nacional de Sindicatos. Grupo San Fermín. 70 viviendas. Año 1956″, reza en una lápida que, desde hace meses, tiene otro mensaje añadido en forma de pancarta: “30 años esperando, Junta de Andalucía. 7ª fase ¡ya!”.

En pleno desarrollismo franquista de los años cincuenta, la Delegación Nacional de Sindicatos levantó a la carrera un barrio de la nada para alojar a gaditanos que vivían hacinados en infraviviendas —conocidas en Cádiz como “partiditos”— del centro o en situaciones de pobreza. A las afueras de al otro lado de la vía del tren de entonces, surgieron manzanas completas de viviendas de emergencia, la mayoría en régimen de alquiler. “Era algo temporal, de malos materiales”, recuerda Marco Antonio Barciano, tesorero de la asociación de vecinos. La transición arrancó, el Estado de las autonomías echó a andar, la Junta asumió las competencias en vivienda y se convirtió en gestora de los bloques. El año Expo 1992 se convirtió para muchos de los vecinos del Cerro del Moro en el inicio del fin de sus problemas. A partir de entonces, la Junta construyó hasta seis fases. La séptima y la octava que afectan de lleno a los 70 vecinos desesperados se quedó dormida en un cajón.

De entrada, su caso era distinto porque sus casas en estos años han pasado del alquiler a la propiedad. Al inicio de la década de los 2000, la Junta les ofreció comprar sus viviendas por importes inferiores a los 20.000 euros, que pagaron en pequeñas cuotas a la Administración. La gran mayoría compró sin dudar. Grimaldi cree que el acuerdo nació viciado de antemano, porque “esos pisos no estaban en condiciones para venderse”. El ofrecimiento se convirtió en un caramelo envenenado en forma de trámites burocráticos que la Administración andaluza socialista no pareció muy determinada a resolver hasta 2018, pese a que llegó a anunciar el inminente proyecto de construcción de los nuevos bloques ese año. O eso al menos asegura el director en funciones de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Cádiz, Juan Jesús Bernal: “La Junta les ha estado engañando durante 30 años. Te confirmo nuestro desagrado. Hasta 2018, se les han contado milongas. Cuando ese año tomaron posesión los nuevos directores [del gobierno del PP y Ciudadanos] se encontraron que no había nada”.

Cuando el actual equipo se puso a la tarea, hace ya cuatro años, se encontraron un galimatías legal, acrecentado por 66 años de espera para unas familias que han ido cambiando de generaciones y necesidades desde 1956. “Estamos teniendo que negociar con 17 bancos con derecho a crédito, 17 herencias y adaptarnos a la realidad actual de los 70 vecinos”, resume Bernal. En casa de Picasso primero llegaron a ser siete personas, el matrimonio y sus hijos. Años después, en el dormitorio que hoy es de la anciana y en el que apenas cabe una cama y un armario vivió su hija, su yerno y su nieta. “En invierno, la pared se pone negra de la humedad. En verano, el calor es insufrible”, resume la vecina.

El último escollo del grupo San Fermín ha venido por la necesidad de reparcelar el solar sobre el que se edificarán las futuras viviendas de los vecinos. El trámite necesitará pasar por el pleno de un Ayuntamiento, cuyo alcalde, José María González, Kichi, afea tanta demora en un debate emponzoñado en estos días a cuentas de una ciudad de la Justicia que la Junta debía construir cerca de esos pisos y que ahora ha dejado en el aire. Con todo, Grimaldi quiere creer ahora en los avances autonómicos y da “un voto de confianza” a la Junta. Bernal asegura incluso que la financiación de 10,6 millones de euros que costará la última fase está amarrada en distintos programas y partidas presupuestarias, ejecutables en distintas anualidades: “Vamos en plazos perfectos. No sé cuándo empezaremos a poner los ladrillos. La intención es correr lo máximo. Solo diré que el programa Ecovivienda —uno de los que quieren emplear— tiene que tener la obra ejecutada en julio de 2026″.

Gloria Vega ya no sabe ni qué creer. Comparte dormitorio con su hija y hace poco sufrió un ictus que le obligó a mudarse un tiempo con sus padres, por no poder subir las escaleras. “Mi hijo cuando era niño soñaba con un patio en el que jugar en su casa nueva, ahora ya serán sus hijos los que lo hagan”, tercia la mujer, antes de marcharse a cuidar de su padre enfermo. En un viernes de mediados de agosto, la vida sigue en la calle de Batalla del Callao. Tres vecinos charlan enfadados porque, tras contar su caso en el Diario de Cádiz, trolls anónimos han criticado una foto en la que se ve un plasma en un salón. “¿Qué se creen? Que por ser pobre no tengo derecho a vivir y a pedir lo que es mío? Yo no pido limosna, sino lo que me pertenece”, espeta enfadada, antes de marcharse. Francisca Picasso, ya recogida y a punto de almorzar, ni ganas tiene de enfurruñarse. Ella tira de humor para tanta espera hasta que, sentada sobre su cama, se quiebra emocionada sobre el hombro de Grimaldi: “¡Ay! A ver si nos dan la casita, no quiero morirme aquí”.