Los socios del Gobierno presionarán para incluir en el plan energético más ayudas al transporte público e impulsar las renovables

El turbulento camino del decreto de ahorro energético no ha hecho más que empezar con su convalidación el jueves en el Congreso. Tras lograr una holgada mayoría, con 187 votos a favor, se abre ahora otro periodo de negociaciones parlamentarias para su desarrollo como proyecto de ley. El recelo de los socios del Gobierno a que el proyecto quedara relegado en un cajón —“como ya había ocurrido en muchas ocasiones”, argumentan— llevó a los partidos a exigir una fecha específica para iniciar su tramitación. El PSOE se ha comprometido a que ese plazo sea de tres semanas desde que el texto llegue a la Mesa de la Cámara Baja, a principios de septiembre, por lo que se espera que la ponencia de la futura ley esté lista para finales del mes que viene o principios de octubre. Antes de esa fecha, los grupos podrán presentar enmiendas parciales y totales. Entre las medidas barajadas por formaciones como PDeCAT, ERC o EH Bildu se encuentran la gratuidad del autobús, ayudas económicas para empresas y un impulso más ambicioso de las energías renovables.

Desde el estrado, durante la defensa del decreto energético, el diputado del PSOE César Ramos ya adelantó la postura favorable del Gobierno ante las exigencias de los socios. “Meteremos modificaciones para mejorarlo; como que las comunidades energéticas puedan ser abastecidas por plantas que estén a más de 500 metros”, afirmó Ramos. Pero los grupos quieren más. Para empezar, Esquerra pretende que la distancia de las redes de autoconsumo llegue hasta los cinco kilómetros. También pide una moratoria en la aplicación de las medidas para trabajadores autónomos y pymes hasta el 30 de noviembre; un fondo autonómico para ayudar a las pequeñas empresas que tengan que adaptar sus infraestructuras hacia la eficiencia energética y solicitan financiación adicional para sufragar las inspecciones. “Se establecen medidas sin consenso, sin precisión, que no van acompañadas de las medidas necesarias para facilitar su cumplimiento”, criticó Joan Capdevila, ponente de ERC, desde la tribuna.

En la misma línea que el grupo republicano se mueve el PDeCAT. Su portavoz, Ferran Bel, aseguró el jueves que el Gobierno ha garantizado una línea de ayudas por valor de 100 millones de euros a las comunidades autónomas para acometer mejoras en los locales comerciales. Fuentes de la formación catalana aseguran, además, que probablemente introducirán como enmienda la gratuidad de los abonos de transporte de los autobuses. Esta medida pretende evitar que los trenes vayan aún más sobrecargados y que no se discrimine a las zonas donde el único medio de transporte público disponible sea el autocar.

Por su parte, EH Bildu ha pactado con el Gobierno mayor altura de miras a medio y largo plazo, no solo en el proyecto de ley que salga de este decreto, sino en la redacción y modificación de otras normativas. La formación abertzale centrará sus esfuerzos en que los textos que salgan de la Cámara Baja estén inspirados por un cambio en el modelo de consumo y en el abandono de los combustibles fósiles. Un objetivo que enfatizó su portavoz, Mertxe Aizpurua, desde el estrado: “La emergencia climática se está acelerando tanto que, o transformamos ya nuestros modelos de producción, o nos iremos al carajo”. Otro partido que pide medidas “estructurales” es Más País. Fuentes del partido de Íñigo Errejón califican de “parche” el decreto convalidado el jueves.

Pese a haber dado sus seis votos a favor, en el PNV discrepan sobre la necesidad de desarrollar un decreto “agotado” como proyecto de ley. “Lo interesante es lo que se vaya a planificar para el otoño y el invierno. Y eso exige una nueva legislación: pactemos eso”, subrayó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el patio del Congreso. Al diputado vasco no le preocupan las enmiendas ·porque “las medidas que contempla [el decreto] son muy puntuales y habrá que hacer otro decreto a más largo plazo”. El principal objetivo de su grupo parlamentario ahora es consensuar el nuevo plan de contingencia que el Gobierno está preparando de cara al otoño para Bruselas.

Pero no solo los socios del Ejecutivo introducirán enmiendas, las fuerzas de la derecha también alzarán la voz para intentar colar iniciativas que han venido reclamando estas últimas semanas. En el caso de Ciudadanos, su presidenta, Inés Arrimadas, envió el martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus exigencias. El Ejecutivo se muestra receptivo a tramitar sus propuestas a favor de acelerar la electrificación del parque móvil y completar el gasoducto Midcat, que conectaría con Francia a través de Cataluña y su uso potencial para hidrógeno verde. Desde el Partido Popular apelan al paquete de medidas que Alberto Núñez Feijóo propuso negociar desde Galicia.

Otras formaciones minoritarias como Coalición Canaria o los dos tránsfugas de UPN pedirán “eliminar las desigualdades” que existen en la bonificación de los transportes por territorios. También la CUP pretende entrar a negociar en el apartado de las eléctricas. En cualquier caso, y después de que la ponencia salga del Congreso a finales del mes que viene, el texto aún tendrá que pasar más trámites, entre Cámara Baja y Senado. Fuentes del Gobierno aseguran que la nueva ley entrará en vigor antes de Navidad.