El Constitucional tumba siete de cada diez recursos de Vox

Vox ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional el decreto ley de medidas de ahorro energético, que limita la temperatura en locales públicos y el horario de iluminación de los escaparates. El partido ultra se adelanta así a la Comunidad de Madrid, que se ha tomado con calma la presentación de un recurso para el que dispone de tres meses de plazo, y a la Junta de Castilla y León, donde presiona a su socio de coalición para que se sume a su iniciativa. Este será el recurso número 38 suscrito por el grupo parlamentario de Vox en el Congreso y el 64 del partido ultra en total ante el alto tribunal. Ninguna otra fuerza política se acerca, ni de lejos, al profuso empleo que la formación de Santiago Abascal hace del órgano garante de la Constitución.

Impotente para ganar votaciones relevantes en el Parlamento (no solo por estar en minoría, sino por su incapacidad para alcanzar acuerdos con otros grupos), Vox ha convertido al Constitucional en una tercera cámara donde intentar echar abajo los proyectos que el “Gobierno social-comunista”, como le llama, saca adelante en las Cortes.

La repetición de las elecciones generales, en 2019, permitió a Vox pasar de 24 diputados (en abril) a 52 (en noviembre) y superar el listón de medio centenar de escaños necesarios para poder recurrir leyes al Constitucional sin el apoyo de ningún otro grupo. El partido ultra ha empleado a mansalva este instrumento, concebido como último recurso de salvaguarda de la Carta Magna. Lo que resulta paradójico en una fuerza política que propone en su programa suprimir el Constitucional (y sustituirlo por una Sala del Supremo) y que lo atacó duramente por su demora en resolver los recursos sobre el estado de alarma, llegando a calificarlo de “tribunal prostitucional” una de sus dirigentes.

Las convocatorias a la prensa de comparecencias de Vox ante la sede del Constitucional, tras registrar un recurso, se han convertido en un clásico y una forma de abrirse hueco en los espacios de noticias. Raramente, sin embargo, se conoce la suerte de estas iniciativas, salvo cuando acaban con una sentencia favorable a los recurrentes.

Un análisis del registro del alto tribunal muestra, sin embargo, que solo seis de los 63 recursos presentados por Vox han sido estimados total o parcialmente, otros tres han sido desestimados por completo, uno desistido por sus promotores, 18 inadmitidos y 35 están pendientes de resolución. Si se excluyen estos últimos, el 64,2% de los que ya han concluido su tramitación han sido inadmitidos (por no tener el asunto calado constitucional, por falta de legitimación de los recurrentes o por presentarse fuera de plazo, entre otros motivos) y el 75% inadmitidos o desestimados. Más de siete de cada diez han sido, por tanto, tumbados por el alto tribunal.

Sin embargo, la imagen que ha proyectado Vox es muy diferente. Y eso porque algunos de los recursos ganados han tenido gran proyección pública. Los principales fueron los que provocaron la anulación de los sucesivos estados de alarma decretados con motivo de la pandemia, y ello por una causa formal, no de fondo: el alto tribunal entendió que las restricciones impuestas con el confinamiento exigían la declaración del estado de excepción y no solo el de alarma. También era formal el motivo por el que se anuló la inclusión del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia: debió hacerse por ley ordinaria y no por decreto ley, advirtió el Constitucional.

Igualmente ligada a la gestión de la pandemia estuvo la anulación del acuerdo de la Mesa del Congreso de suspender parcialmente la actividad parlamentaria en las primeras semanas de la crisis sanitaria. Y el alto tribunal ha cortado de raíz cualquier intento de imponer un cordón sanitario al partido ultra en el Parlamento vasco, donde amparó a su única diputada frente al intento de recortarle la capacidad de iniciativa. En cambio, ha rechazado de plano sus recursos contra la Ley de Educación (LOMLOE), la suspensión de los desahucios de familias vulnerables durante la pandemia o la reparación a las víctimas de la violencia policial y de extrema derecha en Navarra, entre muchos otros.

No mejor fortuna ha tenido Vox en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó sus recursos contra el nombramiento de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado; contra la prohibición de la concentración que el partido ultra pretendía celebrar en Ceuta en mayo de 2021, en plena crisis con Marruecos; contra la suspensión de su cuenta de Twitter por instigar al odio contra los magrebíes durante la campaña electoral catalana; o contra la negativa a suspender la exhumación de los restos de Franco.

En cambio, el Supremo ha dado la razón a los diputados del grupo ultra frente a la resistencia del Gobierno a facilitarles información (sobre expedientes de subvenciones o contratación de asesores); aunque no en todos los casos: se la negó cuando pretendió conocer los informes médicos de un exetarra al que el juez había concedido la libertad condicional por padecer una enfermedad incurable.

En tres sentencias diferentes, en marzo y abril del año pasado, el alto tribunal concluyó que Vox había vulnerado el derecho a la información por impedir el acceso de los periodistas de EL PAÍS y la Cadena SER a sus actos de campaña y en la noche electoral del 10-N de 2019; lo que no ha impedido que, desobedeciendo al Supremo, el partido ultra volviera a vetarlos en las elecciones castellano-leonesas y andaluzas de este mismo año.

Pese a estos fiascos, el partido de Abascal no va a desisitir de llevar la batalla política a los tribunales. Según sus dirigentes, el judicial es uno de los tres frentes en los que Vox plantea su guerra cultural, junto al parlamentario y a la movilización callejera, y, pese a todo, el que más satisfacciones le ha dado hasta ahora: no en vano, su papel como acusación popular en el juicio del procés le sirvió de trampolín mediático para llegar al Congreso. Aunque haya sido al precio de pagar miles de euros de condenas en costas y las cuentas de la formación incluyan una partida de 226.117 euros en fianzas judiciales, dos tercios de lo que destina a los depósitos por el alquiler de sus sedes en toda España (340.192 euros).