El opositor argelino Mohamed Benhalima denuncia a España ante la ONU

La decisión de España a finales del pasado mes de marzo de extraditar al disidente argelino Mohamed Benhalima, acusado por “terrorismo” en su país natal, continúa siendo objeto de controversia. Según ha podido saber EL PAIS, los abogados de Benhalima han elevado una denuncia contra España ante Naciones Unidas por haber violado dos artículos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Benhalima, un exoficial del Ejército argelino, se halla actualmente en una cárcel de la ciudad de Blida y ha asegurado a sus abogados argelinos y sus familiares haber sufrido “abusos sexuales y torturas”. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional consideran que las acusaciones de terrorismo en su contra son falsas.

La extradición de Benhalima, que había pedido asilo en España pero le fue rechazado, se produjo tan solo unos días después de que estallará un conflicto todavía vigente entre Argel y Madrid después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez imprimera un giro a sus posición respecto al conflicto del Sáhara Occidental para abrazar las tesis marroquíes. Como respuesta, Argelia llamó a consultas a su embajador a Madrid. Algunos analistas interpretaron la extradición de Benhalima como un gesto para apaciguar la ira del Gobierno argelino.

“La última información de sus abogados es que le han vuelto a poner en régimen de aislamiento”, explica Assia Guechoud, presidenta de la Asociación de Apoyo a Mohamed Abdallah, otro ex militar represaliado, y cercana a la familia Benhalima. “Ya lo había estado antes 45 días. Su estado físico y psicológico es muy preocupante, pero no le dejan ver a ningún médico”. Guechoud también denuncia que sus dos primeros abogados fueron arrestados tras visitarlo en la cárcel, y ahora se enfrentan a tres años de cárcel.

El pasado mes de abril, varias semanas después de su extradición, se supo que Benhalima había sido condenado en rebeldía en marzo de 2021 a 20 años de cárcel por cargos que, entre otros, incluían “pertenencia a un grupo terrorista” y “publicación de noticias falsas que minan la unidad nacional”. Esta última acusación está relacionada con la publicación de vídeos en los que denunciaba la corrupción en el Ejército argelino. Poco después, en mayo, salió a la luz pública que en otro juicio también celebrado en 2021 fue condenado a la pena de muerte, que sus abogados han apelado. En su momento, las autoridades españolas declararon no haber tenido conocimiento de esta condena antes de proceder a la extradición.

Durante los últimos cuatro meses, se han filtrado diversos vídeos a la prensa argelina en los que Benhalima, ya bajo custodia policial, admite haber conspirado contra el estado, y niega haber sido torturado desde su retorno a Argelia. Además, asegura que existe un complot contra Argelia instigado por poderes extranjeros y “terroristas argelinos”, pero que estos en realidad solo buscan “dinero y mujeres”. Antes de ser extraditado, el propio Benhalima ya advirtió en un vídeo grabado en Valencia de la posibilidad de que se emitieran vídeos suyos admitiendo falsedades tras ser “sometido a severas torturas a manos de los servicios de inteligencia”.

Un conjunto de 14 organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, emitieron el pasado 29 de marzo un comunicado en el que calificaban la deportación de Benhalima como “una violación flagrante de las obligaciones internacionales de España”, ya que existía un riesgo evidente de torturas. Además, critican que las autoridades españolas no aportaran ninguna prueba de que Benhalima hubiera realizado cualquier tipo de acto terrorista o de discurso del odio. “Parece que las autoridades [españolas] no han tomado en consideración un contexto en el que las autoridades argelinas muy a menudo lanzan acusaciones abusivas relacionadas con el terrorismo contra militantes pacíficos”, reza el texto.

Estas organizaciones consideran a Benhalima, nacido en 1989, un disidente que se limitó a denunciar públicamente la corrupción en el Ejército y participó en las manifestaciones pacíficas conocidas como Hirak, que durante 2019 exigían cambios profundos en el sistema político. Las autoridades españolas atribuyen a Benhalima la pertenencia al partido opositor argelino Rachad, que fue declarado “organización terrorista” por Argel el año pasado. Aunque el grupo, fundado en 2007 por exiliados argelinos en Europa, asegura ser una plataforma ideológicamente plural, se la considera cercana a postulados islamistas. De momento, no se le conoce ningún atentado o acción violenta.