La Audiencia Nacional pone en libertad a un militar peruano investigado por genocidio

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola (Málaga, 82.585 habitantes) al militar peruano Augusto Gabilondo García del Barco, de 67 años. Sobre él había abierta una orden internacional de detención y entrega realizada por las autoridades de su país por un presunto delito de genocidio, según han confirmado fuentes policiales. El hombre se había fugado de la justicia de Perú, donde tiene distintas causas abiertas. La Audiencia Nacional, a través del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ha acordado su puesta en libertad provisional sin fianza, aunque deberá comparecer cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio.

García del Barco había huido de su país. La justicia peruana había intentado comunicarse con el durante varias ocasiones pero no lo había conseguido, así que el pasado mes de abril emitió una orden de captura para su detención e ingreso en prisión preventiva durante nueve meses. Se desconocía su paradero hasta que el pasado viernes fue hallado por agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Provincial de Málaga, en Fuengirola, donde fue detenido. Según ha adelantado El Confidencial, fue localizado mientras buscaba alojamiento en la Costa del Sol. Refugio habitual de fugitivos, éstos se aprovechan del anonimato de la zona, repleta de urbanizaciones desperdigadas y residentes de todas las nacionalidades. Se le buscaba por presuntos delitos de lesa humanidad debido a su presunta implicación en el caso Huanta, donde se investiga la desaparición y homicidio de 60 personas.

Tras su detención, el peruano fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde se negó a aceptar la entrega en extradición simplificada, una posibilidad que recoge el acuerdo firmado por España y Perú. El magistrado Santiago Pedraz fijó entonces su puesta en libertad sin fianza el mismo viernes a “a la vista de las circunstancias personales, familiares y laborales concurrentes en la persona reclamada”, además de las “circunstancias y relativa gravedad de la conducta por la que es reclamado”, según el auto recogido por Europa Press.

Como medidas cautelares, el juez —cuya decisión está avalada por la Fiscalía— le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el país sin autorización previa judicial. García del Barco debe igualmente estar localizable, así como acudir cada 15 días al juzgado más cercano a su residencia mientras se resuelve el expediente de extradición. Será la justicia peruana la que deba ahora encargarse de las diligencias para llevar a cabo el proceso de extradición.

Perú reclama a García del Barco por un juicio que comenzó el pasado mes de marzo por la desaparición forzada de 69 personas en 1984, cuando era jefe de una sede militar en Ayacucho, la región que concentró la mayor violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso y las acciones de las fuerzas armadas. Una de esas víctimas fue Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República y periodista radiofónico en la provincia de Huanta (Ayacucho). En diciembre, el militar fue condenado también a 15 años de prisión por otro caso de desaparición forzada.

De los 20 años de violencia en Perú, 1983 y 1984 fueron los de mayor ferocidad en la respuesta de las Fuerzas Armadas en Ayacucho, cuando el Gobierno cedió a los militares el control del orden interno en esa región. La sentencia de diciembre contra Gabilondo, indica que en 1984 los casos de desaparición forzada se incrementaron 30% con respecto al año anterior, y cerca del 85% de estos episodios fueron reportados en Huanta, la provincia donde el uniformado prestó servicio como teniente de la Marina.

Gabilondo era jefe de destacamento de la infantería de Marina en la base contrasubversiva de las provincias de Huanta y La Mar y fue condenado en diciembre a 20 años de prisión como autor directo de la desaparición forzada en 1984 de Benito Baldeón Ninahuanca, trabajador de la oficina de reclutamiento del Ejército. Sendero Luminoso empezó sus acciones armadas contra el Estado peruano en mayo de 1980 en Ayacucho. En 20 años de la violencia hubo 69.000 muertes, de ellas, el 79% personas quechua-hablantes, según el informe final de la Comisión de la Verdad. El 29% de las víctimas fatales fueron responsabilidad de las fuerzas armadas y el 54% de la guerrilla.

“Es una alegría que haya sido capturado. En el juicio (en audiencias en línea) a los acusados no se les ve el rostro y no parece real. Ahora a esperar la extradición”, comentó a este diario Rosa Luz Pallqui, viuda del periodista Ayala. En una de las sesiones un abogado de Gabilondo dijo no conocer el paradero de su defendido.

El abogado de la familia Ayala, Juan José Quispe, informó que en el juicio en curso la Fiscalía acusa a Gabilondo de asesinato y desaparición forzada y ha pedido una pena de 25 años de prisión para el reo ausente. La viuda de Ayala tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se concrete el juicio a los responsables de la desaparición de decenas de civiles en 1984 en tres localidades de la provincia de Huanta, entre ellos su esposo, porque el caso fue archivado en el fuero común. “El juicio es por 69 desaparecidos que pudieron ser identificados hasta ese momento, pero son más”, informó por teléfono.

El periodista entró el 2 de agosto de 1984 al Estadio de Huanta, que era el cuartel de la Marina, para investigar sobre la tortura y desaparición de ciudadanos, y nunca más se supo de él. Para la próxima semana la Fiscalía tiene prevista una segunda diligencia de exhumación de restos en una fosa para buscarlo.

Según la abogada defensora de derechos humanos Gloria Cano, quien defendió a los familiares de Benito Baldeón, hasta el momento ha habido unos 20 juicios por casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por un número mayor de militares durante el período de violencia 1980-2000. El caso de Jaime Ayala y los desaparecidos en Huanta es uno de ellos.